España, en el podio de países de la OCDE con mayor alza de la presión fiscal en una década

España es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más ha crecido la presión fiscal en la última década, solo por detrás de Eslovaquia y Corea del Sur. Entre 2010 y 2021, este indicador —que mide el peso de impuestos y cotizaciones sociales sobre la economía— ha avanzado 7,1 puntos hasta alcanzar el 38,4% del PIB. El repunte ha sido muy notable también entre 2020, marcado por la pandemia, y 2021, caracterizado por una fuerte recuperación: España fue el sexto país del club donde la ratio de impuestos sobre el PIB más avanzó en este corto periodo, en más de un punto y medio, tres veces por encima que la media de la OCDE.

El repunte ha sido particularmente intenso en España, pero la tendencia es generalizada. La presión fiscal ha crecido en la mayoría de los países de la OCDE tanto en los últimos diez años —del 31,5% del PIB al 34,1%— como entre 2020 y 2021 —0,6 puntos—. En este último caso, los aumentos más marcados se han dado en Noruega (3,4 puntos) y en Chile (2,8). Así lo desglosa el informe Revenue Statistics 2022, que el organismo publica este miércoles.

Pese a estas subidas, la instantánea global se mantiene y España sigue alejada de la presión fiscal de las principales economías europeas. Dinamarca continúa registrando la ratio más elevada, del 46,9% del PIB en 2021, seguida por Francia (45,1%). Otros cinco países, todos del entorno, tienen un indicador superior al 40%: Austria, Bélgica, Finlandia, Italia y Suecia. En el otro extremo se encuentra México, con un 16,7%, seguido por Colombia (18,8%) y Chile (19,4%).

La organización multilateral matiza que las subidas de la presión fiscal no se deben necesariamente a alzas de impuestos. Pueden producirse porque el PIB crece por debajo de la recaudación. Viceversa, si la economía avanza a un ritmo superior a los ingresos por impuestos y cotizaciones, la presión fiscal se reduce sin necesidad de cambios tributarios. De hecho, la mayor caída de la presión fiscal a lo largo de la última década se ha dado en Irlanda, pero este resultado se explica más bien por el espectacular incremento del PIB en 2015 que ha diluido el peso de los ingresos públicos sobre el total de la actividad.

En España, el aumento más repentino de la presión fiscal se ha registrado entre 2019 y 2021, con una subida de casi cuatro puntos. El avance ha reducido a la mitad la brecha existente con la media de la eurozona y ha colocado a España cuatro puntos por encima de la ratio media de la OCDE. Los analistas no lo achacan tanto a las subidas de impuestos que se han aprobado en este periodo, que han tenido escaso impacto recaudatorio, sino al efecto de la inflación, que empezó a repuntar ya el año pasado, y al afloramiento de la economía sumergida durante la pandemia, ya que era necesaria una actividad regular para acceder a las ayudas públicas.

El mix tributario también se ha mantenido bastante estable en el tiempo. Las cotizaciones sociales y el impuesto sobre la renta suponen la mitad de los ingresos de los miembros de la OCDE; el IVA representa otro 20%, el impuesto de sociedades un 9% y los gravámenes sobre la propiedad algo menos del 6%. Sí hay importantes diferencias en función del país, también porque se comparan países en desarrollo con mercados maduros y modelos económicos distintos. En España, las cotizaciones sociales tienen un peso superior a la media, así como los gravámenes a la propiedad, mientras que la recaudación por sociedades e IVA es inferior a la media.

Distorsiones en el IVA

La OCDE alerta sobre las distorsiones que pueden causar los tipos reducidos —y las exenciones— en la imposición indirecta, en particular en el IVA. El organismo subraya que la mayoría de los países del club contemplan tipos reducidos en el impuesto sobre el valor añadido para una “amplia gama de bienes y servicios”, que suelen “perseguir diversos objetivos políticos”. Entre ellos, mejorar la equidad, gravando menos los productos de primera necesidad, como agua, alimentos, servicios de salud o educación. También se usan para estimular el consumo de “bienes de mérito”, como los culturales, promover determinadas actividades, como el turismo en España (cuenta con un IVA reducido del 10%), o abordar externalidades ambientales.

“Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que las exenciones y las tasas de IVA reducidas no son la manera más efectiva de lograr esos objetivos e incluso pueden ser regresivos”, alerta la organización en el informe Consumption Tax Trends 2022, que también publica este miércoles y en el que destaca como los impuestos especiales sobre bienes determinados han perdido mucho peso en las últimas décadas a favor del IVA. “Otras medidas, como brindar apoyo específico a través del impuesto sobre la renta y/o las transferencias y beneficios, tienden a ser más efectivos para abordar la equidad y perseguir políticas distinta al aumento de los ingresos fiscales”, añade.

Eso se debe a que los hogares más ricos tienden obtener un beneficio mayor en términos absolutos de los tipos reducidos del IVA que los hogares de bajos ingresos, porque consumen más. Este efecto también se produce con los tipos de IVA reducidos utilizados para “estimular el empleo (por ejemplo, en los sectores del turismo o la hostelería), o para apoyar actividades culturales (por ejemplo, teatro) o perseguir otros objetivos no distributivos”.

En un reciente informe sobre las medidas contra la inflación puestas en marchas por muchos países, España incluida, la OCDE alertó sobre este efecto. Recomendó huir de las rebajas fiscales generalizadas que se están produciendo sobre todo en la energía y privilegiar las iniciativas enfocadas en los hogares más humildes. El organismo avisó que subvencionar los precios de gas y electricidad sin diferenciar por renta beneficia más a quienes más consumen, supone una carga para las cuentas públicas y va en contra de la transición verde, porque no desincentiva el consumo energético.