La sombra de la expropiación planea sobre la nueva gran inversión del Cádiz CF

Muchos meses después de que Delphi anunciase el cierre y el despido de 1.600 trabajadores de la bahía de Cádiz, parecía que no había pasado el tiempo por los exteriores de la factoría automovilística. Hicieron falta ocho años para que los jaramagos se adueñasen de los otrora impolutos jardines de la fábrica y fue entonces, allá por 2016, cuando se convirtió en la viva imagen de la desolación social y económica que ya había comenzado con el cerrojazo de 2007. Inundados por la vegetación y el óxido, los terrenos parecían abandonados a su suerte hasta que el pasado 25 de marzo el Cádiz Club de Fútbol anunció la compra del mayor símbolo del fracaso industrial gaditano para construir una ciudad tecnológica del deporte. Pero el proyecto nace bajo la sombra de una expropiación inminente que convertirá la gran inversión del equipo de fútbol en un complejo pleito —previsiblemente, judicial— con el puerto de Cádiz.

Ni siquiera ha habido que esperar mucho para que la inversión se convierta en un entuerto. Este miércoles, apenas 12 días después del anuncio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) —firmada por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez— que convierte los terrenos de Delphi y otros adyacentes en espacios de dominio público portuario con fines logísticos. Ese cambio de uso es el paso inicial de un proceso de expropiación que el Cádiz C.F. ya ha dicho que “recurrirá” ante el Ministerio, según un comunicado publicado tras la publicación del BOE. Sin embargo, fuentes cercanas a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) aseguran que “no existe mucho margen de maniobra”, más allá de la toma de posesión de los terrenos por su parte. “Hay un tránsito de unos meses. Conlleva una expropiación por justiprecio, mediante un acuerdo con el propietario. En caso de que no haya acuerdo, ya sería necesario recurrir a la mediación judicial”, apunta la misma persona, en referencia a un pleito que ya iría aparentemente contra su nuevo dueño, el club de fútbol.

Lo cierto es que este revés no pilla al Cádiz C.F. de improviso, sino que la entidad “ha sido conocedora en todo momento de la situación”, según ha explicado también en el mismo comunicado. De hecho, la APBC ya informó hasta en dos ocasiones al Juzgado de lo Mercantil número uno de Cádiz —encargado del proceso concursal de Delphi— de la reserva de suelo que pesaba sobre los terrenos ubicados en el polígono industrial Trocadero de Puerto Real, algo que incluso se le transmitió al club en el momento de firmar las escrituras, según ha adelantado la Cadena SER. El interés del puerto gaditano comenzó allá por 2017 con las primeras negociaciones de compra entre la APBC y el administrador concursal de Delphi, Adalberto Cañadas, que no fructificaron a cuenta del precio de venta. Puertos del Estado autorizó a la infraestructura gaditana a realizar una oferta cercana a los 2,8 millones de euros por los 266.761 metros cuadrados de la factoría, basada en la tasación que realizó la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio. Pero el administrador —gestor de una deuda cercana a los diez millones de euros—, rechazó la oferta hasta en tres ocasiones, ya que la valoración realizada a sus instancias marcaba un importe mucho mayor: 6,7 millones de euros.

Ante la falta de acuerdo, el puerto gaditano inició en 2019 el proceso de expropiación forzosa que implica la nueva DEUP, justificada en el agotamiento del suelo portuario que sufre la infraestructura y que les impedirá seguir creciendo en la zona industrial de La Cabezuela. No ha sido un trámite sencillo. Tras diversos informes y plazos —de exposición pública o de justificación de utilidad—, la firma de la ministra supone un cambio de uso, a público portuario, para una manzana que incluye 40 hectáreas, entre la superficie de Delphi y 166.462 metros cuadrados de otros suelos aledaños que, además de la propia expropiación, tiene difícil combinación con el proyecto pretendido por el Cádiz. “Esto es suelo logístico y su proyecto no encaja”, apunta la misma fuente cercana a la APBC, en referencia a una nueva área a la que se pretende conectar con vía férrea hasta la estación de Las Aletas.

Y no son las únicas dudas que envuelven al proyecto Sportech City, pese al triunfalismo que mostró el presidente del club, Manuel Vizcaíno, durante su presentación el pasado 28 de marzo. En la presentación del proyecto, el Cádiz no quiso aclarar por cuánto había cerrado la operación de compraventa, ni plazos de ejecución. Con todo, en estos días se ha sabido que la entidad pagó 2,7 millones de euros, importe algo menor que el que ofreció la APBC al administrador concursal y que este rechazó. Además, el Ayuntamiento de Puerto Real ha confirmado a EL PAÍS que el pasado 23 de marzo ya recibió otros 1,7 millones de euros que se le adeudaban en concepto de IBI, requisito necesario para vender la propiedad libre de cargas. Lo que sí se puntualizó en la presentación es que la inversión total de esa ciudad del deporte —con espacios para empresas tecnológicas y campos de entrenamiento o eventos— rondaría los 100 millones de euros. Ese dinero procederá del fondo británico CVC, después del pacto alcanzado por LaLiga por el que los clubes adscritos se repartirán hasta 1.994 millones de euros, a cambio del 8,2% de los beneficios de la comercialización de la competición.

La gestión de estos fondos ha generado diversas suspicacias relatadas en la prensa local, después de que Vizcaíno anunciase que el proyecto se materializará con el fondo de inversión Gades Sport Technology, gestionado a su vez por la empresa Mar Oceana Venture Capital Invesments Sgeic, S.A. Esta última compañía aparece como registrada el pasado 15 de noviembre con un capital social de 150.000 euros y con sede en un austero local de la calle Los Moros de El Puerto de Santa María. El domicilio coincide con el que tiene Social Muving S.L., una empresa de alquiler de motos eléctricas que se declaró el pasado verano en concurso de acreedores con una deuda de seis millones de euros y cuya flota de 200 vehículos languidece en un solar de la Zona Franca de Cádiz, según ha desvelado el medio La Voz de Cádiz.

La vía Los Moros también fue dirección de Velocípedo Torrot, S.L., una empresa que prometió una inversión de 16 millones en fabricación de motos eléctricas en Cádiz, hasta que la firma cambió de manos y su nuevo administrador reconoció que el proyecto era inviable económicamente. Tras esos dos fracasos está vinculado el nombre del empresario Rafael Contreras, actual vicepresidente del Cádiz C.F. De hecho, en el consejo de administración de Mar Oceana aparecen colaboradores de Contreras desde los tiempos de su presidencia de Carbures —hoy, Artificial—, empresa que fundó y presidió, hasta que abandonó su consejo de administración en diciembre de 2020 para centrarse en una nueva firma de espinilleras de fibra de carbono. Incluso la entidad que ha comprado los terrenos de Delphi, Indanspo, está vinculada a Manuel Ignacio Díaz Charlo, hombre de confianza de Contreras y que ha estado ligado a empresas como Social Muving.

En la presentación de la ciudad tecnológica, fue el propio Contreras el encargado de desgranar parte el proyecto y en apuntar la inversión total que debería suponer. Entusiasmado, Vizcaíno fue más allá y mostró su confianza en que su Sportech City se convertirá “en uno de los motores empresariales de generación de empleo y valor de la provincia de Cádiz”. Tras el anuncio, políticos de uno y otro color y de distintas administraciones se han apresurado a valorar la supuesta inversión que está por venir con mayor o menor entusiasmo. Frente a tanta verborrea, el puerto ha anunciado este miércoles que la nueva DEUP marca el inicio de su toma de posesión de los terrenos. Frente a eso, el Cádiz asegura que sigue adelante con su plan. El choque legal parece inevitable. Mientras, los jaramagos, pintadas y ventanas rotas en Delphi ya sí hablan al unísono de un fracaso industrial que sigue sin resolverse 15 años después.