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Garamendi regulariza su situación laboral como presidente de la CEOE

El jefe de la patronal pasa de tener un contrato como autónomo a uno de alto directivo por casi 400.000 euros

Garamendi CEOE
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, atiende a periodistas en un acto en Madrid el pasado 31 de enero.A. Pérez Meca (Europa Press)

El pasado mes de noviembre Antonio Garamendi ganó las elecciones de la CEOE e inició su segundo mandato al frente de la patronal española. Una de las primeras cuestiones que ha llevado ante la junta directiva de la entidad ha sido modificar su relación contractual para pasar de cobrar y cotizar como autónomo a hacerlo como alto directivo con un sueldo próximo a los 400.000 euros al año, según explican media docena de fuentes de la organización empresarial y confirman oficialmente en Diego de León, sede de la patronal española. El aumento supone una mejora del 9% respecto al salario de hace cuatro años, similar a la aplicada al resto de la plantilla de la organización.

En sus primeros cuatro años como jefe de los empresarios españoles mantenía una remuneración como presidente, pero a través de un contrato mercantil que situaba al ejecutivo vasco como trabajador en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA). En este régimen de la Seguridad Social están inscritas las personas que realicen de forma habitual una actividad económica siempre que su desempeño no esté sujeto a contrato de trabajo por ninguna empresa. A pesar de que Garamendi preside la CEOE, una organización con ingresos cercanos a los 13 millones de euros y 103 trabajadores, no ha tenido vinculación laboral hasta ahora. Fuentes oficiales de la patronal precisan que el cambio laboral aún está en marcha y todavía no se ha aprobado definitivamente. El Ejecutivo vasco sigue cobrando, por tanto, dietas y factura en concepto de gastos de representación con una retención en el IRPF del 35%.

Los estatutos de la CEOE explican en su artículo 18, sobre la regulación de la figura del presidente, que “podrá tener, o no, retribución, y en caso de tenerla deberá ser aprobada por la junta directiva y publicada en las cuentas anuales auditadas”. La memoria de las cuentas de la organización empresarial correspondiente a 2021, la última publicada, no recoge ninguna mención a la retribución del presidente. Sí que incluye una referencia al secretario general. Y sobre los cargos directivos se limita a especificar: “La remuneración total devengada en el ejercicio 2021 por los miembros de la junta y cargos directivos de la organización, tal y como se definen en sus estatutos, ascendió a un importe de 601.000 euros correspondiente a sueldos, dietas y otras remuneraciones (597.000 euros a 31 de diciembre de 2020)”. Y añade: “Durante 2021 la organización ha realizado aportaciones en concepto de fondos o planes de pensiones a favor de actuales miembros de la junta y cargos directivos por importe de 35.000 euros”.

El comité directivo está formado por un presidente, Garamendi, 11 vicepresidentes y un secretario general. Además, cuenta con dos comisiones de carácter estatutario: la de régimen interno y la comisión de Control Presupuestario y Financiero. La patronal se gastó 6.796.000 euros en sueldos y salarios y asimilados para sus 103 trabajadores durante 2021, un 9% más que el ejercicio precedente. En esta partida no está recogido el sueldo del presidente porque tiene un contrato mercantil como autónomo y emite facturas a la patronal que él preside. Fuentes de la organización llaman la atención del epígrafe de “asesoramiento” en las cuentas anuales, que creció un 62% en el último año al pasar de 592.000 euros a 947.000 euros en 2021.

Un relevante miembro de la patronal asemeja la situación de Garamendi con la de un falso autónomo, que le permite facturar y cotizar menos. Fuentes jurídicas, especializadas en derecho laboral, explican, sin embargo, que existen diferencias: “Un falso autónomo no tiene poder de decisión, las decisiones las adopta un órgano superior, no tiene medios en la empresa y no tiene un lugar de trabajo fijo”. El mismo letrado admite que la situación de Antonio Garamendi es anómala e incluso podría ser supuestamente irregular porque no ha cotizado todo lo que debía a la Seguridad Social. “En realidad va en perjuicio de él, porque ha cotizado menos”, detalla. Y remarca: “Él no puede alegar que desconocía su situación”.

Varias fuentes internas de CEOE explican que fue en la junta directiva celebrada hace tres semanas cuando se planteó el asunto. El órgano de gobierno de la entidad decidió regularizar esa situación para que quedara vinculado como asimilado al régimen general de la Seguridad Social, como la mayoría de los altos directivos. “Se decidió que la Comisión de Control Presupuestario determinara la forma y cuantía de la retribución del presidente”, explica un miembro de la organización. Alejandra Kindelan, vicepresidenta de la organización en representación de la banca y presidenta de la citada comisión fue la encargada de proponer el cambio. Lorenzo Amor (ATA), vicepresidente en representación de los autónomos, también forma parte de la misma comisión de control económico. Según algunos de los presentes se esgrimió un informe jurídico que aconsejaba que el presidente pasara a tener un contrato de alta dirección. “Es un presidente ejecutivo que toma decisiones en la organización y, por lo tanto, requiere de un contrato de alta dirección”, explican fuentes de la patronal. En su nueva situación, Garamendi, según varias fuentes, pasará de cobrar 350.000 euros en dietas y facturas por gastos de representación a cerca de 400.000 euros incluyendo retenciones y contribuciones a la Seguridad Social.

Sin derecho a paro

Fuentes oficiales de la patronal explican que cada año la comisión de Presupuestos decide sobre la retribución del presidente. Durante estos años se le ha ido subiendo el sueldo en la misma medida que al resto de la plantilla. “Estaba en el régimen especial de trabajadores autónomos y a la vista de que tiene un papel ejecutivo se adaptan las cosas a la naturaleza del desempeño. Lo más razonable es que sea asimilado al régimen general de la Seguridad Social, que no tiene derecho ni a paro ni al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)”, explican fuentes oficiales de la patronal.

Los miembros de la junta conocieron la propuesta del cambio de régimen laboral y de salario el mismo día, ya que no constaba en el orden del día de la junta. Fuentes presentes en la reunión explican que las razones de la modificación del contrato se encuentran en la necesidad de regularizar las prestaciones de la Seguridad Social y que la propuesta de la dirección llegaba respaldada por una consulta jurídica.

Garamendi, máximo responsable de las negociaciones sobre reforma laboral, salario mínimo interprofesional o negociación colectiva por parte de la patronal española, normalizó su situación contractual a la vez que se le aplicaba un fuerte aumento salarial para situar su salario bruto en cerca de 400.000 euros, pero tras restar impuestos y cotizaciones cobrará algo parecido a lo del año pasado.

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