La amargura de la exitosa ‘sentencia Aziz’

Mañana 14 de marzo se cumplen diez años de la sentencia Aziz, una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (TJUE) que inició la mejora de los derechos de los hipotecados. La decisión puso al descubierto el carácter antisocial de un sistema judicial, diseñado según los intereses de los bancos, que permitía iniciar las ejecuciones hipotecaria por un solo incumplimiento mensual.

Esta norma, vigente hasta 2013, permitía al banco exigir al deudor, que no había pagado un mes, la devolución de toda la deuda pendiente, (el llamado vencimiento anticipado). Esta draconiana disposición había provocado más de 350.000 desahucios y el malestar judicial contra una legislación que parecía intocable.

El maleficio fue roto por el ingenio del abogado Dionisio Moreno que planteó acudir a la justicia europea. Tuvo la fortuna de que el asunto cayera en manos del magistrado José María Fernández Seijo, buen conocedor del derecho europeo. En 2000, había conseguido la primera sentencia del TJUE que facultó a los jueces actuar de oficio, en defensa de los consumidores. Es decir, aunque no lo pidieran.

La sentencia Aziz descalificó el sistema procesal español por la indefensión de los hipotecados. La reprimenda europea que sufrió España se hubiera evitado si el Tribunal Constitucional no hubiera menospreciado en 2011 el recurso planteado el magistrado Guillem Soler, sobre la misma materia.

El fallo paralizó miles de desahucios y obligó a reformar la legislación. Al mismo tiempo abrió la puerta a una avalancha de preguntas al tribunal europeo por las abundantes cláusulas abusivas de las hipotecas. Fueron los casos de las cláusulas suelo, intereses abusivos, gastos e IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios), que el próximo 16 se celebra una nueva vista. La doctrina europea ha permitido a los jueces españoles dictar más 400.000 condenas a la banca.

La situación de los hipotecados mejoró sustancialmente con la ley 5/ 2019 reguladora del crédito inmobiliario, transposición tardía de la directiva europea de 2014. Ahora como mínimo se requieren 12 incumplimientos para iniciar una ejecución. Los avances han sido frenados por el Tribunal Supremo cuya interpretación de las resoluciones del TJUE han supuesto siempre un alivio para la banca.

A pesar de los cambios jurídicos que han beneficiado a miles de familias, los tribunales no le devolvieron la casa a Mohamed Aziz, que tras su expulsión 2011 quedó vacía. Los recursos del abogado Dionisio Moreno no prosperaron. El Tribunal Supremo lo rechazó en 2020 con un simple auto de siete folios, tras cinco años de silencio. El caso está pendiente del Tribunal Constitucional.

Las sucesivas normas protectoras no han impedido que las ejecuciones hipotecarias sean un problema grave. En 2022, se ejecutaron 11.556 viviendas habituales, según el Instituto Nacional de Estadística. Un nivel que dobla las de 2019, (5.177), año de suspensión de juicios pendientes del TJUE. En cualquier caso representan un tercio que en 2013, (32.290). Como dice el magistrado Fernández Seijo, la jurisprudencia que desarrolló el caso Aziz “me deja un regusto amargo”.

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