_
_
_
_
_

La justicia europea avala la devolución íntegra de las cláusulas suelo a los afectados por el cambio de criterio del Supremo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europa se opone a que los principios procesales nacionales limiten la efectividad de la directiva de protección a los consumidores

La sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo.
La sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, en una imagen de archivo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala que los consumidores afectados por cláusulas suelo abusivas puedan reclamar la devolución íntegra de las cantidades que pagaron de más, incluso si en su día solo se les devolvió una parte como señalaba entonces la doctrina del Tribunal Supremo español. En cuatro sentencias conocidas este martes, la Gran Sala del tribunal de Luxemburgo, que reúne a 15 de sus 27 magistrados, ha determinado que “las disposiciones procesales nacionales deben respetar el principio de efectividad” que la justicia comunitaria otorga a su directiva de protección de los consumidores, según la nota remitida a los medios por el TJUE. Se trata de un nuevo pronunciamiento europeo sobre las cláusulas suelo, que afectaron a cientos de miles de prestatarios al limitar lo que las hipotecas variables podían abaratarse si bajaban mucho los intereses (como sucedió), en un asunto que lleva más de un lustro coleando entre tribunales españoles y la justicia comunitaria.

De los cuatro asuntos examinados ahora, dos son españoles (los otros dos son de Italia y Rumanía) y han llegado hasta Luxemburgo a raíz de preguntas prejudiciales formuladas por el Tribunal Supremo. Consciente de que el nuevo pronunciamiento afecta a principios de derecho importantes como el de cosa juzgada (un asunto despachado en sentencia firme no puede volver a ser juzgado porque provocaría inseguridad jurídica) y la preclusión (el respeto de los plazos procesales), la Gran Sala del TJUE ensalza estos principios, pero también señala “que los Estados miembros están obligados a establecer medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas”.

El origen del embrollo en España se encuentra en la sentencia que el Tribunal Supremo dictó el 9 de mayo de 2013. En la misma, se reconocía la abusividad de algunas cláusulas suelo, pero el tribunal limitó la restitución de las cantidades a partir del momento en que salió esa sentencia. Es decir, quienes reclamaron entonces solo obtenían la devolución de lo que habían pagado de más desde mayo de 2013. El asunto llegó a Europa, en uno de los múltiples viajes que ha hecho, y el TJUE sentenció a finales de 2016 que el Supremo no podía limitar en el tiempo la devolución de cantidades. Si una cláusula era abusiva, el banco debía pagar al prestatario todo lo que le había cobrado de más desde el principio de la hipoteca. El problema era qué pasaba entonces con quienes ya habían reclamado antes del pronunciamiento europeo.

Como algunos procesos seguían vivos (porque alguna de las partes los habían impugnado, por motivo de las cláusulas suelo o por cualquier otro), el Supremo acabó preguntando a Europa qué hacía en esos casos. Sobre esto versan los asuntos españoles que ha examinado el tribunal de Luxemburgo. Uno parte de una hipoteca de Banco CEISS (actualmente integrado en Unicaja) en el que el juez de primera instancia dio la razón al consumidor, devolviendo lo pagado de más por su cláusula suelo desde 2013. El banco apeló y en segunda instancia, pese a que entonces Europa ya se había pronunciado sobre la restitución íntegra de las cantidades, la Audiencia Provincial no ordenó esa devolución, alegando que no era objeto del proceso, porque quien había puesto el recurso no era el consumidor. Entonces fue este el que hizo llegar el caso al Supremo, que preguntó a su vez al TJUE. Este concluye ahora que “el Derecho de la Unión se opone a la aplicación de principios procesales nacionales” que impiden a un tribunal español “examinar de oficio” un asunto como este, máxime cuando la no impugnación por el afectado “no puede imputarse a la pasividad total de este” (puesto que la jurisprudencia de la época no le daba la razón).

Manuel Pérez Peña, abogado del despacho sevillano Portero y Peña Abogados, se muestra “muy orgulloso” por el resultado de un proceso que da la razón a su cliente y en el que, recuerda, tuvo que defender sus tesis “en contra de todos los abogados de todos los países miembros”. “Gracias a esta sentencia, ahora se podrá reclamar lo que no se pagó aprovechándose de las diferencias en la legislación”, resume el abogado, quien destaca que “es necesario que cada persona ponga un nuevo procedimiento” ya que las devoluciones no se harán de oficio. Javier de la Torre, abogado especializado en cláusulas suelo del despacho zaragozano Independencia 23 Abogados, estima que el fallo “abre la puerta a miles de reclamaciones”. “Todas las demandas entre 2010, cuando se empezó a mover el asunto de las cláusulas suelo, y 2016, cuando se pronunció el TJUE, van a estar mal”, resume De la Torre, quien cree que en todos los casos en que los clientes solo reclamasen desde 2013 (porque era lo que señalaba entonces la jurisprudencia) o a los que solo se les concedió el dinero desde esa fecha y no apelaron en el proceso, ahora podrán acudir de nuevo a los tribunales.

Cosa juzgada

El segundo asunto español revisado por Luxemburgo se refiere a un préstamo hipotecario de Ibercaja en el que se ejecutó la hipoteca por falta de pago de los prestatarios. Uno de estos pidió que se le devolviera lo que había pagado de más por cláusulas de intereses de demora y suelo consideradas abusivas, cuando el inmueble se encontraba en procedimiento de ejecución y ya había sido subastado. El caso, por tanto, supone directamente un choque con los principios de cosa juzgada y preclusión, porque el contrato ya había sido verificado al principio del procedimiento. El TJUE asegura que “el Derecho de la Unión se opone a una legislación nacional que, debido al efecto de cosa juzgada y a la preclusión, no permite al juez examinar de oficio el carácter abusivo de cláusulas contractuales en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria”. La Gran Sala reconoce la importancia de esos principios para garantizar la seguridad jurídica, pero pone en duda la manera en que se aplican en España.

El criterio de la justicia europea es que el consumidor debe poder reclamar el carácter abusivo de las cláusulas cuando el asunto ya ha sido visto, pero “la resolución judicial en que se despacha la ejecución hipotecaria no contiene ningún motivo, siquiera sucinto, que acredite la existencia de ese examen [de abusividad] ni indica que la apreciación efectuada por dicho juez al término de ese examen no podrá ya cuestionarse si no se formula oposición dentro del referido plazo”. Lo que viene a decir, por tanto, es que no se puede considerar que sea una cosa juzgada si el consumidor no tiene certeza de que el juez ha revisado específicamente esas cláusulas y ha deliberado sobre ellas. El TJUE, en este caso, sí limita los efectos en cuanto a la subasta del inmueble. “El juez ya no puede proceder a un examen del carácter abusivo de cláusulas contractuales que llevase a la anulación de los actos de transmisión de la propiedad y cuestionar la seguridad jurídica de la transmisión de la propiedad ya realizada frente a un tercero”, sostiene la nota del tribunal europeo. Pero agrega que “no obstante, en esa situación, el consumidor debe poder invocar, en un procedimiento posterior distinto, el carácter abusivo de las cláusulas (...) con el fin de obtener la reparación del perjuicio económico causado”.

El fallo, estima la asociación de consumidores financieros Asufin, “da un portazo a la cosa juzgada si esta daña el interés del consumidor”. La organización ha celebrado los nuevos pronunciamientos europeos. “Es una gran noticia que va en la dirección de reforzar la protección de los consumidores, desamparados muchas veces ante sentencias en firme que son realmente complejas de revisar y que pueden incorporar interpretaciones sesgadas del Derecho de la Unión”, sostiene la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, en un comunicado remitido a los medios. La patronal bancaria AEB ha indicado que esperará a estudiar las sentencias “en detalle” antes de emitir una valoración. Fuentes bancarias, bajo condición de anonimato, indican que “la realidad es que [el fallo europeo] abre la posibilidad a que un juez que ya ha dictado sentencia pueda reabrir el caso”, aunque remarcan que “no es algo automático”. “No pensamos que se reabra un aumento de la litigiosidad”, concluyen.

La agenda de Cinco Días

Las citas económicas más importantes del día, con las claves y el contexto para entender su alcance.
RECÍBELO EN TU CORREO

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

José Luis Aranda
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_