La deuda de la zona euro baja al 95,6% del PIB por el mayor crecimiento y la rebaja del déficit
España, con un déficit del 6,9%, figura entre los países con un mayor desequilibrio presupuestario
![El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el Comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/DKREOTLVETJSY7F5UQTNTYE3EE.jpg?auth=334c2736d397f627e3a45d5e1321db524e71d08666167929a557785625cb1646&width=414)
![Manuel V. Gómez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F35da2825-f57d-4697-a034-3c552d3e6d5e.jpg?auth=b4278e49484bebabdaca8c21a69f76b9a4c0f1d65b98b0eeac8690c84a7eb805&width=100&height=100&smart=true)
El agujero que abrió la pandemia en las cuentas públicas tardará tiempo en cerrarse. En 2021 comenzó a rebajarse algo. En la zona euro, el ejercicio se cerró con un volumen total de deuda equivalente al 95,6% del producto interior bruto (PIB), 1,6 puntos porcentuales menos que en 2020, y el déficit anual acabó en el 5,1% del PIB, dos puntos menos, según los datos que ha publicado Eurostat este viernes. Las cifras son algo mejores en el conjunto de la Unión Europea, un 88,1% y el 4,7% respectivamente.
Esta ligera mejora de las cuentas públicas llega desde dos lados: un menor desfase entre ingresos y gastos y la recuperación económica. El primero se ve en esa reducción del déficit de dos puntos, un esfuerzo en el que han destacado países como Lituania o Polonia, con rebajas muy significativas, de 6,3 y 5 puntos, respectivamente. También España ha hecho un esfuerzo importante al pasar del 10,3% de déficit en 2020 al 6,9% del año pasado, una rebaja en línea con la de países como Croacia, Chipre o, algo menos, Portugal. Pero esta rebaja española no le vale para salir del furgón de cola de los países que, año tras año, figuran entre los que tienen un mayor desequilibrio, junto a Grecia (7,3%), Letonia (7,3%) o Italia (7,2%).
Por el otro lado, la mejora económica ha permitido reducir el volumen total de ayudas que se concedieron el año pasado para amortiguar el impacto de las medidas que imponían las autoridades para frenar los contagios. Aunque las nuevas variantes del coronavirus llevaron a decretar restricciones a la actividad económica que frenaron la recuperación más de lo previsto, como se vio con ómicron a finales del año, el desembolso fue menor que en 2020. Valga el ejemplo español con los ERTE: si en 2020 los afectados por ERTE llegaron hasta los 3,5 millones y estuvieron buena parte del año por encima del millón, esto no pasó en 2021, con lo que el gasto total fue bastante menor. El gasto del SEPE hace dos años pasó de los 40.000 millones y en el último ejercicio no llegó a 35.000 millones.
Además, hay otro elemento de la propia recuperación mantenida, por lo menos, hasta que ha comenzado la guerra en Ucrania. Al crecer la economía, la base sobre la que se calculan los ratios de deuda y déficit sobre PIB son mayores y, por tanto, el resultado final también es mejor. Eso explica que pese a que el volumen total de deuda haya aumentado en la zona euro de 11,1 billones a 11,7 billones, el ratio respecto del PIB disminuya en 1,6 puntos.
Las previsiones para 2022 eran que el saneamiento de las cuentas públicas continuara. Pero a finales de febrero comenzó la invasión rusa de Ucrania, con todas las implicaciones que está teniendo para la economía en el resto del continente. Las sanciones impuestas hasta ahora por la Unión Europea han tenido algún efecto contraproducente, si bien han causado un golpe mucho menor que el propinado a Rusia. Este escenario puede cambiar significativamente si la guerra no acaba rápido y los socios comunitarios deciden incrementar el castigo con vetos al petróleo o el gas, algo que podría llevar a la recesión a Alemania, con todas las implicaciones que eso tiene sobre el resto de economías europeas.
Pero además de las sanciones y sus contraindicaciones, Europa también está sufriendo el alza de precios de la energía, algo que la guerra ha agravado. La situación ha llevado a los Gobiernos a reaccionar como lo hicieron con el coronavirus, es decir, saliendo al rescate con ayudas directas, rebajas impositivas o créditos blandos, lo que, probablemente, se traducirá en una ralentización en el saneamiento de las arcas públicas. Las consecuencias de este nuevo escenario económico sobre la política fiscal se aprecia con claridad en el debate que se mantiene en la Unión Europea sobre si conviene o no mantener en vigor la suspensión de las reglas fiscales, algo que se puso en marcha en 2020 al explotar la pandemia para dar margen al gasto público y que apuntaba a su fin para las cuentas de 2023. Ahora pocos dudan de que eso no será así y que el año que viene todavía continuará activa la llamada cláusula de escape, que permite mantener el déficit por encima del umbral del 3%.
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