La Fiscalía de Málaga abre diligencias contra Braulio Medel, presidente de la Fundación Unicaja

La investigación responde a la denuncia presentada por la Confederación Intersindical de Crédito, que le acusa de apropiación indebida y administración desleal

Braulio Medel, presidente de la Fundación Unicaja.
Braulio Medel, presidente de la Fundación Unicaja. Manuel Casamayón

La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación penal contra el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, institución que ejerce como principal accionista de Unicaja Banco. El trámite se ha puesto en marcha después de que el pasado mes de enero la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) presentara una denuncia acusando a Medel de los delitos de apropiación indebida y administración desleal. La plataforma Salvemos Unicaja también le denunció en diciembre ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha trasladado la denuncia a Málaga, sin que el ministerio fiscal malagueño haya dado ningún paso todavía. En 2015, Medel fue imputado por la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE, aunque finalmente fue absuelto.

El ministerio público ha solicitado que se incoen “las oportunas diligencias de investigación” para esclarecer los hechos denunciados, así como conocer “la presunta responsabilidad de las personas que intervinieron en ellos”, según el documento de la Fiscalía de Málaga al que ha tenido acceso EL PAÍS. El fiscal estudiará los delitos que, desde el punto de vista de CIC, supuestamente cometió el actual presidente de la Fundación Unicaja, institución que posee el 30,24% de Unicaja Banco y es su mayor accionista. Como ha adelantado El Confidencial, la denuncia de la organización sindical relata, por un lado, el presunto cobro de dietas de forma irregular de Medel por la asistencia a consejos de administración de varias compañías. Y recuerda que el Banco de España abrió expediente por haber cobrado hasta tres millones de euros en dietas entre 2007 y 2011 como consejero y asesor de Iberdrola.

Por otro lado, el documento presentado por CIC considera la existencia de un pago de un millón de euros desde la entidad bancaria a sociedades cercanas a la Asociación de Usuarios y Servicios Bancarios (Ausbanc) para que, en teoría, retirase la imputación del banquero en el caso de los ERE de Andalucía. Aquella operación económica quedó probada en el juicio del denominado Caso Ausbanc y el responsable de la entidad, Luis Pineda, fue condenado a ocho años de prisión por este y otros hechos. Medel salió intacto, a pesar de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional consideró que tuvo un “papel activo” en los hechos. Es la razón principal por la que Salvemos Unicaja presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que derivó el caso a la de Sevilla y esta, a la de Málaga, que aún lo estudia.

La Fundación Unicaja ha explicado este miércoles a través de una nota de prensa que “el inicio de unas diligencias de investigación consecuentes a la recepción de una denuncia, no supone, en ningún caso, que lleve aparejada una valoración de la relevancia de la conducta denunciada, ni tan siquiera de la verosimilitud de los hechos formulados”. En el documento, la entidad presidida por Medel explica que su pertenencia a diversos consejos de administración entraba dentro de “la plena legalidad”, como resolvió la consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, que archivo las actuaciones iniciadas por el Servicio de Inspección Financiera de la administración andaluza. Además, sostiene que la Audiencia Nacional ya estudió los pagos de Unicaja a Ausbanc “sin que se apreciase por tales hechos responsabilidad de ningún género respecto de persona alguna”.

La apertura de diligencias de investigación al presidente de la Fundación Unicaja suma otro problema a una entidad que vive meses convulsos, como también ha ocurrido con Unicaja, a pesar de que sus resultados siguen siendo positivos y en 2021 obtuviera un beneficio de 137 millones de euros, un 47% más que el año anterior. Trabajadores y sindicatos participaron en noviembre pasado de la primera huelga en la historia de la compañía. Lo hicieron como protesta y en desacuerdo por las condiciones planteadas de inicio por la empresa en la negociación del expediente de regulación de empleo para la salida de 1.513 empleados y el proceso de cierre de 395 oficinas, pacto que finalmente se cerró en diciembre.

En sus protestas, plantilla y sindicatos incluían una creciente sensación de la pérdida de poder de Unicaja frente a Liberbank tras la fusión de ambas el verano pasado y a pesar de que la andaluza es la mayoritaria en el consejo de administración. Es lo que también plantearon varios patronos de la Fundación Unicaja más tarde, cuestionando que Manuel Menéndez, consejero delegado procedente de Liberbank, haya adquirido más poder del que, creen, le corresponde, lo que le ha enfrentado al presidente del banco, Manuel Azuaga.

Representantes de distintos partidos políticos también manifestaron sus dudas e incluso llegaron a formar parte de la plataforma Salvemos Unicaja, presidida por Pedro Moreno Brenes —nuevo letrado del Tribunal Supremo y exportavoz del grupo municipal Izquierda Unida en Málaga—. El PP, que en un principio se sumó, a final se echó a un lado. Un manifiesto publicado por Salvemos Unicaja recordaba que Medel intentó vender Unicaja al Banco Santander “para garantizarse un puesto en el consejo de administración de uno de los grandes”, según el documento.

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