El Santander advierte de los riesgos de la polarización política en Brasil para su negocio

Los inversores internacionales escrutan con atención los primeros movimientos del nuevo Gobierno brasileño y los riesgos políticos del país. Si hace dos semanas era Telefónica la que advertía de que los problemas de inestabilidad se podían ver “exacerbados” tras la victoria de Lula da Silva en las urnas, ahora es el otro gran inversor español en el país, el Banco Santander, el que lanza un mensaje similar. Por un lado, avisa de la incertidumbre acerca de las políticas del nuevo Gobierno. Por otro, subraya que la propia polarización política y los riesgos para la democracia pueden afectar al banco negativamente.

Como en el caso de Telefónica, las advertencias llegan en el informe anual registrado por su filial en el país, Banco Santander Brasil, ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC). Para el conjunto del grupo Santander, 2023 se presenta como un ejercicio algo más complejo que el pasado año, en el que se anotó unos beneficios históricos. Y una de las preocupaciones es Brasil, una de sus grandes fuentes de ganancias: “La inestabilidad política en Brasil puede afectar negativamente a la economía brasileña y a los niveles de inversión, así como tener un efecto material adverso sobre nosotros”, asegura la filial brasileña al supervisor estadounidense.

Lo más novedoso en este informe anual frente a los de años anteriores es la advertencia sobre la polarización política y los riesgos para la democracia, que llega poco después del asalto a las instituciones del Gobierno federal en Brasilia del pasado 8 de enero. “El resultado de las elecciones presidenciales ha sido cuestionado desde su conclusión y se ha mantenido una polarización en el entorno político brasileño que puede socavar el marco institucional del país. Cualquier amenaza potencial al sistema democrático puede resultar en el deterioro del entorno político en Brasil, lo que podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera y resultados de las operaciones, así como en el precio de nuestros valores”, advierte la entidad.

La advertencia sobre el riesgo político es habitual en el informe anual de Banco Santander Brasil. El país celebró elecciones el pasado octubre, unos comicios en los que Lula de Silva se impuso al que era presidente, Jair Bolsonaro. El nuevo mandato se alargará durante cuatro años. En esta ocasión se añaden tres advertencias en que se menciona específicamente al Gobierno de Lula da Silva que acaba de tomar posesión: “Las políticas de la nueva administración recién inaugurada puede contribuir a la inestabilidad económica en Brasil y aumentar la volatilidad de los valores emitidos en el extranjero por empresas brasileñas, incluidos nuestros valores”.

En la anterior etapa de Lula da Silva como presidente de Brasil, el Banco Santander ya operaba en el país y entonces no supuso un revés para la entidad. De hecho, el anterior presidente del Santander, Emilio Botín, mantenía muy buena relación con Lula. La filial brasileña del banco también subraya que Lula tendrá una capacidad limitada para implementar su agenda, ya que necesitará del apoyo de partidos de la oposición para sacar las nuevas iniciativas adelante en materias de política monetaria, fiscal y de seguridad social. “El clima político establecido después de las elecciones, con manifestaciones masivas o huelgas, pueden contribuir a la inestabilidad económica”, añade en el texto.

Por otro lado, la filial del Santander en México ha enumerado también a la SEC sus propios factores de riesgo, entre los que destacan tres: el parón de la actividad, el contexto político y la volatilidad del tipo de cambio del peso. “Una coyuntura económica adversa en México podría afectarnos negativamente. Las decisiones políticas en México podrían tener un efecto material adverso para nosotros. La volatilidad de los tipos de cambio del peso y de los tipos de interés en México podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio”, resume la entidad.

Y la matriz, en su propio informe anual ante la SEC, resume ambos riesgos y añade a Argentina: “La inestabilidad fiscal y las tensiones políticas en Brasil y México, y la volatilidad financiera en Argentina podrían tener un impacto negativo en la economía de estos países y podrían tener un efecto material adverso para nosotros”, señala.

Discrepancias por unos créditos fiscales

El banco que preside Ana Botín, que este martes celebró su Investor Day en Londres, también remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el informe anual del ejercicio 2022. En ese prolijo documento se incluye una referencia a los créditos fiscales, entre los que existe una discrepancia con Hacienda por casi 1.000 millones que el grupo financiero intentó convertir en 2017 (procedentes del Banco Popular) y que Hacienda rechazó. Una disputa que se alarga desde entonces.

“Banco Popular Español consideró que se habían convertido en crédito exigible frente a la Administración parte de sus activos monetizables en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2017 por darse, al cierre de ese ejercicio, las circunstancias que determinaban dicha conversión por importe de 995 millones de euros. La Administración Tributaria española, si bien confirmó su condición de monetizable, consideró que al cierre de 2017 no se daban las condiciones para su conversión [a cierre de ese año el Popular ya había sido absorbido por el Santander], sin perjuicio de que esta tenga lugar en ejercicios futuros. Este criterio administrativo está siendo discutido en los tribunales”, explica la entidad en el documento.

Según fuentes del banco, no hay disputa por la naturaleza del activo, que se ha reconocido. El problema reside en qué momento se puede utilizar. En 2017, el Popular estaba en pérdidas, por lo que se podía apuntar la conversión de estos 995 millones. Sin embargo, antes de acabar ese ejercicio, al incorporarse al Grupo Santander, ya no había tales pérdidas. La cuestión, a efectos prácticos, no tendrá un impacto en la caja más allá de los intereses de demora que se pudieran imputar. “Hacienda lo que haría es incorporarlo en el 2017 y restarlo de los activos monetizables que acumula el banco”, explican estas fuentes.

En el ejercicio pasado, el Santander ya reclamó a Hacienda la conversión de otros 642 millones de euros por créditos fiscales para compensar pagos futuros, una cuantía que deriva de las pérdidas cosechadas en 2020. La normativa fiscal española permite que las entidades financieras se anoten contablemente las pérdidas registradas en años anteriores que no pudieron deducirse y las incluyan en el balance como activos fiscales diferidos (DTA, acrónimo de defferred tax assets, en inglés). En realidad, se trata de derechos de cobro frente a la Administración, que los bancos se van deduciendo en los ejercicios siguientes en su factura fiscal.

En el informe anual registrado ante la SEC, el banco confirma que dotó 225 millones el 1 de enero por el nuevo impuesto extraordinario a la banca.

Sobre litigios, en el informe remitido a la CNMV aparece el que hace referencia al contencioso abierto con Andrea Orcel por su fichaje frustrado. Acerca de esta cuestión, en el documento se explica que la entidad ha presentado ante la Audiencia Nacional “un escrito solicitando un complemento de la sentencia por entender que no se ha pronunciado sobre algunas alegaciones sustanciales formuladas en el recurso de apelación”.

Por otro lado, la Financiera El Corte Inglés, de la que el Santander posee un 51%, ganó el año pasado 58 millones en España y 1 millón de euros la filial portuguesa, por lo que se ha embolsado el mismo montante que el ejercicio anterior.

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