Hacienda se abre a una rebaja fiscal a los carburantes a la espera de cambios en la UE

Tras la electricidad, llega el turno de la gasolina y el diésel. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tomado este lunes el testigo de la Conferencia de Presidentes, que la víspera acordó “intensificar las rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía” —sin mayor concreción—, y ha abierto la puerta a una rebaja fiscal de la gasolina y el diésel. “Vamos a estudiar un paquete de medidas, algunas de ellas pasarán por revisar a la baja la fiscalidad de algunos sectores o productos que estén claramente impactados por el incremento de la inflación (...). Con eso avanzo bastante respecto a la actitud del Gobierno”, ha deslizado. El 45% del precio final del gasóleo en los surtidores y casi el 50% del de la gasolina son impuestos. Ambos carburantes están en máximos históricos desde antes de que Rusia invadiese Ucrania, pero la agresión de Vladímir Putin ha agravado aún más el problema.

Las dos principales figuras fiscales que gravan los carburantes son el IVA y el impuesto especial sobre los hidrocarburos. En el primer caso, como reconocen fuentes de Hacienda, ni la gasolina ni el gasóleo forman parte del listado de bienes a los que el Ejecutivo puede aplicar tipos reducidos de este impuesto (hoy, en el 21%, con una cuota que se ha disparado exponencialmente en los últimos meses en paralelo al alza en el precio de los combustibles y que pasaría al 10% en caso de salir adelante la rebaja), por lo que tendrá que esperar a que Bruselas dé su brazo a torcer en las próximas semanas. De producirse, la negociación coincidiría con las conversaciones entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las autoridades europeas para desligar los precios de la luz de la escalada del gas natural.

En el segundo caso, el del tributo especial —una cuota fija de 47 céntimos de euro por litro de gasolina y de 38 en el diésel—, España sí podría bajarlo sin necesidad de encomendarse al Ejecutivo comunitario. Solo, eso sí, hasta el umbral mínimo que fija la propia Comisión Europea. Lo mismo ocurre en el caso de la luz, un apartado en el que en España ya se paga el 10% de IVA y el 0,5% de impuesto especial desde el inicio de la crisis energética, y en el que ya no hay más margen de maniobra para rebajas.

Los carburantes son una enorme fuente de recaudación de impuestos para la hucha pública: tanto para la estatal como para la de las comunidades autónomas. Históricamente, sin embargo, España está entre los países de la UE en los que menor carga fiscal soportan tanto la gasolina como el diésel. Y la gran diferencia con el resto está, fundamentalmente, en el apartado de especiales, sustancialmente más bajos que en la mayoría de socios del bloque monetario.

El Ministerio de Hacienda, no obstante, supedita cualquier decisión concreta a la “ronda de conversaciones con los partidos” políticos y con los agentes sociales, que abrirá en los próximos días. “Tenemos que ser cautos a la hora de anticipar ningún tipo de medida hasta que no esté dialogada y consensuada”, ha dicho Montero en el Senado. En la misma línea, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reconocido que la rebaja de la fiscalidad sobre los combustibles es “una de las variables” encima de la mesa en estos momentos. “Nos encontramos en un momento excepcional y habrá que tenerlo en cuenta”, ha subrayado después de que los representantes de los agricultores clamasen contra el aumento de costes de la energía y de que algunas flotas pesqueras hayan anunciado que no saldrán a faenar porque no les es rentable.

Sin tocar directamente la fiscalidad, otros países de los Veintisiete, como Francia, han anunciado recientemente descuentos —en el caso del país vecino, de 15 céntimos por litro— sufragados con dinero público. El objetivo es el mismo: tratar de hacer más llevadera la situación para el bolsillo de los ciudadanos. El otro gran líder del bloque, Alemania, también sopesa tomar acciones en la misma dirección, según ha adelantado este lunes el ministro de Finanzas, Christian Lindner.

Negociación europea para frenar la escalada de la luz

Se avecinan 10 días de vértigo en las altas instancias europeas para tratar de alumbrar un esquema que permita desligar los precios de la luz de los del gas natural, y España se la juega de manera especial. Tras conseguir la semana pasada que la Comisión Europea asumiese parte de sus postulados, Sánchez tratará de recabar apoyos en varias capitales del bloque para llegar a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de finales de mes.

“El 24 y 25 de marzo [la fecha en la que se celebra esa cita] nos jugamos mucho: topar o desacoplar el precio del gas y de la electricidad”, ha deslizado el presidente español en una entrevista en La Sexta. “Hay una amplia mayoría de países de todos los colores políticos que aprueban la propuesta de España”. Sánchez también ha achacado la muy reciente distensión en los precios del gas, que parecen haber dejado atrás los máximos alcanzados en los primeros días tras la guerra, a la amenaza de intervención de los precios del gas. “El mercado está descontando que la UE muy probablemente intervenga los precios del gas”, ha dicho.

Fuentes gubernamentales subrayan que la voluntad del Ejecutivo es apurar al máximo el margen de negociación para lograr un consenso antes de tomar cualquier movimiento unilateral. Pero, a estas alturas, nadie descarta que si la ronda con el resto de países no da los frutos esperados y Berlín —el más beligerante con los topes de precios— mantiene su negativa a remar en esa dirección, Madrid acabe desmarcándose y tomando sus propias medidas. España es uno de los más expuestos a la escalada de la luz en el mercado mayorista, dado que más de uno de cada tres hogares tiene un contrato que bebe directamente de él.

Más allá de esas conversaciones con el resto de socios europeos, el Gobierno español prepara para las próximas semanas cambios en el modelo de financiación del bono social, la ayuda que reciben los consumidores más vulnerables y las familias numerosas. Tras tres varapalos del Tribunal Supremo en los últimos años, está siendo el Estado y no las eléctricas —como estaba dispuesto en las sucesivas legislaciones— el que está teniendo que hacer cargo ex post de estas subvenciones, que fluctúan entre el 60% y el 70% en función del grado de fragilidad de cada hogar.