Reformar sin recortar

El Gobierno de coalición ha decidido superar durante esta legislatura algunos dogmas de la política económica, cambiando el paradigma dominante. Afrontó la crisis de la pandemia con una política fiscal fuertemente expansiva, en lugar de la austeridad impuesta durante la década anterior. La generalización de los ERTE y las ayudas a empresas tuvieron un resultado claramente positivo: en solo año y medio se recuperó el nivel de empleo previo a la pandemia, cuando en la crisis financiera anterior nos llevó toda una década alcanzar la ocupación que teníamos en 2008.

Habrá quien piense que esta voluntad de reorientar la política presupuestaria ha sido posible gracias exclusivamente a la enmienda que la Comisión Europea se ha hecho a sí misma, desterrando la vía de los recortes en inversión y gasto público. Sin embargo, la apuesta renovadora del Gobierno de coalición no solo ayudó al cambio de rumbo de la Comisión, sino que además ha permitido ir más allá, afectando a otros ámbitos de la política económica en nuestro país.

La mejor muestra de ello seguramente sea una política laboral centrada en revertir la pérdida de derechos en la negociación colectiva, en reducir la temporalidad (en lugar de profundizar en la desregulación) y en subir el salario mínimo interprofesional (un 47% en los últimos años).

Y algo similar podemos decir que sucede hoy en el ámbito de las pensiones. El Partido Popular optó, en su reforma de 2013, por desconectar el crecimiento de las pensiones de la inflación, deteriorándolas para hacer frente así al reto de la jubilación de la generación del baby boom. Se sacrificaba con ello la suficiencia de las prestaciones en el altar de la austeridad, algo difícil de asumir en un sistema en el que el 56% de las pensiones no alcanzan los 1.000 euros al mes.

En contraposición con aquella reforma, el Gobierno de coalición ha tomado una decisión diametralmente opuesta: para fortalecer los derechos de los pensionistas, asegurar las prestaciones futuras y reconciliar suficiencia social y sostenibilidad financiera, se reforzarán los ingresos de la Seguridad Social durante las próximas décadas.

La mayor parte de estos nuevos ingresos vendrá de las cotizaciones empresariales, haciendo que esta reforma tenga un fuerte carácter redistributivo. En concreto, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional —una cotización finalista para crear un “colchón” de reserva— se duplicará, pasando de los 0,6 puntos actuales a 1,2 en el próximo lustro. Además, se destopará la cotización de las bases máximas, de forma que las empresas coticen más por los salarios que superen los 4.500 euros mensuales (en este momento todos los salarios por encima de ese umbral cotizan igual, sea cual sea su valor). Se establecerá asimismo una cuota de solidaridad (que crecerá hasta el 6% en 2045), para reforzar la cotización de los ingresos más altos. España tiene margen para adoptar estas medidas: hoy nuestra base máxima de cotización se sitúa un 25% por debajo de la media de nuestros socios europeos.

Esta mejora de los ingresos presentes y futuros no solo permitirá que el sistema público de pensiones afronte con más garantías la jubilación de los baby boomers. También servirá para asegurar la capacidad adquisitiva de las pensiones y para reforzar nuevos derechos: un compromiso de que las pensiones mínimas alcancen en el corto plazo el 60% de la renta mediana, y una mayor facilidad para que las mujeres completen las lagunas existentes en sus cotizaciones —hasta un total de siete años—, con el objetivo de reducir la brecha de género del sistema.

La reforma recientemente acordada entre los socios de coalición, y suscrita por las organizaciones sindicales, permitirá además la convivencia durante dos décadas de un régimen dual en el periodo de cómputo utilizado para el cálculo de la pensión, evitando así hacer un fetiche de esta cuestión. A millones de trabajadores les beneficia el modelo de cómputo actual (que tiene en cuenta los últimos 25 años), mientras que a otros muchos —aquellos más jóvenes, que han tenido y tendrán vidas laborales más erráticas— les favorecerá más el nuevo modelo alternativo (de 29 años, descartando los 2 peores). La posibilidad de elegir entre ambos sistemas reforzará los derechos para la mayoría de los trabajadores.

Esta reforma de pensiones supondrá, en definitiva, una importante redistribución de ingresos desde las rentas del capital hacia las rentas del trabajo, en la medida en que las empresas aportarán más al sistema de pensiones, especialmente por los salarios más altos. No se debe olvidar que las cotizaciones sociales pagadas por las empresas son una suerte de “salario diferido”, que genera tanto derechos futuros de pensión como una mejor financiación presente del sistema.

El Gobierno de coalición ha decidido reorientar la hoja de ruta que durante años ha seguido la política económica en nuestro país. Lo ha hecho en materia presupuestaria, en política laboral y ahora también en el ámbito de las pensiones. Es un golpe de timón que nos debería permitir llegar a un nuevo puerto, con más equidad y más derechos sociales.

Nacho Álvarez es secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España y secretario de Economía de Podemos.

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