¡Ejecuten los presupuestos!

A presupuesto mayor, más dificultad de ejecución. Las previsiones inversoras en la actual era de expansión fiscal (absoluta o relativa) ponen a prueba las costuras de las administraciones para emplear los recursos previstos.

A los viejos interrogantes sobre su agilidad se suman los derivados de los cuellos de botella ocasionados por el aumento de la exigencia social de controles contra la mala gestión o el despilfarro.

La inversión española de fondos estructurales europeos ha sido eficaz. Y de arranque lento. La de los fondos SURE, inmediata. La de los Next Generation, iremos viendo. Pero la ejecución inversora de los fondos internos, muy mejorable.

Ejemplo, Cataluña. En el recentísimo presupuesto del Estado para 2023, se igualaba con Andalucía en porcentaje de inversiones regionalizables, el 17,2% del total. Como va de repe, el Ejecutivo madrileño (al que se consignó algo más de la mitad, el 9,7%) clamó contra el “castigo”, “desprecio” y “discriminación” del Gobierno hacia las autonomías desafectas.

Quizá olvidaba que a similar PIB (ambas en torno al 19% del total español), su población es inferior en un millón de habitantes. Y que, además, goza de un trato preferente por artificio de capitalidad.

Simultáneamente el Govern protestaba porque el porcentaje a recibir fuese inferior al consignado en el Estatut (el equivalente al PIB), aunque esa recomendación no sea ya obligatoria. Y además en Cataluña se armó la de San Quintín al conocerse que la ejecución de las inversiones en su perímetro durante el primer semestre de 2022 había sido solo del 15,7% sobre las presupuestadas.

Se temía repetir a final de año lo sucedido en anteriores. En 2021 el grado de ejecución presupuestaria estatal en Cataluña fue del 35,7%; en Madrid, del 187,3%: al cabo, casi el doble en dinero contante y sonante. La comunidad capitalina recibió más inversión efectiva. Pero donde las toman, las dan. A septiembre vencido la Generalitat solo había ejecutado el 32,1% de sus inversiones autonómicas; el 21,3% contando las financiadas con fondos UE. Claro que las suele duplicar al cierre de ejercicio. Algo parecido sucede con el Ayuntamiento de Barcelona.

Así que ¿sería soñar demasiado pretender un informe global, anual, sobre el asunto, más allá de la AIReF, emitido por el Senado? Quizá a cargo de una nueva e independiente oficina presupuestaria del Parlamento, al estilo de EE UU.

Ahorraríamos ruido, visiones parciales y demagogias. La encomienda del Gobierno al Govern de cerca de la mitad de sus inversiones para 2023, en la senda vasca, paliará parte del entuerto. Quizá falte más: un inequívoco compromiso transversal de partidos y administraciones para un debate sereno y que ningún presupuesto huela a papel mojado.