La justicia europea concluye que los propietarios de coches afectados por el ‘dieselgate’ tienen derecho a ser indemnizados

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció este martes el derecho de los afectados por el escándalo del dieselgate a cobrar una indemnización. El tribunal se pronuncia sobre un caso en el que estaba involucrado el fabricante de coches Mercedes-Benz Group, quien tendrá que resarcir a uno de sus clientes por haber instalado en su vehículo un dispositivo que manipula los datos de emisiones contaminantes.

El escándalo dieselgate estalló en 2015, cuando se hizo público que el grupo Volkswagen había instalado un software que distorsionaba los niveles de emisiones de sus automóviles diésel. En este caso, la sentencia afecta a Mercedes, que ha incurrido en la misma práctica. La sentencia acusa al fabricante germano de “equipar el vehículo [...] con un programa informático que reduce la tasa de recirculación de los gases de escape cuando las temperaturas exteriores se sitúan por debajo de un determinado umbral”. Según la justicia europea, este mecanismo está prohibido por el Reglamento 715/2007, sobre la homologación de vehículos.

En la sentencia se resuelve que la normativa europea protege, además de los intereses generales, los intereses particulares de los ciudadanos que han adquirido vehículos con “un dispositivo de desactivación prohibido”, y en consecuencia, concluye que los Estados miembros deberán velar por que el comprador del vehículo “goce de un derecho a ser indemnizado por el fabricante de este”.

En este proceso, el demandante había presentado una reclamación ante un tribunal alemán en Ravensburg y este, a su vez, acudió al TJUE para que se dirimiera si el afectado tenía o no derecho a reclamar. Finalmente, este martes la audiencia ha admitido que la queja del comprador es lícita y ha respaldado su derecho a recibir una indemnización. La cuantía que los fabricantes de coches tendrán que abonar queda en manos de cada uno de los países miembros, pero el tribunal de Luxemburgo advierte que las normativas nacionales no podrán “imposibilitar o dificultar excesivamente” la obtención de pagos de desagravio a los compradores. En la misma línea, también recomienda que las sanciones sean proporcionadas y no redunden “en el enriquecimiento injusto” de los beneficiarios.

Trampas en las emisiones

El dieselgate comenzó con irregularidades observadas en algunos modelos de la marca Volkswagen. El fabricante alemán llegó a reconocer que el dispositivo estaba implantado en hasta 11 millones de vehículos, que además pertenecían a otras marcas del grupo como Audi, Seat, Porsche y Skoda. En 2016 el fabricante de coches tuvo que pagar más de 15.000 millones de dólares en EE UU para compensar a los clientes y en 2018 la fiscalía alemana le impuso otra sanción de 1.000 millones y una compensación a sus inversores de 9.000 millones por las pérdidas que causó el escándalo.

En España la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también interpuso una demanda contra Volkswagen, de la que resultó una sentencia condenatoria que otorgaba indemnizaciones de hasta 3.000 euros a cada usuario afectado. Las multas tuvieron un coste total de más de 16 millones de euros para el fabricante de automóviles.

Renault y Peugeot también fueron imputadas por la justicia francesa en 2021 por emplear programas que encubren los niveles reales de emisiones. En ese momento, el grupo Stellantis, que reúne marcas como Peugeot, Fiat, Citroën, Maserati, Alfa Romeo, Opel, Jeep o Chrysler, tuvo depositar una fianza de 10 millones de euros, de los cuales, ocho estaban destinados al pago de daños y multas.

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