Banco Madrid, la primera y extraña quiebra de una entidad solvente

A punto de cumplirse siete años de la caída del Banco Madrid, una de las entidades más solventes del sistema entonces, las incógnitas y las contradicciones sobre este caso único siguen aún vigentes. Todos sus gestores han sido exculpados de blanqueo de capitales, la acusación por la que dejaron la entidad que acabó intervenida y liquidada. Lo pagaron los 15.000 clientes —aún falta por recuperar parte del dinero de algunos—, los 300 empleados, que perdieron sus trabajos en una situación dramática, y los administradores, que han vivido un largo paseíllo judicial.

El caso se ha cerrado con una única acusación del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac): una multa de un millón de euros a Banco Madrid por faltas en el sistema de control del origen del dinero, una sanción superada por buena parte de los grandes bancos españoles cada año. Pero nadie se ha hecho responsable de la caída del banco, lo que ha llevado a la familia Cierco, dueña del 75% del capital de la entidad, a reclamar 142 millones al Banco de España por considerar que su intervención y la del Sepblac “lejos de atajar la crisis vivida, precipitó su final en unos días”, según la demanda.

El primero de los dos hechos más graves llegó el 10 de marzo de 2015, cuando el FinCen, el departamento antifraude del Tesoro estadounidense, consideró a la Banca Privada de Andorra (BPA), dueña del Banco Madrid, como “institución financiera sometida a preocupación de primer orden en blanqueo de capitales” y le cortó toda su operativa en dólares, de forma que la ahogó y sacó del mercado.

BPA y sus clientes chinos, rusos y venezolanos

La entidad fue inmediatamente intervenida. BPA mantiene numerosas causas abiertas en Andorra —país que no reconoció el delito fiscal hasta 2014— por supuestas actividades ilícitas de sus clientes del crimen organizado de las mafias chinas y rusa, del cártel mexicano de Sinaloa y de antiguos jerarcas de la cúpula chavista de Venezuela. Todavía no ha habido condenas, aunque el consejero delegado del banco andorrano y el del Banco Madrid, Joan Pau Miquel, pasó un año y siete meses en prisión provisional.

Otro de los hechos relevantes es que 11 meses después de la acusación, el FinCen retiró la denuncia al entender que había cambiado la gestión en BPA y la legislación andorrana. “Este mecanismo es muy desproporcionado; no tiene sentido que exista en la legislación bancaria internacional porque no necesita presentar pruebas para acabar con un banco”, apunta un alto directivo de un organismo europeo que recuerda que Estados Unidos lo utiliza con entidades pequeñas, “nunca contra los grandes”.

Días frenéticos y pánico bancario

Los siguientes días fueron frenéticos y acabaron en algo insólito: la primera liquidación de un banco solvente vivida en España, tras quitarle la ficha bancaria. Se nombraron nuevos administradores del Banco de España y luego llegó la dimisión del consejo de administración del Banco Madrid “para preservar la estabilidad de entidad”, según el supervisor. Con esta salida se pretendió favorecer la búsqueda de una solución: segregar la filial española de BPA y venderla, según sus antiguos gestores, algo que no fructificó pese a su alta solvencia y tener “un modelo de negocio atractivo para los competidores, como se vio con la rapidez que se dieron para quedarse con los activos”, apuntan exdirectivos del banco.

Toda esta operación pasaba porque el Banco de España hubiera tranquilizado a los clientes —como ha ocurrido siempre en otras ocasiones— y así evitado el pánico bancario. Pero no lo hizo. La fuga de depósitos es el tercer hecho extraordinario. Además de conocerse la detención en Andorra del consejero delegado, entre el 11 y el 15 de marzo se filtraron los detalles más graves —nunca demostrados— del informe del Sepblac, así como la decisión de este organismo de enviar el expediente a la Fiscalía Anticorrupción. Un buen número de medios citaron “fuentes del organismo”, en referencia al Sepblac, para ratificar las informaciones sobre los supuestos clientes delictivos. El Mundo, que dedicó cuatro portadas consecutivas al caso, el 14 de marzo de 2015 afirmó que la investigación del Sepblac había sido “pilotada por el Ministerio de Economía”, dirigido por Luis de Guindos y cuyo secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, era el responsable directo del organismo. En una entrevista con el citado medio, el 16 de marzo, Fernández declaró: “Hay irregularidades en Banco Madrid”.

Juan Moscoso, entonces portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, pidió al secretario de Estado en su comparecencia sobre Banco Madrid que identificara las “fuentes del Sepblac” porque “aparecieron en todos los medios y sus informaciones condicionaron totalmente la evolución de la entidad”. Fernández de Mesa no respondió, pero anunció que el Gobierno del PP iba a investigar por qué el Ejecutivo socialista había permitido que BPA entrara en España a través de Banco Madrid, una operación que contó con el apoyo del Sepblac. Fernández de Mesa, ahora vicepresidente de la CEOE y presidente de Rothschild España, enmarcó sus actuaciones en un plan contra el blanqueo de capitales. El PSOE recordó que el PP permitió dos nuevas entidades andorranas en 2012.

Fuga de depósitos sin garantía del Banco de España

En mitad de estas tensiones, entre el 11 y el 15 de marzo, el Banco de España, dirigido por Luis Linde, decidió cortar a Banco Madrid su acceso a la operativa internacional en euros, un golpe tan mortal como lo fue para BPA el acceso al dólar. El supervisor no garantizó los depósitos, ni con líneas internas respaldadas por activos de la propia entidad, denominadas ELA, que no precisan de dinero público. Tampoco apeló a los recursos del Estado vía el Fondo de Rescate, FROB, como en tantos casos en cantidades cien veces más grandes.

Según Fernando Restoy, entonces subgobernador, Banco Madrid perdió el 20% de los depósitos y no había razones de interés general que justificaran el apoyo del dinero público. El banco entró en la UVI por problemas de blanqueo, que luego no existían en la filial, pero murió por falta de liquidez. El 16 de marzo se envió a liquidación, un proceso que todavía sigue abierto, con un coste significativo para los acreedores.

La ‘policía patriótica’ del PP

Sin embargo, la familia Cierco aseguró que todo empezó las primeras semanas de 2014. La causa fue la política: el independentismo catalán y la fortuna escondida de la familia Pujol, que la “policía patriótica” del Gobierno del PP perseguía con ahínco. El consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, recibió un mensaje del comisario jefe de Asuntos internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas. Según relató Higini Cierco a la juez andorrana, la amenaza fue que si no facilitaban los datos buscados “el banco morirá”.

El cuarto hecho extraordinario es que Andorra separó el negocio sospechoso de BPA y relanzó un banco nuevo, Vall Banc, con el negocio sano, que está operativo. Banco de Madrid desapareció con todo su patrimonio, pese a su enorme solvencia y sin condenas de blanqueo. De hecho, el juez que determinó la inocencia de los directivos se basó en declaraciones de inspectores del Sepblac que negaron que tuviera una estructura para blanquear capitales, y hablaron de nuevos sistemas de control establecidos desde la llegada de José Pérez a la presidencia. También admitieron que de los más de 15.000 clientes, solo analizaron a 152 sospechosos.

“Todo será cínicamente presentado como resultado desgraciado de una secuencia de hechos fortuitos sucedidos en vertiginosa concatenación. No habrá culpables y el daño será irreparable”, afirma un exdirectivo de Banco Madrid.

Sigue la liquidación: faltan ocho millones del Fondo de Garantía

Aquel fatídico 16 de marzo de 2015 supuso el final para la mayoría de los 300 empleados que tenía Banco Madrid. Pero un reducido grupo, alrededor de una decena, tras vivir el ERE aplicado a toda la plantilla, se quedó con los administradores concursales. Gestionan problemas de herencias de clientes, fondos de inversión que se cerraron sin poderse liquidar y otros pequeños asuntos, según fuentes conocedoras de la operación.

El objetivo de este grupo es liquidar los aproximadamente 6.000 millones en activos fuera de balance y unos 1.000 millones que tenía el balance de la entidad. Tras superar los problemas legales de los fondos de inversión, que exigieron modificar las leyes, la gestora se vendió a Trea por 16,5 millones en el 2017.

Las expectativas de la liquidación global son optimistas, aunque todavía no se ha cerrado y nadie asegura que lo haga en 2022. Se espera recuperar el 99% de los activos, después de vender la cartera de créditos a un precio alto por las altas garantías de los clientes, según estas fuentes.

Sin embargo, el Fondo de Garantía de Depósitos, que protegió con 100.000 euros por titular de cada cuenta, no ha recuperado todo. Inyectó 125 millones y, con las últimas cifras conocidas, a diciembre de 2020, todavía faltan ocho millones por recuperar. Entre el dinero del Fondo y el de Banco Madrid, falta un 13% del total, según fuentes de la operación.

La creencia más común entre los exempleados es que Banco Madrid se podía haber vendido sin problemas por su tipo de negocio. “Crecíamos al 20% anual, con buenos profesionales que se recolocaron en su mayoría, aunque otros lo pasaron muy mal. Sin embargo, se mezcló lo de Andorra y todo se acabó”, lamentan.