La economía europea también se ‘gripaliza’

Bruselas pide a los países que empiecen a retirar estímulos para evitar que proliferen empresas ‘zombis’ y propiciar que la inversión se dirija a los nuevos retos de la UE

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni (izquierda) saluda al presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe (centro) y al ministro francés de Finanzas Bruno Le Maire en el último Eurogrupo, en Bruselas
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni (izquierda) saluda al presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe (centro) y al ministro francés de Finanzas Bruno Le Maire en el último Eurogrupo, en BruselasJOHN THYS (AFP)

La “nueva normalidad” de la que tanto habló el Gobierno español podría pasar por la gripalización del coronavirus en la salud y en la economía. La Comisión Europea ha lanzado ya este mensaje al pedir a los Estados miembros que retiren con cuidado las redes de seguridad tendidas desde que en marzo de 2020 estallara la crisis de la covid-19. En pleno debate sobre la reforma de las reglas fiscales, Bruselas quiere que el dinero público deje de sostener sectores inviables para que los gobiernos se centren en los nuevos retos europeos y empiecen a sanear sus arcas públicas. No se trataría de eliminar de un plumazo el colchón puesto para las empresas, sino de ir retirándolo “gradualmente tomando en cuenta la evolución de la pandemia y la situación económica”, como dice el propio documento de la Comisión.

“El gran apoyo que hubo tiene que acabar. Estamos saliendo de la crisis. No es normal que las bancarrotas en las empresas estén en niveles más bajos que en tiempos normales”, sostiene Zolst Darvas, investigador del think tank bruselense Bruegel. Y los datos soportan sus palabras: en Francia, por ejemplo, las quiebras corporativas entre marzo y octubre de 2021 cayeron a niveles históricamente bajos, un 45% menos que en el mismo periodo de 2019 y menos que en 2020, cuando ya las cifras se habían desplomado, según un informe del Tesoro galo de este enero.

Sobre el riesgo de estar inyectando fondos públicos a empresas inactivas han advertido tanto la Comisión Europea como el BCE, que ven cómo sus temores de que hubiera una ola de quiebras no solo no se han cumplido, sino que las insolvencias han ido cayendo. Un estudio elaborado por la OCDE muestra cómo en 13 de los países miembros de la organización —incluida España— las quiebras eran hasta un 40% inferiores en el primer trimestre de 2021.

Hay más números que alientan la apertura del debate. Y en España hay signos de que esa fase de gripalización económica puede haber empezado. Ya se ha superado el nivel de empleo de antes de la pandemia; de los más de 3,6 millones de asalariados que llegaron a estar en ERTE en primavera de 2020 quedan apenas 102.548, y el 60% de las empresas que tuvieron que recurrir a un aval del Estado ya están pagando el préstamo con normalidad.

La transición llega no exenta de obstáculos. La senda de crecimiento pudo verse interrumpida otro tiempo más por el impacto de ómicron y la inflación alcanza niveles jamás vistos en tres décadas en muchos países por los costes de la energía. Según el documento elaborado para el pasado Eurogrupo (reunión de los ministros de Economía de la zona euro), Bruselas considera que la prioridad ahora es “dejar atrás el apoyo de emergencia” prestado a la economía para afrontar una “reconstrucción” más sólida. La Comisión considera que si bien ello puede aumentar las quiebras empresariales y suponer despidos, también permitirá “movilizar recursos a actividades más productivas”.

Retirada de estímulos del BCE

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“Es una recomendación razonable”, defiende Xavier Vives, profesor de Economía y Finanzas en Iese y asesor en Bruselas sobre políticas de competencia durante más de una década. “Estamos entrando en una fase en la que habrá que decidir si un grupo de empresas son o no viables y hasta qué punto el gran auge del comercio electrónico impulsa la reestructuración de algunos segmentos dentro del turismo, el comercio o el ocio”, añade. La Comisión teme sobre todo dos fenómenos: que el enorme salto que ha dado la tecnología durante la pandemia haya dejado desfasadas a algunas compañías y que parte del tejido empresarial haya entrado en un proceso de zombificación. En otras palabras, que se estén subsidiando empresas inviables o sin actividad.

“Siempre ha estado claro que no se podía mantener indefinidamente el altísimo nivel de apoyo público y que estas medidas tienen que convertirse en algo más selectivas conforme avance la recuperación”, apunta el eurodiputado conservador alemán Markus Ferber. Y esa transición debería hacerse en la segunda mitad de este año.

“Hay que centrar las ayudas a empresas en aquellas que son viables, aunque hay sectores en los que queda margen, como el turismo. Y ocurre lo mismo con los ERTE, que deberán plantearse de otro modo, favoreciendo la movilidad y la formación”, sostiene el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres. El economista de la London School of Economics y exasesor de la Comisión Europea Paul de Grauwe opina que la economía sí entra en una nueva fase, en la que las ayudas deberán ser más selectivas. “Pero la situación sigue siendo muy incierta y hay sectores, como el de los servicios, que sigue rezagado y necesitará seguir siendo apoyado por los gobiernos. Eliminar las ayudas por completo no es una buena idea”, razona.

El Gobierno ya ha ido avanzando hacia esa dirección. “Las ayudas a empresas, tanto a nivel europeo como español, se han ido ajustando a la evolución de la economía. En un primer momento, se puso en marcha una política de emergencia para mantener el tejido productivo”, afirman fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño. Estas fuentes añaden que “en estos momentos, en los que el recurso de las empresas a estas medidas es ya menor por la positiva evolución de la economía, se están ajustando las medidas hacia ayudas más selectivas, porque también las necesidades son más específicas”.

La demanda de Bruselas se produce poco después de que el Banco Central Europeo haya decidido relajar sus compras de deuda, sin dejarse arrastrar todavía por quienes querrían verle seguir la estela del Banco de Inglaterra con subidas de tipos de interés para acabar con la inflación. Y se da también en pleno debate sobre las reglas fiscales, en el que los países del sur buscan una salida para no tener que pegar un tajo muy brusco a sus cuentas públicas para reducir una deuda que se ha disparado para atender la emergencia.

Alemania, de momento, ya ha avanzado que el año que viene piensa cumplir con las normas. “Espero que se imponga el sentido común, porque sería terrible para la economía meter a los países en ese corsé. Sobre todo cuando la deuda que han contraído a raíz de la pandemia no es un problema porque su coste ha sido cercano a cero”, añade De Grauwe.

España focaliza las ayudas en los sectores más rezagados

Bruselas examinó con lupa los presupuestos de todos los países miembros ya en 2020 para asegurarse de que las medidas que adoptaban para hacer frente a la pandemia tenían carácter temporal. Es decir, que no iban a constituir una mayor carga para las finanzas públicas de los gobiernos en el futuro. A pesar de que las reglas fiscales están suspendidas de facto, la Comisión volvió a analizar el año pasado las cuentas de todos los países para 2022. Y sobre esa vara medir, aplaudió los de España.
En una evaluación que resultó incluso chocante, Bruselas juzgó como “contractivas” las cuentas de España al considerar que había retirado ya algunas medidas temporales. En concreto, la Comisión aplaudió que España recurra a los fondos europeos para regar la economía con inversiones a la vez que aflojaba con el gasto recurrente.
Fuentes del Ministerio de Economía explican que el apoyo a las empresas en España “acompaña la evolución de la recuperación” para ayudar a las compañías y sectores “más rezagados”. Ahí la Comisión Europea amplió la barra libre para las ayudas de Estado en junio de 2022. En principio, esa suspensión del marco regulatorio vencía en diciembre. La ampliación de ese límite temporal permitió salvar el rescate de medio centenar de empresas españolas, cuya solicitud de fondos públicos estaba aún en proceso de tramitación a mitades de noviembre de 2021. 
España también decidió extender hasta el 1 de junio de este año la solicitud de las líneas de avales y amplió hasta la misma fecha el plazo para que autónomos y empresas solicitaran la ampliación del periodo de amortización o conversión del crédito en uno participativo.

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