Cae una red criminal que operaba desde un prostíbulo de Elche creando empresas para estafar a Hacienda y regularizar inmigrantes

La policía ha desarticulado una banda criminal que se dedicaba a crear empresas pantallas para defraudar a Hacienda y a la Seguridad Social. La mayor parte de las empresas tenían la sede social en un prostíbulo de Elche, ubicado en un domicilio particular. Dedicadas oficialmente “al calzado, a los metales, a la alimentación...”, eran sociedades fantasma constituidas y abandonadas por un empresario ilicitano, el propietario de la vivienda, para realizar facturas falsas a empresas que buscaban defraudar a Hacienda. “Se trata de un ciudadano con antecedentes policiales por estafa, un estafador profesional”, en palabras de los investigadores de la Policía Nacional, que le detuvieron el mes pasado como cabecilla de una red de más de cien personas creada para estafar a la Seguridad Social y regularizar a inmigrantes. “Les conseguían papeles por entre 3.000 y 6.000 euros”, han explicado los agentes de la UCRIF (Unidad contra redes de inmigración y falsedades documentales) en rueda de prensa este martes.

Entre los 125 detenidos —la mayoría españoles— en esta operación desarrollada en cuatro fases y centrada en Elche, hay un funcionario público de la Agencia Tributaria, “que facilitaba la información al principal detenido de bases de datos y le advertía de si él o alguna de esas falsas empresas estaban siendo investigadas a cambio de importantes cantidades de dinero”, han señalado los responsables de la investigación. A los detenidos se les acusa de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigración ilegal, fraude a las prestaciones de la Seguridad Social y delitos relativos a la prostitución.

El empresario en cuestión, se valía además de un bufete de abogados, ubicado en la misma localidad alicantina, para gestionar tanto la creación y el cierre de sus presuntos negocios como los documentos de los inmigrantes. Tanto el presunto empresario y propietario del prostíbulo como el funcionario “llevaban un alto nivel de vida que contrastaba con su actividad”, han señalado.

Los investigadores aseguran que la organización operaba desde hace, “al menos, cinco años”, por lo que no se atreven a realizar una estimación del monto del fraude. Sin embargo, en los 12 registros domiciliarios que realizaron intervinieron 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas y 112.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial ficticia utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilícita. Además, han sido bloqueadoas un total de 80 cuentas bancarias con un saldo superior a los 200.000 euros, 24 vehículos y se ha anotado la prohibición de enajenar, disponer, o gravar un total de diez propiedades inmobiliarias en la provincia de Alicante, la mayor parte de ellas propiedad del empresario y del funcionario, según han revelado los investigadores.

Empresas inexistentes

La investigación se inició en octubre del 2020 cuando se tuvo conocimiento que un supuesto empresario podría estar cometiendo diferentes delitos como estafas, falsedades documentales y blanqueo de capitales con la presunta colaboración de un despacho de abogados. Los investigadores comprobaron que las empresas a las que se encontraba vinculado como apoderado o administrador, no tenían forma de ser localizadas ni física ni virtualmente: “No existían”.

Posteriores gestiones policiales detectaron también que el supuesto empresario se reunía asiduamente con otras dos personas vinculadas con un despacho de abogados, y que posteriormente resultaron ser, presuntamente, miembros activos de la organización criminal. Los investigadores pudieron conocer que la organización criminal, con el asesoramiento y participación de ese bufete, “se dedicaba a la creación de empresas ficticias con un doble objetivo, confeccionar facturas falsas a empresas, que eran utilizadas para llevar a cabo diferentes fraudes a la hacienda pública y para regularizar migrantes de manera fraudulenta”, describe la nota policial.

Las empresas ficticias facilitaban a los migrantes tanto documentación como contratos y ofertas de trabajo para, así, realizar los trámites de obtención o renovación de permisos de residencia. Además, emplearon una de las empresas ficticias para obtener un crédito ICO de 40.000 euros y otro crédito rápido solicitado a una entidad bancaria de 18.000 euros, con la connivencia de empleados del banco, que sabían que jamás se iba a devolver ese dinero.