Europa se abre a gravar los beneficios extraordinarios de las renovables pero se atasca con el tope al gas ruso

La vertiginosa espiral de precios de la energía no da para órdagos de alto riesgo. Los ministros de Energía europeos que se reúnen este viernes en Bruselas de forma extraordinaria se aprestan a dejar de lado las propuestas más “políticas” y espinosas, como la idea de fijar un precio para el gas ruso, para intentar expeditar una lista mínima pero urgente de medidas aprobables y aplicables en cuestión de semanas. Entre las ideas que sí podrían salir adelante están la de gravar los beneficios extraordinarios de las energías renovables, acordar una reducción de la demanda eléctrica y aprobar mecanismos de liquidez y rescate para empresas energéticas, según fuentes coincidentes.

En los últimos días, ha ido ganando terreno la idea de gravar de alguna forma los beneficios sobrevenidos o extraordinarios de las energías denominadas inframarginales (renovables y nuclear). Bruselas quiere reconducir el bolsillo de los hogares y empresas más vulnerables con unos ingresos con los que las empresas del sector “nunca soñaron” y que “no reflejan sus costes de producción”, en palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

En las reuniones preparatorias con representantes de los Veintisiete ha habido “buena atmósfera” para acordar algún tipo de gravamen a estas energías —un tema que España puso ya sobre la mesa hace casi un año— que contribuyen al precio final de la factura eléctrica, ambiente que corroboraron muchos ministros antes de entrar esta mañana a la sesión de reuniones. De ahí que es muy probable que un mandato en este sentido salga este viernes de la cita bruselense, aunque todavía nadie se atreve a decir si será una mera idea o si se detallará ya cómo hacerlo.

Un borrador de la Comisión fijaba un precio máximo de 200 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad. La cifra, que algunos consideran demasiado elevada, fue finalmente retirada de la propuesta. Hay quienes, por su parte, abogan por gravar directamente esos beneficios llamados también caídos del cielo. Si finalmente se optara por fijar un tope alto, la posibilidad de gravar el resto de los ingresos no sería necesariamente excluyente, apuntan fuentes comunitarias.

Aunque no cuenta necesariamente con un clima del todo favorable, es posible que España aproveche la cita para proponer que se aplique el mecanismo de fijación de precios eléctricos que se usa ahora en la península: la denominada excepción ibérica. Esta idea había sido descartada en uno de los borradores de Bruselas bajo el argumento de que este tipo de medidas subsidia la generación de electricidad con combustibles fósiles y podría, por tanto, ”obstaculizar los esfuerzos para reducir su uso”.

La Comisión aboga por pedir también una “contribución solidaria temporal” a las energías fósiles —el Ejecutivo europeo se cuida mucho de hablar de impuestos—. Esto no ha llegado a ser discutido en las reuniones preparatorias, pero, en vista del ambiente favorable a este tipo de gravamen, es muy probable que acaba incluyéndose en el pack final.

Para la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo más adecuado sería “combinar distintas herramientas” que garanticen “una contribución justa de todos los operadores”. Lo que resulta “inviable”, dijo antes de entrar en la reunión, que —subrayó— llegaba llega un año tarde, es que la reducción del precio de la electricidad “se haga solo a base de las contribuciones de los presupuestos públicos”. Por ello, subrayó, “es importante trabajar en sistemas de tasas, de impuestos, de contribuciones de los grandes operadores energéticos que ven cómo crecen sus ingresos de forma muy importante”.

De igual modo, no debería haber grandes problemas para que los ministros de los Veintisiete den su visto bueno a la idea de alentar una reducción de la demanda de electricidad como ya existe en el caso del gas. Lo que no se toca por el momento —se verá si lo hablan los ministros o pasa a un segundo estadio de negociaciones— es el formato de las medidas y si deberían ser voluntarias u obligatorias: la Comisión en su borrador habla de una reducción obligatoria del consumo eléctrico en horas punta de al menos 5% y un compromiso de los Estados de que intentarán bajar también en 10% el consumo neto eléctrico mensual generalizado (en comparación con el periodo que se use como referencia). Pero varios países ya han alertado, entre otros, de que las horas pico de demanda y las de precios no siempre son coincidentes, por lo que se necesitarían ajustar los mecanismos.

Al respecto, Ribera considera como más viable una “combinación de medidas voluntarias y obligatorias”, con margen suficiente “para que cada país pueda activar su manera de ahorrar consumo eléctrico de forma distinta”.

En una referencia indirecta a la demanda de España —apoyada por Alemania, pero rechazada por Francia— de relanzar el proyecto MidCat (la interconexión gasística entre España y Francia por los Pirineos), la vicepresidenta española subrayó además la importancia de no centrarse solo en las medidas urgentes que hay que aprobar lo antes posible para sortear este invierno, sino “prepararnos para los siguientes, trabajar en las complementariedades (…) y en la puesta en común de nuestras infraestructuras”.

Fuentes comunitarias aseguran también que la idea de aprobar mecanismos de liquidez y rescate para empresas energéticas demasiado expuestas a la volatilidad de los mercados debería acabar en la lista de medidas encomendadas para su elaboración final a la Comisión.

La idea es que Von der Leyen las desgrane en su discurso anual de inauguración del curso político ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, el próximo miércoles. La presidencia checa de la UE no descarta una nueva reunión extraordinaria de ministros de Energía para acelerar la aprobación final de las medidas de emergencia, que deberían estar, como tarde, listas para su aplicación en las primeras semanas de octubre.

El discurso de la presidenta del Ejecutivo comunitario podría tener, no obstante, un deje amargo. La decisión de no actuar en materia de limitación del gas ruso supone una bofetada política para la presidenta de la Comisión. La alemana había apostado personalmente por hacer un órdago al chantaje de Moscú con el gas imponiendo un precio máximo a su importación. En las últimas horas, sin embargo, varios países -”unos pocos”, según Ribera, pero suficientes para frenar la medida- han mostrado más o menos abiertamente su reticencia a dar este paso, entre ellos gigantes como Alemania o, más explícitamente, Bélgica, cuya ministra de Energía, Tinne Van der Straeten, calificó esta semana la medida de demasiado “política”. “Nuestra intención es, ante todo, bajar los precios. Un tope solo sobre el gas ruso no va a bajar los precios. Es algo puramente político”, dijo en entrevista con la agencia Reuters.

Aunque de la cita de hoy no salga una propuesta sobre el gas ruso, eso no quiere decir, subrayó una alta fuente comunitaria, que el tema se quite de la mesa. Pero no forma parte de las “tareas inmediatas” que los países deberían encargar este viernes a la Comisión, explicó.

La imagen que se quiere trasladar del encuentro de este miércoles es, sobre todo, una de “unidad” frente a los intentos de Putin de dividir a los Veintisiete ante un invierno complicado. “Estamos en una guerra energética con Rusia, Putin está tratando de romper la paz social en nuestros países manipulando el gas, tenemos que enviar una señal clara y fuerte de que haremos lo que haga falta para proteger nuestros hogares con suficiente energía a precios asequibles (…) y para calmar los mercados”, instó este viernes el viceprimer ministro checo y ministro de Industria, Joszef Síkela. La reunión, que está previsto se prolongue durante toda la mañana y el mediodía, comenzó con un minuto de silencio en memoria de la fallecida reina Isabel II, “una inspiración para todo el mundo durante décadas”, dijo Síkela.