Qué podemos llegar a hacer con nuestro sistema fiscal

En 2014, se hizo público el denominado informe Lagares. Ocho años después, se ha publicado el Libro blanco sobre la reforma tributaria, en este caso, dirigido por el profesor Jesús Ruiz-Huerta. Si el primero tenía 444 páginas, el actual llega a las 786. Por tanto, la asimilación de su contenido no puede ser inmediata. El informe Ruiz-Huerta es algo más ambicioso que el anterior por la profundidad de su diagnóstico inicial ―acorde con la naturaleza del mandato del ejecutivo central―. Tal diagnóstico debería ser de lectura cuasi-obligatoria para cualquier ciudadano español, pues, al fin y al cabo, se trata de conocer el estado de nuestras finanzas colectivas.

El actual informe es más extenso que el anterior por, precisamente, el diagnóstico previo que realiza, pero también por poner sobre la mesa nuevos temas, como el de la imposición de la economía digitalizada y el de las actividades emergentes, o el del fomento del emprendimiento y de la innovación vía el sistema tributario. Es curioso que al comité de expertos se le pidiera también la formulación de propuestas sobre el timing en la adopción de las reformas. Al respecto, el informe propone no acometer las reformas (118, siete menos que las incluidas en el informe Lagares) hasta que la recuperación económica se haya asentado y, en cualquier caso, hacerlo de manera gradual.

Y así lo propone porque uno de los resultados que subyace es la necesidad de incrementar la suficiencia financiera de nuestro sistema tributario en el largo plazo. Tal necesidad se justifica por las necesidades de gasto en servicios básicos tales como la sanidad y la educación, así como por la carga de la deuda pública. Aquí, no obstante, igual el informe debería haber sido más cauto, puesto que, por un lado, como en él se indica, “cualquier sistema tributario debe ir de la mano de las necesidades de gasto público expresadas por los ciudadanos a través de las instituciones democráticas”. Esto es, las necesidades de gasto público no es algo que deba tomarse como dado. Y, por otro lado, la sostenibilidad de la deuda puede venir tanto por un mayor nivel de ingresos como por un menor nivel de gasto público. En cambio, sí parece objetiva la necesidad de acometer reformas fiscales de carácter medioambiental, que el informe también trata, pues el estado de nuestro medioambiente parece aproximarse a un punto de no-retorno en ausencia de una intervención pública decidida.

La prolijidad del informe hace imposible una valoración global del mismo, aunque, como ya hemos dicho, su mera puesta a disposición de la sociedad española debe ser bienvenida. Hay aspectos interesantes tales como la propuesta de creación de un impuesto negativo de la renta para incentivar la participación en el mercado laboral entre los estratos de renta baja; o la eliminación de los tipos reducidos de IVA. Sobre estos aspectos, no hay duda apenas en la literatura. También, de manera interesante, se propone la creación de una Unidad permanente de análisis del cumplimiento tributario, la cual —se intuye— debería, entre otras funciones, estimar la brecha fiscal, esto es, la recaudación que no se recauda por el fraude. Sin duda, ello es fundamental para dirigir los esfuerzos de la administración para reducir el fraude, así como, indirectamente, favorecer el cumplimiento fiscal voluntario.

En definitiva, leamos el informe, decidamos el nivel de prestación de servicios públicos que deseamos y acabemos evaluando y cuantifiquemos de manera integral (según la terminología del propio informe) el conjunto de propuestas para llegar a alcanzar el nivel de suficiencia que hayamos decidido compatible con la equidad y eficiencia del sistema. Como siempre, la teoría es más fácil que la práctica, pero ahora, cuanto menos, ya tenemos un diagnóstico de nuestro sistema.

Alejandro Esteller Moré es catedrático de Economía (UB) e Investigador del IEB.