Europa se sitúa a la vanguardia mundial en materia de equidad fiscal
El impuesto mínimo del 15% se aplicará a las grandes empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros, lo que afectará a unas 8.000 multinacionales
Con la adopción la semana pasada de la directiva que establece un tipo impositivo mínimo efectivo para las multinacionales, la Unión Europea (UE) se sitúa a la vanguardia de los esfuerzos por aplicar el acuerdo sin precedentes de la OCDE alcanzado en 2021 por 137 países. Ese acuerdo exigió decisiones difíciles —y, estoy convencido, inteligentes— para muchos gobiernos. Fue un triunfo del multilateralismo, en el que la Unión Europea y sus Estados miembros desempeñaron un papel destacado.
Decidida a mantener el impulso, a los pocos días de concluir el acuerdo hace un año, la Comisión Europea presentó su propuesta de directiva para aplicarlo de forma coherente y jurídicamente sólida en toda la UE. Sin embargo, todavía nos quedaba un largo camino por recorrer, con retos a cada paso. Así que la adopción formal de la directiva es un gran éxito, para el que tanto la presidencia francesa como la checa del Consejo de la UE, apoyadas por la Comisión, han trabajado enormemente.
Al final, la unidad ha prevalecido sobre la división, en beneficio de todos los Estados miembros y de todos los europeos. Socios importantes como el Reino Unido, Corea del Sur y Suiza han presentado proyectos legislativos, pero nuestra Unión es la primera parte del mundo que aprueba un marco jurídico de aplicación que allana el camino para su entrada en vigor de manera coordinada en todos los países de la UE.
La legislación tendrá efectos tangibles. El impuesto mínimo del 15% se aplicará a las grandes empresas multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros, lo que afectará a unas 8.000 multinacionales en todo el mundo, de las que aproximadamente una cuarta parte se encuentra en la Unión. Con este sistema coordinado de tributación, todas estas multinacionales tendrán que pagar la parte que les corresponde, independientemente de dónde estén establecidas u operen. Según las nuevas normas, se aplicará un “impuesto complementario” sobre los beneficios en cualquier jurisdicción, siempre que el tipo impositivo efectivo sea inferior al mínimo del 15%.
Se trata de un paso crucial hacia la equidad fiscal y la justicia social. La OCDE calcula que las prácticas de erosión de la base imponible y desplazamiento de beneficios cuestan a los países el equivalente, cada año, a una suma que se sitúa entre el 4% y el 10% de los ingresos mundiales del impuesto de sociedades; y estima que la imposición mínima mundial generará unos 260.000 millones de euros anuales de ingresos fiscales adicionales. Esto significa que finalmente no solo estamos deteniendo la carrera a la baja sino que, además, estamos abordando eficazmente el problema de los paraísos fiscales que privan tanto a las economías en desarrollo como a las desarrolladas de los ingresos necesarios para atender las necesidades más acuciantes de sus ciudadanos.
Hay que poner término a la competencia fiscal perniciosa y a la planificación fiscal agresiva y hay que hacerlo tanto dentro de Europa como a escala mundial. Así que seguiremos trabajando con nuestros socios internacionales para aplicar plenamente el acuerdo internacional de la OCDE que, además, descansa sobre otro importantísimo pilar cuyo objetivo es lograr una distribución más justa de los derechos fiscales entre los países. Las empresas mundiales deben pagar impuestos donde obtienen sus beneficios y no solo donde tienen su sede.
Comenzamos este año 2022 bajo la sombra de la pandemia y estamos llegando a su fin bajo la sombra de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Ha sido un año en el que hemos demostrado una vez más que, por muy adversas que sean las circunstancias, la Unión Europea es capaz de actuar con decisión; y es esta última acción en favor de la equidad fiscal la que va a ayudar a todos los gobiernos a obtener los ingresos necesarios para afrontar adecuadamente las consecuencias sociales de la crisis. Es una prueba de nuestro compromiso para hacer frente a las injusticias que caracterizan al sistema económico mundial. Debemos seguir cumpliendo ese compromiso en 2023.
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