El BCE añade presión para que se cumplan las normas fiscales de la UE

La nueva herramienta que ha creado el Banco Central Europeo (BCE) para defender el euro añade presión a los Gobiernos del área monetaria para cumplir con las recomendaciones fiscales de la UE. El instituto emisor ha aprendido de errores del pasado y se ha cuidado mucho de exigir condiciones estrictas. Pero sí ha señalado criterios que tendrá en cuenta antes de salir al mercado a comprar bonos soberanos de los países que sufran la presión de la prima de riesgo: entre ellos no cumplir con las normas fiscales del club comunitario —lo que se conoce como no estar en un procedimiento de déficit excesivo— y, sobre todo, no seguir sus recomendaciones para cumplirlas. Es decir, el instituto emisor está dispuesto a contener el pánico en los mercados cuando lo considere “injusto y desordenado”, aunque tendrá muy presente si el Estado que se beneficie ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad de sus cuentas públicas. Redobla así la presión para que los países del euro cumplan con la senda de equilibrio fiscal.

Alivia esta situación el hecho de que estas normas están suspendidas desde que en 2020 explotó la pandemia y golpeó de lleno a la economía. Casi sin solución de continuidad ha llegado la invasión rusa de Ucrania y su impacto sobre los precios de la energía, lo que llevó a que en primavera la Comisión Europea mantuviera suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que de una forma tosca puede resumirse en dos directrices: el déficit público no puede superar el 3% del PIB y el volumen total de deuda pública no puede superar el 60%. Esta decisión se revisará en otoño, aunque no parece que la situación bélica vaya a mejorar y, menos todavía, los problemas de suministro energético.

La creación del Instrumento para la Protección a la Transmisión de la política monetaria (TPI, por sus siglas en inglés), nombre oficial de esta herramienta de intervención en los mercados, también da relieve el debate abierto en la UE sobre la reforma de las normas fiscales. El pasado otoño, la Comisión recuperó el debate que había suspendido por la pandemia. Se espera que a la vuelta del verano los equipos del vicepresidente Valdis Dombrovskis y del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, hagan una propuesta de revisión a los Estados miembros.

Junto al criterio fiscal, hay otros que refuerzan muy claramente las directrices de política económica que emanen de la Comisión Europea y del Consejo. Uno de ellos es “no estar sujeto a un procedimiento de desequilibrio excesivo o no haber sido considerado incapaz de tomar las medidas correctoras” del Consejo de la UE. Otro sería también cumplir con de lo pactado con Bruselas en el Plan de Recuperación y el respeto a sus directrices en el semestre europeo. Incluso el último elemento al que se apunta desde Fráncfort, un examen sobre la sostenibilidad de la deuda pública, cuenta las demás instituciones comunitarias: la Comisión y el fondo de rescate europeo (MEDE), además del FMI.

“Ahora se abre la puerta a que haya un factor político, lo que no tiene por qué ser necesariamente malo, al contrario”, apunta Daniel Fuentes, economista y exasesor del presidente español, Pedro Sánchez. Él aplaude que estos criterios no sean requisitos de obligado cumplimiento. Hacerlo así inutilizaría la propia herramienta que pretende defender el euro del ataque “injustificado y desordenado” a uno de sus miembros. Y apunta que si un Estado viera que su prima de riesgo se dispara y no cumpliera con ninguno de los criterios señalados es que el problema de este país sería sistémico. El elemento político constituye un problema para el presidente del instituto de estudios económicos alemán IFO, Clement Fuest, pues pondrá presión sobre el BCE para que den “apoyo fiscal a los Estados miembros con deudas altas”.