El coste humano del rescate bancario

Las elevadas cifras del coste del rescate bancario no deberían eclipsar el inmenso sacrificio que, para millones de personas, significaron las drásticas medidas del Memorando de Entendimiento (MoU) de 2012 acordado por el Gobierno del PP y la UE. Dos colectivos salieron especialmente perjudicados. El rescate pasó por encima de los desahuciados que perdieron sus hogares y de los que fueron despojados de una parte vital de sus ahorros mediante las preferentes y obligaciones subordinadas. En la mayoría de estos casos se trataba de personas humildes y con escasos conocimientos.

El rescate bancario no adoptó ninguna medida para proteger a las familias expulsadas injustamente de sus casas. Hasta 2013, se permitía legalmente iniciar la ejecución hipotecaria por el impago de un solo recibo mensual de la hipoteca. Unas leyes que la UE obligó a reformar. Las consecuencias fueron una verdadera catástrofe humana. El drama de los desahucios ha sido certificado por Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Banco de España (2012 -2015); Instituto Nacional de Estadística, a partir de 2013, y Colegio de Registradores. La participación de distintos organismos y numerosos estudios han perfeccionado los cálculos. Según el CGPJ, entre 2008 y 2021 los juzgados recibieron 755.150 procedimientos de lanzamientos (órdenes de desalojo). Desde 2013 la cifra incluye tanto casos de impago de la hipoteca como del alquiler. Un estudio de la Universidad de Málaga indica que se realizan el 63% de lanzamientos recibidos. Con este criterio, la cifra también sería elevadísima: 475.744.

Estados Unidos en octubre de 2008 respondió a la crisis financiera con el programa TARP. De los 700.000 millones de dólares autorizados se desembolsaron 444.000 millones. La mayor parte destinados a los bancos (313.000) y automóvil (80.000 millones). Pero también se incluyeron 31.500 millones de dólares para ayudar a los propietarios de viviendas en riesgo de desahucio.

Otro colectivo directamente perjudicado fueron los ahorradores con preferentes. Hay que tener en cuenta que en 2009, el año posterior a la crisis, cuando los bancos ya no podían captar capital porque los inversores sabían lo mal que estaban, las entidades colocaron a sus clientes menos informados 16.000 millones de euros de estos productos. Los preferentistas fueron los primeros paganos de la crisis bancaria (aportaron entre 13.000 y 14.750 millones), según fuentes oficiales. Sufrieron quitas de entre el 30% y 90% de sus ahorros, a pesar de que regulación europea de estos aspectos no entró en vigor hasta 2016.

Los italianos con este tipo de productos fueron más afortunados. El Gobierno de Roma logró que la UE permitiera compensar a los ahorradores a quienes habían “malvendido” estos productos sin la información adecuada. Hay aspectos del rescate que siguen vivos. Muchos desahuciados no han logrado restablecerse y el Tribunal Supremo sigue dictando sentencias sobre preferentes y subordinadas.