Contra la deshumanización bancaria

La repentina crisis del banco estadounidense Silicon Valley Bank (SVB) es un reflejo de las muchas deficiencias que padece el sistema financiero internacional. En esta ocasión la causa de fondo se encuentra en la temeraria desregulación financiera, que había propugnado y conseguido el propio banco, y la abrupta subida de los tipos de interés.

La enseñanza principal es que la regulación siempre llega tarde y se queda corta. Gobiernos y supervisores deben tomar medidas para proteger efectivamente a ciudadanos y empresas que son siempre los mayores perjudicados.

En España uno de los desafíos más serios en el ámbito financiero es la exclusión que padecen 1,3 millones de personas vulnerables. La falta de acceso a los servicios financieros básicos, en particular al efectivo, que conduce a la exclusión de los más frágiles, ha sido analizado con rigor por Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho del Mercado Financiero, en la Universidad Carlos III, en el documentado informe Exclusión Financiera: actuaciones y propuestas.

La exclusión financiera se ha acelerado por la creciente digitalización y la reducción de oficinas de entidades de crédito, que han pasado de 46.065 en 2008 a 19.243 en 2021. Según el estudio “en España hay un problema incipiente de exclusión financiera, que es un factor que contribuye a la exclusión social”. El problema se centra en el acceso a la cuenta corriente y al efectivo como derechos básicos.

El trabajo, que ha recogido la opinión de las autoridades, supervisores, asociaciones de consumidores y de las entidades financieras, es propositivo y plantea numerosas recomendaciones. El profesor Zunzunegui recuerda que “el derecho comunitario a la cuenta de pagos básica carece de efectividad por la desatención de las entidades consentida por el Banco de España”. Considera que el plan del Gobierno es un primer paso en la buena dirección “pero es insuficiente para garantizar la inclusión financiera”.

El estudio subraya que para las personas mayores resulta extraño y arriesgado operar con dispositivos digitales. Afirma que “el acceso digital no equivale a inclusión financiera”. Insiste en que “la digitalización entraña un riesgo de exclusión financiera”. Y concluye que “el efectivo es un bien público que debe ser preservado”.

La propuesta en la que coinciden las asociaciones de consumidores es que el acceso a los servicios bancarios “debe garantizarse por ley” y “no mediante protocolos voluntarios”. El estudio incluye útiles recomendaciones como utilizar la estructura de Correos (con más de 8.300 puntos de atención en toda España), obligar a la entidades a realizar un estudio de impacto antes del cierre de sucursales, y aprovechar el debate del anteproyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para incluir de forma expresa el mandato de velar por la inclusión financiera.

En definitiva un trabajo serio que debería servir de base para detener el proceso de deshumanización en que está instalada la banca con la eliminación del trato personal a sus clientes.

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