El ajuste fiscal que viene: ¿Qué opinan los ciudadanos?

Hace unos días, Funcas hizo público el resultado de un estudio sobre opiniones ciudadanas sobre el déficit y el ajuste fiscal que tiene cierto interés a la hora de definir cómo se afronta el proceso de consolidación presupuestaria que se divisa en el horizonte.

Una amplísima mayoría de los encuestados defiende la existencia y necesidad de un sector público fuerte y recela de la privatización en la gestión o en la financiación de servicios públicos. Lo anterior es compatible con la percepción dominante de que, en general, podrían gestionarse mejor y que la eficiencia del gasto es inferior a la de otros países europeos.

La mayoría de los ciudadanos es consciente de que un déficit crónico elevado es un problema y considera que se debería hablar más sobre cómo atajarlo. De entrada, una amplia mayoría de los ciudadanos encuestados se decanta porque el ajuste recaiga, sobre todo, en el lado del gasto y no en subidas impositivas. Pero una cosa es hablar de recortar el gasto en general y otra de recortes concretos en partidas identificables y palpables. En el primer caso, probablemente los ciudadanos puedan estar pensando en ese margen de mejora en la gestión manifestado previamente; y no en servicios y programas de renta concretos, con usuarios y beneficiarios. Por eso, cuando se pone encima de la mesa la elección entre hipotéticos recortes de gasto en sanidad, pensiones y educación frente a incrementos del IRPF, las preferencias sociales se equilibran y la ideología y la intención de voto mandan.

Una u otra solución supondrá un coste político al gobierno que la ejecute. Pero se confirman los lugares comunes: los costes difieren según la ideología y la intención de voto de los ciudadanos. Los efectos negativos sobre el voto de una subida de impuestos se concentran en personas que muestran su preferencia por partidos de ámbito estatal, hoy en la oposición y con una ideología a la derecha del centro. Por el contrario, la vía del recorte en sanidad, educación y pensiones disgusta en mayor medida a las personas que se autodefinen de izquierda y quienes previamente han declarado intención de voto a los partidos de la actual coalición. ¿Y qué nos dicen los datos de indecisos y abstencionistas? Que tienden a rechazar en mayor medida recortes en el gasto que aumentos de impuestos, pero la diferencia es escasamente significativa.

Obviamente, desde un punto de vista electoral y social, serían mejores opciones tanto un incremento de la eficiencia del gasto que permitiese ahorrar y mejorar la percepción del intercambio fiscal de los ciudadanos, como una reducción del fraude fiscal que elevase los ingresos y mejorase la equidad horizontal. Pero la implementación de ambas estrategias requiere tiempo, esfuerzo y cambios institucionales. El que quiera transitar este camino debe apresurarse.

Santiago Lago Peñas es catedrático de Economía de la Universidad de Vigo e Investigador senior de Funcas.