La Xunta impulsa multas al Gobierno por el vaciado de embalses de las eléctricas

La nueva pugna entre la Xunta y el Gobierno central se libra con las compañías eléctricas de por medio. El Ejecutivo del popular Alberto Núñez Feijóo pretende multar con 100.000 euros a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, por el vaciado que el pasado verano realizaron Iberdrola y Naturgy en los embalses gallegos de Cenza, As Portas, Salas y Belesar. La polémica operación impulsada por estas empresas para producir electricidad barata con el precio de la luz disparado fue investigada también por el propio organismo gubernamental, pero sus conclusiones fueron muy diferentes. Aquel expediente informativo dictaminó, al contrario que el de la Xunta, que las concesionarias no vulneraron ninguna normativa.

La Consejería de Medio Ambiente sí propone sanciones para las eléctricas. Acusa a las compañías de ejecutar un desembalse que puso en peligro especies piscícolas y de impedirle tomar medidas para evitar daños ambientales al no notificarle la operación. Para Naturgy, concesionaria de los pantanos de Belesar y Salas, el expediente autonómico plantea una multa de 50.000 euros, idéntica cantidad que en el caso de Iberdrola, gestora de las presas de Cenza y As Portas. La consejera Ángeles Vázquez ha afirmado este martes que el vaciado de los cuatro embalses ubicados en las provincias de Lugo y Ourense respondió únicamente a razones “económicas” y ha llegado a acusar al Gobierno de “ir de la mano de las empresas” con el fin de evitarles un castigo.

El Gobierno central ha entrado al choque. El Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica, ha acusado a Feijóo de “utilizar el agua como arma de demagogia política” y ha anunciado que recurrirá la propuesta de sanción. El presidente del organismo, José Antonio Quiroga, critica que el Ejecutivo autonómico haga públicas las multas planteadas “antes de que concluya el plazo para formular alegaciones” y sin esperar a que la entidad “cuente con toda la información” sobre la “tesis acusatoria” lo que, a su juicio, “puede ser causa de indefensión”.

Estos cuatro embalses gallegos no fueron los únicos que las eléctricas vaciaron de forma drástica en España el pasado verano. Iberdrola desembalsó también los pantanos de Ricobayo, en Zamora, y Valdecañas, en Cáceres. Fuentes del ministerio aseguran que en ambos casos se abrieron investigaciones, informa Ignacio Fariza, aunque no han desembocado en el anuncio de ninguna sanción. En el caso de Ricobayo, un juzgado zamorano ha abierto diligencias por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Las propuestas de sanción de la Xunta de Galicia, que imponen la máxima cuantía prevista por la ley gallega de pesca continental para una infracción administrativa grave, concluyen que tanto la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil como las eléctricas “llevaron a cabo actuaciones de desembalse alterando de modo apreciable el nivel de las aguas e incumplieron la obligación de notificación”. El vaciado, según los informes elaborados por los agentes ambientales tras visitar la zona, fue “alarmante y abrupto”, con una alteración del nivel de las aguas que llegó en algún caso al 70%.

La Xunta reprocha que el desembalse no fue notificado oficialmente porque no consta ninguna comunicación en los registros de las jefaturas territoriales de Ourense y Lugo. Al no producirse el aviso, esgrime el Gobierno gallego, “la Dirección General de Patrimonio Natural no pudo identificar las medidas que debían adoptarse para proteger a la población ictícola y los ecosistemas acuáticos”. La Confederación Hidrográfica, por su parte, alega que “nada podía hacer” para frenar el vaciado porque la normativa de entonces no lo permitía y defiende que tanto las empresas como sus técnicos sí avisaron a la Administración autonómica.

El Ejecutivo de Feijóo advierte que su batalla contra el Gobierno central y las eléctricas por el vaciado de embalses no se liquidará con estas multas. Los agentes ambientales que inspeccionaron las presas de Cenza, As Portas, Salas y Belesar no han detectado por el momento daños en los hábitats de estos parajes, pero el Gobierno gallego avanza que estará vigilante. “No es posible determinar con total seguridad que no se vayan a producir efectos negativos en un futuro, en función de la evolución de la masa de agua embalsada y del tiempo de recuperación de los niveles normales de la lámina de agua”, señalan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

El invierno en Galicia está siendo inusualmente seco, recuerda la Xunta, con un enero en el que se ha registrado un 64% menos de precipitaciones de lo habitual. En caso de que se detecten finalmente daños ambientales que se puedan atribuir al vaciado de los embalses en verano, la Ley de Patrimonio Natural de Galicia prevé sanciones de hasta dos millones de euros, advierte la Consejería de Medio Ambiente.