El juez del ‘caso Villarejo’ archiva la investigación sobre Mutua Madrileña

La Audiencia Nacional ha dado carpetazo a la investigación del caso Villarejo centrada en Mutua Madrileña. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado instructor Manuel García-Castellón ha acordado el archivo de estas pesquisas tras concluir que no llegó a ejecutarse el presunto proyecto de espionaje encargado por la aseguradora al comisario José Manuel Villarejo, y a que el supuesto delito de cohecho habría prescrito. Esta decisión se produce después de que el ministerio público haya renunciado a presentar acusación en esta parte de la causa, donde el juez llegó a proponer sentar en el banquillo a Villarejo; a su socio Rafael Redondo; y a Benjamín García Cañón, antiguo director de seguridad de la compañía.

En esta parte de la investigación se indagaban los Proyectos Lump y Autum, impulsados respectivamente en 2009 y 2012, y que tenían como objetivo a José María Ramírez Pomatta, que había ejercido como presidente de Mutua Madrileña hasta mayo de 2008. Según expone García-Castellón en su auto de archivo, avanzado por Abc y al que tuvo acceso EL PAÍS, el primero de los encargos a Villarejo se hizo con “la finalidad de hacer frente a posibles actuaciones” que Pomatta puediera emprender contra la compañía tras su salida de la misma. El segundo consistió, por su parte, en un “informe de solvencia patrimonial” del exdirectivo.

Sin embargo, Anticorrupción y el juez concluyen que no se han encontrado pruebas de que Lump se ejecutase. Tan solo consta la elaboración de unos informes “preliminares”, que prevén que se debía pagar a Villarejo hasta 375.000 euros y que cuentan con “contenidos procedentes de fuentes abiertas”. “De lo actuado no se desprende la aceptación del proyecto, ni ningún pago por parte de Mutua Madrileña o sus directivos”, escribe el magistrado, que descarta el delito de revelación de secretos, antes de añadir que el intento de cohecho habría prescrito.

Sobre el Proyecto Autum, por el que la compañía pagó al menos 18.880 euros a la trama empresarial de Villarejo (Grupo Cenyt), el magistrado explica que no han hallado posibles hechos delictivos: “Ni en su encargo, ni en su ejecución, ni en su pago”. “Dado que es un informe confeccionado con datos obrantes en registros y fuentes de acceso público. Tampoco se da ninguna suerte de falsedad documental en la confección de las facturas, toda vez que su concepto obedece a su objeto”, apunta en la resolución de archivo, fechada este 6 de marzo.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal