España acepta el nuevo plan europeo para reducir el consumo de gas

“Estamos obligados a decir que sí”. Sin dar lugar a dudas, la vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dejado claro que España, tras las últimas modificaciones que flexibilizan su aplicación, va a apoyar el plan de ahorro energético que debaten este martes los ministros de Energía de la UE. A la entrada del encuentro, Ribera, que ha encabezado el sector más crítico con la propuesta inicial de la Comisión Europea, que contemplaba un tijeretazo lineal del 15% del consumo de gas para todos los Estados miembros, ha señalado que el plan actual, tras las intensas negociaciones y cambios, “no satisface a todos, que querrían que se afrontara desde su punto de vista”, pero que casa más con las necesidades de España. “Es la primera vez que damos un paso así”, ha afirmado Ribera en un cambio de tono y en línea con otros ministros y responsables comunitarios de energía a su llegada a la reunión, como la titular de Estonia o la comisaria de Energía, Kadri Simson. Ante el “chantaje” energético del Kremlin, han remarcado, “unidad”. El último borrador de la propuesta, al que ha tenido acceso EL PAIS, permitiría reducir a la mitad el esfuerzo de ahorro de España.

La propuesta que lanzó el Ejecutivo europeo el pasado miércoles de rebajar la demanda de gas un 15% y tabla rasa para todos los socios comunitarios chocó con el rechazo frontal de España y de otros países como Portugal o Polonia, que criticaron que el reglamento de la Comisión no contemplara las características específicas de cada país. Al disgusto se sumó también el malestar por el que varias capitales consideraron una norma diseñada al gusto de Alemania, señalan fuentes diplomáticas, un país muy dependiente del gas ruso. Desde entonces, se han sucedido las negociaciones, acercar posiciones y lograr que cada país pueda encontrarse relativamente satisfecho con una medida que exige un esfuerzo considerable y un grave riesgo de freno en la actividad económica. “Tenemos mix energéticos muy diferentes”, ha apuntado la también ministra para la Transición Ecológica.

El nuevo plan, con las enmiendas introducidas por los países con la coordinación del Gobierno checo, que ostenta a presidencia semestral de la UE, suaviza esa exigencia de ahorrar un 15% (primero, voluntario y después, si se declara el estado de alerta, obligatorio) al confeccionar un traje a medida con numerosas excepciones que permitirán a los países recortar menos si demuestran que están haciendo todo lo posible para redireccionar gas a otros socios comunitarios y participan de la solidaridad europea.

En el último borrador del plan, que revisan hoy los ministros de Energía de los Veintisiete, Bruselas contempla lo que podría considerarse una ‘excepción ibérica’. El reglamento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que los Estados miembros podrán limitar la reducción obligatoria de la demanda en 8 puntos porcentuales siempre que demuestren que su interconexión con otros socios “en capacidad técnica firme de exportación en comparación con su consumo anual de gas en 2021 es inferior al 50 %” y que ha utilizado esa capacidad de redirigir gas a otros Estados miembros “a un nivel de al menos el 90 %” durante al menos un mes antes de la acogerse a esta salvaguarda, a menos que pueda demostrar que no hubo demanda y que se maximizó la capacidad.

Sobre las negociaciones de los últimos días, ha pesado todo el tiempo la amenaza de que pueda romperse la unidad que hasta ahora han mantenido, con dificultades, los Veintisiete frente a la invasión de Ucrania por Rusia y las medidas impuestas contra el agresor. Esto ayuda mucho a entender por qué Ribera, que hace menos de una semana mostró un rechazo tajante a la propuesta de la Comisión, incluso con un lenguaje que sorprendió por su dureza, ahora respalde el plan enmendado. La amenaza de un frío invierno en toda Europa, la inflación y la crisis energética y económica pesa y los Estados miembros se mueven de nuevo para tratar de cerrar filas frente al Kremlin. Se trata de “salir del Consejo con un mensaje claro frente al chantaje de Putin”, ha recalcado la ministra española, consciente de que el lunes, mientras se apuraba la negociación, el monopolio gasístico ruso, Gazprom, anunciaba que reducía todavía más el suministro a Alemania.

Los tres principios que deben regir el plan, ha expuesto Ribera, se basan en la “unidad”, la “solidaridad” y la “flexibilidad”. Este último es el que reclamaba España a la Comisión porque, en su opinión, “no tiene sentido” que haya países que rebajen un 15% su demanda de gas —de forma voluntaria u obligatoria— si después no pueden enviar lo que no han consumido a otros países de la Unión porque los gasoductos no tienen capacidad o porque el país receptor no tiene regasificadoras para asumir el gas licuado que se envíe. Aunque la vicepresidenta española ha puesto el ejemplo de una isla, en referencia a Malta, era evidente que hablaba de España y la península Ibérica, que tiene unas conexiones gasísticas limitadas con el resto del continente y que se ha considerado varias veces como una isla energética.

Ya el lunes había optimismo sobre el resultado de la reunión de este martes. Incluso anoche en alguna delegación se empezaba a hablar de algo que “se parece a una especie de acuerdo”. Y eso, inicialmente, es lo que se esboza al comienzo del encuentro. Lo favorece el hecho de que para salir adelante la propuesta se necesite solo una mayoría cualificada (un 55% de Estados a favor que representen al menos al 65% de la población).

El punto de encuentro está en las “múltiples excepciones” a la reducción lineal del 15% del gas, apunta la delegación, que veía el lunes por la noche el acuerdo cerca. Esas salvaguardas permitirían en el caso español que el recorte fuese mucho menor del 15%. La Comisión ya había ofrecido una rebaja a España y Portugal del 10%, en una especie de excepción ibérica. Fuentes diplomáticas señalan que la delegación española ha pugnado por reducir ese porcentaje más. Si sale adelante la última propuesta y se acoge a las excepciones, España podrá reducir ese porcentaje de ahorro y dejarlo en un 7% de su consumo de gas.

En el plan de ahorro energético, con las últimas modificaciones, la Comisión Europea, además, dejaría de tener la potestad absoluta para declarar el estado de alerta, como contemplaba el proyecto original, y tamaña decisión deberá ser sometida a votación de los 27 Estados miembros. La iniciativa de declararlo también podrá partir del consenso de cinco países. Además, se descontará del cómputo de gas consumido el utilizado para rellenar las reservas, por lo que el porcentaje de reducción se aplicará a un volumen menor.

Los Estados con una mayor dependencia del gas en su mix energético (en España es aproximadamente del 24%, como en la media de la UE) también podrán reclamar que no se compute el consumo de industrias esenciales a la hora de calcular el recorte obligatorio. Del mismo modo, los países que por razones geográficas no dispongan de una adecuada interconexión con el mercado europeo o cuya producción eléctrica dependa en gran medida del gas, podrán solicitar una exención en la aplicación del recorte.