El Gobierno garantiza a la industria que no sufrirá cortes de suministro energético

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantiene reuniones desde hace días para terminar de diseñar el Plan de Contingencia con el que el Gobierno pretende hacer frente a la crisis energética. Hace dos semanas, la ministra dialogó con las energéticas y con las patronales de la electricidad y del gas mientras que la semana pasada hizo lo mismo con las formaciones políticas. Este lunes, ha mantenido un nuevo encuentro con las principales patronales industriales, en el que también ha participado la ministra de Industria, Reyes Maroto. “Se han comprometido a que no habrá cortes de suministro a la industria. Es tranquilizador”, explica Andrés Barceló, director general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID), que están sufriendo especialmente la espiral de precios en la energía. “Nos han dicho que pretenden cerrar el Plan de Contingencia durante este mes”, añade el director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto. Ambos participantes en la reunión destacan que el Gobierno ha celebrado la posibilidad de una intervención del mercado energético europeo y esperan que se traduzca “pronto” en una caída de precios.

El Gobierno debe remitir a la Comisión Europea su estrategia para reducir el consumo de energía y atacar las consecuencias de la crisis, en plena crisis comunitaria por el corte del gas ruso. El Congreso ya aprobó una serie de medidas que forman parte del Plan de Contingencia: limitar la calefacción a 19 grados centígrados y el aire acondicionado a 27 en comercios y administraciones públicas; apagar los escaparates cuando el negocio esté cerrado después de las diez de la noche; la gratuidad de los servicios de Cercanías (Rodalies en Cataluña) y Media Distancia hasta final de año; ayudas al transporte terrestre de mercancías; se agiliza la instalación de energía renovable, entre otras medidas. El plan aún puede incorporar modificaciones a propuesta de los socios del Ejecutivo.

Estas políticas, junto a las que quedan por desarrollar y que se encuentran en periodo de diálogo con los actores implicados, buscan reducir la energía que consume España. El compromiso adquirido por el Gobierno es reducir en un 7% el consumo de gas. Inicialmente, Bruselas pretendía que el recorte fuese del 15%. “No podemos asumir un sacrificio sobre el que no nos han pedido opinión. A diferencia que otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético”, protestó entonces Ribera.

La garantía a la industria de que no habrá cortes de suministro no ha sorprendido a los interlocutores, entre los que también había representantes del comercio y del turismo. “El problema no es de abastecimiento de energía, sino de precio”, recuerda Soto. La factura está empujando a grandes industrias a parar la producción. Empresas como Ferroatlántica, Azuliber, uno de los principales productores de arcilla del grupo Pamesa, o ArcelorMittal, entre otras, anunciaron durante la semana pasada que paran algunas de sus factorías en España por el elevado coste de la energía. “Va a haber más paradas. Con estos precios es inevitable”, añade Barceló. Por ello, el director general de UNESID destaca la posición del Ejecutivo en el debate comunitario sobre el mercado energético, favorable a la intervención. “Tienen que tomar medidas ya. No estamos ni para estudios ni para medidas provisionales. Los precios tienen que bajar ya”, destaca Barceló. “Si no, habrá empresas que se plantearán deslocalizar su producción no solo fuera de España, sino de Europa. Este es un problema europeo”, advierte Barceló.

En la reunión de este lunes también se ha hablado de las industrias alimentadas por cogeneración (el desarrollo en un mismo proceso de energía eléctrica y calor útil, aplicable en industrias que utilizan vapor), en una situación muy vulnerable porque se quedaron fuera de la excepción ibérica. Fuentes que han participado en el encuentro señalan que una solución para este sector puede estar cerca.

Durante el encuentro, el Gobierno ha escuchado los planteamientos del sector. Entre ellos, que las industrias obligadas a mandar a sus trabajadores a ERTE por parar la producción se puedan acoger al mecanismo RED (fórmula adicional para reducir la jornada o suspender los contratos de los trabajadores afectados, siempre de forma temporal). Otros interlocutores han planteado que se prioricen los proyectos de energía renovable que tengan acuerdos de compraventa a largo plazo con la industria; que España ofrezca su capacidad para producir bienes, sin carencia de suministro energético, a los países que no puedan hacerlo por el corte del gas; y, sobre todo, que las ayudas aprobadas el pasado marzo, como la reducción del 80% del peaje de acceso a las redes de distribución de electricidad, se mantengan mientras dure la crisis energética. En principio, estas medidas están en vigor hasta que acabe este año. También se ha hablado de las subastas de interrumpibilidad, que compensan a las compañías que paran su actividad y ceden su consumo eléctrico.

En una nota de prensa, la asociación de patronales industriales Alianza por la Industria especifica otras peticiones que han trasmitido al Gobierno: facilitar al máximo la valorización energética para reducir el consumo de combustibles fósiles; asegurar la continuidad de la actividad industrial que tenga suministro de gas; igualar la relación de sectores receptores de compensación de costes indirectos de CO2; o acelerar la penetración de los vehículos eléctricos en el parque automovilístico.

“La industria electrointensiva, el comercio y el turismo juegan un papel clave en el impulso al uso más inteligente posible de la energía y el incremento del ahorro y la eficiencia. Hemos escuchado sus ideas y propuestas, que resultan sin duda útiles para el diseño de este plan”, ha expresando la ministra Ribera tras la reunión en unas declaraciones difundidas por el Ejecutivo. Maroto ha destacado que “el objetivo es proteger a nuestras empresas y familias más vulnerables articulando una serie de medidas a corto y largo plazo que den confianza y certidumbre ante el alza del precio de la energía y para responder a las consecuencias socioeconómicas de la invasión rusa de Ucrania”.