Rebelión de los jubilados vascos del metal contra el fondo que gestiona sus pensiones: “Es el ‘euskorralito”
Una entidad creada por la patronal y los sindicatos les impide cobrar de golpe el capital ahorrado y les obliga a hacerlo a través de una renta mensual
A los trabajadores del metal se les supone su carácter combativo. Ahora, un grupo de 1.626 personas, la mayoría jubilados, se han colocado en el frente de una batalla que los juzgados están dando por perdida. Han presentado 108 demandas individuales contra el fondo de empleo Geroa Pensiones. Reclaman el derecho a cobrar en un pago único las aportaciones que fueron acumulando hasta la jubilación. Joxemari Lazcano se jubiló en 2017 con 63 años, después de 37 con el buzo puesto. Pidió a Geroa que le embolsara los más de 55.000 euros que había acumulado. “No me permitieron cobrarlo de golpe. Me obligan a percibir una renta de 188 euros mensuales durante 24 años. Geroa está tutelando nuestros ahorros, actúa como un fondo de inversión”, se queja este activista de la plataforma Agraviados por Geroa. El fondo, que es una entidad de previsión social voluntaria (EPSV), argumenta que “desde el minuto cero” está cumpliendo su objetivo de complementar las pensiones públicas de la Seguridad Social. “Y eso significa hacerlo mediante un pago periódico, no rescatando todo el capital”, explica su gerente, Virginia Oregui.
Geroa Pensiones se creó en 1996 fruto de la negociación colectiva del sector siderometalúrgico. La patronal guipuzcoana Adegi y los sindicatos ELA, LAB, UGT y CC OO, con representación paritaria en los órganos de gobierno de la entidad desde su fundación, acordaron poner en marcha un fondo de empleo que se nutre de las aportaciones que realizan a partes iguales las empresas y los trabajadores con la finalidad de complementar las pensiones. En los inicios, a esa caja se destinaba el 1,5% de los salarios de unos 40.000 trabajadores del sector, un porcentaje que ha ido aumentando hasta el 4,60% de las nóminas de 111.620 empleados repartidos en 8.571 compañías. Así ha ido funcionando hasta que, en la actualidad, Geroa ha conseguido acumular un patrimonio de 2.646 millones de euros, según la última memoria de la entidad, correspondiente a 2021.
La lucha se centra ahora en la petición de más de un millar y medio de trabajadores que han solicitado rescatar la totalidad o la mayor parte de sus ahorros. Geroa no ha accedido a la petición y solo permite hacerlo así a quienes tienen reunida una cantidad inferior a 45.120 euros durante su vida laboral. Los 1.626 demandantes, representados por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), critican la negativa de la dirección de Geroa a sentarse con ellos y culpan al Gobierno vasco de “inhibirse”. También han comenzado a protestar frente a los sindicatos, a los que acusan de darles la espalda y ponerse “del lado de Geroa”. Jaime de Carvajal, abogado de Asufin, lamenta que “a los trabajadores se les haya exigido cumplir unas obligaciones [el pago de una parte de su salario, una cantidad que ha ido subiendo con los años] y hayan cambiado sus derechos sin debate de ningún tipo”. “Ahora se les dice que se callen”, añade.
Lazcano y un compañero fueron los primeros en denunciar su situación: “Cuando en 2017 me negaron la posibilidad de capitalizar mi dinero, decidí crear la plataforma contra Geroa, en 2019. Si tenemos más de 45.120 euros acumulados nos obligan a cobrar una renta temporal durante 25 años, unos 200 euros brutos mensuales. Esa barrera de 45.120 euros es absolutamente discrecional, es un cálculo financiero. Con nuestro dinero están consiguiendo unos rendimientos para invertir donde quieren. Es el euskorralito”.
Geroa daba en sus inicios tres opciones para cobrar el complemento: mediante renta mensual, en un pago si el fondo acumulado era inferior a un millón de pesetas o con una fórmula mixta (un millón de pesetas de golpe y el resto en renta). Esta última ya no está recogida en los estatutos de la entidad. El abogado de los afectados asegura que en 2021 se modificaron los estatutos para “incorporar la coletilla ‘preferentemente en forma de renta temporal” para anular la posibilidad de capitalizar todo el capital de una tacada: “Cambiaron las condiciones a mitad del partido, sin que nadie comunicase nada a los trabajadores. Lo hicieron justo después de que un grupo de jubilados fuese a la ventanilla a reclamar sus derechos,”, afirma De Carvajal.
La responsable de Geroa argumenta que esta entidad “gestiona un complemento de pensiones que viene dado por un convenio colectivo”. “No se ha hecho un contrato individual con los trabajadores, no tenemos nada que ver con la gestión patrimonial de estas personas, no somos un producto financiero, mal que les pese. Nadie puede capitalizar una pensión pública de la Seguridad Social. Con Geroa ocurre lo mismo”, agrega Oregui.
De las 108 demandas interpuestas, los juzgados han resuelto 12 casos. En todos estos, los jueces han visto acreditado que los trabajadores fueron informados de los cambios introducidos en los estatutos que impedían el cobro íntegro de sus aportaciones. Todos fallaron en contra de los demandantes, aunque aún quedan pendientes cerca de un centenar de litigios que están programados durante los próximos dos años en juzgados de Gipuzkoa, Bizkaia, Álava, Cantabria y Madrid. Asufin estudia plantear una demanda colectiva. No cabe un acuerdo extrajudicial, dice Oregui, porque “pretenden eliminar la esencia de Geroa y, además, en las denuncias están reclamando que hagamos frente a unas indemnizaciones que tendrían que pagar sus propios compañeros de trabajo”.
Geroa comenzó a pagar la primera renta en 2004. A los primeros beneficiarios se les abonaban 60 euros mensuales como complemento a su pensión. Esta cantidad se ha incrementado a casi 200 euros. En los 26 años de historia ha desembolsado 654 millones en prestaciones a más de 53.000 personas. El año pasado, las aportaciones de los cotizantes de Geroa sumaron 98,44 millones. En ese ejercicio se abonaron 56,20 millones en prestaciones de empleo, de las que 34,2 millones fueron en forma de capital y los 22,33 millones restantes en renta temporal. Un total de 3.120 personas están recibiendo una cuota mensual de 198 euros, además de otras 680 que cobran el complemento por el fallecimiento de un familiar.
El enfado se viste con petos amarillos. De esta guisa se han plantado delante de la sede de Geroa y ahora frente a los locales de ELA y LAB. “Los sindicatos son cómplices de esta situación. No sabemos cómo han elegido a nuestros representantes en la asamblea de Geroa. Estos nunca nos informaron de nada y no atienden a nuestras reclamaciones. Es inaudito que unos trabajadores se concentren en una protesta delante de un sindicato”, dice Lazkano. Las centrales consultadas han rehusado pronunciarse.
A Lazkano le irritan los casos de compañeros que están atravesando situaciones personales “extremas” y que tienen su dinero “atrapado en Geroa”. El abogado De Carvajal sostiene que “se está penalizando a los que más años han trabajado y aportado al fondo, y se incentiva que quienes están llegando a esos 45.120 euros dejen su trabajo para poder cobrar íntegros sus ahorros”.
Geroa defiende que su fondo de empleo es un sistema “basado en la solidaridad” y que sigue “unas directrices colectivas de actuación, sin ningún ánimo de fastidiar a nadie”. “Si no les gusta, los trabajadores están en su derecho de pedir que se elimine en la próxima negociación colectiva. Nacimos como un complemento de las pensiones y así vamos a seguir”, añade Oregui. Y sentencia: “Es triste que se esté denostando una imagen de marca tan reconocida y que están cumpliendo sus objetivos fundacionales”.
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