No va contra los ricos: va contra el empleo industrial

Los precios de los alimentos y de muchos otros productos están caros. También los de la energía: electricidad, gasolina, diésel y gas. Los gobernantes ya han identificado el problema, que por supuesto no tiene que ver con ellos: “Algunas empresas tienen beneficios extraordinarios en un momento de dificultad como el actual; pongamos un nuevo impuesto”.

¿Qué es un beneficio extraordinario? Los mercados son regulados o libres. Un mercado regulado es, por ejemplo, el eléctrico. Por sus limitaciones técnicas, no puede ser libre. El regulador trata de equilibrar el interés del productor de electricidad con el del consumidor. Cuando una circunstancia extrema sucede y ese equilibrio se rompe, parece razonable pensar que el regulador busque reducir ese beneficio extraordinario de las eléctricas. Es por ejemplo lo que ha pasado con el tope del precio del gas promovido por el Gobierno. Una medida que trata de llevar los precios a un equilibrio en un mercado regulado. De la misma manera, también se garantiza la rentabilidad de las empresas eléctricas por parte del regulador.

Otros mercados son libres. Las empresas invierten en un negocio industrial, sea acero, refino, papel o química. Sus productos compiten con los que se pueden importar por cualquiera que pueda comercializarlos. Es el mercado internacional, la oferta y la demanda, la que fija los precios. Cuando hay más demanda que producción, los precios suben y las empresas tratan de invertir en nueva producción. Cuando en el mundo hay más producción que demanda de producto, los precios caen y las empresas pierden dinero. A ningún gobierno se le ocurre clamar contra las pérdidas extraordinarias y dar subvenciones a esas empresas, evidentemente. Por ejemplo, Repsol perdió 7.105 millones en 2019 y 2020, principalmente a consecuencia de la pandemia. Los resultados acumulados desde entonces, incluidos los supuestos beneficios extraordinarios de 2022, no han compensado aquella pérdida brutal.

Ese mal llamado beneficio extraordinario se pretende abordar con una legalidad cuestionable. Cuando un gobierno tiene que presentar un proyecto de ley, debe pedir opiniones e informes a órganos que aportan una visión complementaria, entre ellos, al Consejo de Estado. ¿Qué se ha hecho? Para que esa discriminación no quede en evidencia, el Gobierno evita presentar un proyecto de ley. Lo registran dos grupos parlamentarios y así se saltan los informes y los contrastes, aunque haya suficientes evidencias de que la iniciativa y su impulso hayan partido del Ejecutivo.

Además, como ese pretendido impuesto sería probablemente ilegal en nuestro sistema fiscal, se opta por una figura llamada prestación patrimonial, sin que haya prestación alguna por parte del Estado que soporte esa figura. Es simplemente un impuesto encubierto que grava a las empresas por partida doble.

Desde 2008, Repsol ha invertido 14.000 millones de euros en España para tener el sistema de refino más competitivo de Europa. Hemos mantenido y desarrollado el empleo industrial en nuestro país mientras muchas refinerías en Europa cerraban, dejando a los trabajadores en la calle. Vamos a invertir además miles de millones en los próximos años para producir combustibles más sostenibles. La rentabilidad media de la inversión en nuestras refinerías en los últimos cinco años, hasta el pasado 30 de junio incluido, ha sido del 6,6%, cuando el propio Estado garantiza, sin riesgos, la retribución de la generación regulada en el sector eléctrico por encima de un 7%. ¿Alguien puede defender que eso es un beneficio extraordinario?

Unamos a esto la discriminación. ¿Por qué no se incluyen otros sectores que han subido fuertemente los beneficios este año? ¿Por qué se dejan fuera a competidores de menor tamaño que también venden carburantes y compiten con una empresa como Repsol? ¿O estamos quizá hablando de un impuesto que va contra el que tiene refinerías e invierte en la industria española? ¿Nos sorprende después que los precios del petróleo y del gas suban si, por motivos ideológicos, dificultamos que se invierta en esta industria en nuestro país y se genere empleo?

Que nadie se equivoque. Creo en los impuestos. Pago mis impuestos con gusto. Creo en un IRPF alto para los que más ganan, y en un impuesto elevado para las rentas de capital. Pude estudiar toda mi vida con becas porque algunas personas pagaron sus impuestos para que yo alcanzase una formación y pienso en ello cada vez que pago los míos. Pero este impuesto camuflado no es para los ricos. No es para los que ganan mucho. Si ese es su discurso, les pido a los gobernantes que sean valientes, que suban el IRPF y las rentas de capital y graven al que tiene dinero. No es así. Su demagogia esconde una mentira: es un impuesto disfrazado que no va contra los ricos, va contra la actividad empresarial. Va a dañar la capacidad de inversión de las empresas para transformarse. Va a dañar el empleo industrial. Y lo pagarán la competitividad del país y su modernización. Por cierto, hablando de impuestos, el año pasado Repsol contribuyó con 1.890 millones de euros por el Impuesto de Sociedades y la empresa pagó un total de 11.455 millones de euros en impuestos, tanto soportados como recaudados, todo ello con un resultado después de impuestos de 2.499 millones de euros.

Creo también en las instituciones. Creo en las garantías constitucionales y en las legales, tanto las españolas como las europeas. Por eso estoy convencido de que el camino planteado no tiene recorrido. Alguna institución determinará el carácter discriminatorio de la iniciativa. Todo lo recaudado será devuelto a las empresas que fueron injustamente gravadas en mitad de la furia de un discurso demagógico y la seguridad jurídica quedará sin duda restaurada. Pero no me quiero quedar ahí. Prefiero subrayarles un compromiso: Repsol continuará en todo caso con su apuesta firme de transformar sus negocios invirtiendo para ello todo lo necesario en nuestros centros industriales en España. Para defender con uñas y dientes el empleo industrial que, con esta iniciativa, tan malparado queda. Les doy mi palabra.

Josu Jon Imaz es consejero delegado de Repsol.