El Consejo de Economistas propone suprimir el impuesto sobre el patrimonio

El organismo cree que ahora no es el momento para una subida fiscal

Una sede de la Agencia Tributaria.
Una sede de la Agencia Tributaria.

Eliminar el impuesto sobre el patrimonio, revisar los beneficios fiscales y analizar los regímenes especiales. Estas son algunas de las propuestas avanzadas este jueves por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE), en un encuentro organizado a pocos días de que el comité para la reforma fiscal nombrado por el Ministerio de Hacienda presente sus conclusiones. En todo caso, el organismo aconseja que no se suban impuestos en un momento aún delicado por la crisis económica provocada por la covid.

“Convendría plantearse seriamente la eliminación del impuesto sobre el patrimonio porque en la actualidad ha perdido potencia recaudatoria, al no aplicarse en todas las comunidades, y porque en Europa solo está vigente, además de en España, en Suiza y en Noruega”, ha apuntado el presidente del CGE, Valentín Pich. En cambio, ha sugerido que este tributo se convierta en una declaración informativa para patrimonios que superan un determinado umbral, que asumiría el modelo 720 de bienes en el extranjero al que la justicia comunitaria acaba de infligir un duro revés por las elevadas sanciones que contemplaba.

El impuesto sobre el patrimonio, como el de sucesiones y donaciones, está cedido a las comunidades, que pueden aplicar diferentes bonificaciones y deducciones. De hecho hay grandes diferencias entre autonomías, al punto que la intención del Gobierno de armonizar los tributos cedidos en la futura reforma fiscal ha dado lugar a un pulso entre el Ejecutivo y gobiernos regionales como el madrileño. Madrid es la única comunidad que bonifica del 100% el impuesto sobre el patrimonio y rechaza cualquier cambio que implique una homogeneización al alza.

En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, el REAF-CGE aconseja que, en caso de mantenerlo, se armonice su normativa hasta llegar a la base liquidable, y se deje a las comunidades capacidad normativa para fijar los tipos impositivos, pero dentro de un rango. “Armonizar no significa subir impuestos”, ha advertido el presidente del REAF, Agustín Fernández, que ha defendido buscar un “equilibrio” entre las normativas gubernamental y autonómica. En el mismo sentido se ha pronunciado Carmen Jover, vocal del organismo: “Creemos que este momento, en el que estamos saliendo de una crisis económica, no es el más adecuado para subir los impuestos”.

Sugerencias

En términos generales, y sobre todo en materia de IRPF, el organismo aconseja evaluar si los regímenes especiales y los beneficios fiscales actualmente reconocidos consiguen efectivamente los objetivos por los cuales se diseñaron. Propone además revisar la aplicación de los mínimos personales y familiares y tener en cuenta el efecto de la inflación en el cálculo de las pérdidas y ganancias. Respecto al IVA, los economistas sugieren en primer lugar una revisión de las exenciones para ver si hay margen para ampliar las bases, así como un análisis exhaustivo de bienes y servicios a los que se aplican tipos reducidos y superreducidos.

También proponen revisar los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades y, una vez superada la crisis, limitar la exención de dividendos de filiales en el exterior, así como revisar “disfunciones” como las restricciones a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores o los coeficientes de amortización de inmovilizados. Asimismo, plantean poner en marcha una deducción vinculada al incremento y mantenimiento de plantilla y mejorar el incentivo a la creación y aportación a planes de empleo.

Otra de las propuestas pasa por meter orden en los impuestos autonómicos y unificar los impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica y Determinados Medios de Transporte, que recomiendan modular en función de las emisiones. En materia de tributos verdes, abogan por incentivar comportamientos positivos, y a la vez compensar a los colectivos vulnerables por eventuales incrementos de la presión fiscal ambiental.


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