Un año se fue y otro llega con esperanzas
El incremento de la presión será proporcional a la negativa empresarial a adoptar una postura razonable
El año que cierra no ha sido un año que nos haya dejado indiferentes. Como el anterior, ha estado marcado por la pandemia, aunque en su segundo semestre con un sesgo muy diverso. Desde el punto de vista sanitario, España ha alcanzado un claro éxito en el nivel de vacunación, pero nuestro sistema de salud muestra unas lagunas muy preocupantes por la falta de recursos humanos, la sobrecarga de éstos y la alegre despreocupación con la que algunos gobiernos de comunidades autónomas desmantelan una estructura que tardó décadas en crearse.
Desde el punto de visto económico y social la recuperación no se ha producido a los niveles esperados, si bien, aunque parcial, la remontada ha sido importante; y la situación del empleo, todavía estructuralmente dramática, es mejor que la de la anterior crisis debido a las medidas implementadas como resultado del acuerdo de sindicatos, patronal y Gobierno. En este sentido, este año ha sido el de la consolidación de una nueva línea de respuesta a la crisis basada en la protección de las personas y del tejido empresarial, el consenso y la recuperación de los derechos sociales.
Un recordatorio no exhaustivo de todo lo conseguido en el ámbito del mercado laboral nos da una idea de lo fructífero que ha sido el año 2021 en términos de esperanza para la clase trabajadora: la continuidad en el incremento del SMI, la pionera regulación del teletrabajo, el despliegue de medidas de protección de las personas y puestos de trabajo derivada de la legislación pactada frente a la covid-19, la laboralización definitiva de los repartidores de las plataformas, el acuerdo sobre pensiones, y, por último, el acuerdo de reforma laboral, que supone un paso decisivo hacia una regulación del trabajo más justa y equilibrada.
El año que llega es para nosotros un año de importantes expectativas. En él, estamos seguros de que se asentarán políticas de gran importancia para aquellos y aquellas que lo requieren: la continuidad en el incremento del SMI, más esencial todavía ante una inflación desatada, con el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio; la modificación de la regulación laboral en aspectos básicos como el despido colectivo que hoy suponen una continua espada de Damocles contra los trabajadores y trabajadoras de este país, pero también una amenaza constante para el bienestar general y la política de país con mayúsculas si queremos evitar la desaparición sin control de tejido estratégico al albur de los espurios intereses de algunas empresas. El año que viene va ser el de la ejecución, al menos en parte, de los fondos europeos en los que hemos puesto gran parte de la apuesta por un país distinto, menos frágil y más sostenible, creador de empleo de calidad. Pero también debe ser el año de los servicios públicos, esos instrumentos que se han revelado vitales para sostener a las personas en un momento de crisis y que no deben ser solo apuntalados sino reforzados humana y técnicamente.
Desde el punto de vista de la negociación colectiva, 2022 va ser decisivo. Hemos asistido el pasado año a una parálisis en la negociación colectiva motivada en la decisión empresarial de obstaculizar la actualización de los derechos de las personas trabajadoras. Ya demostramos con los movimientos sociales de Cádiz, en los que UGT fue un elemento fundamental, que no estamos dispuestos a permanecer inanes mientras la patronal mira hacia otro lado tanto a nivel sectorial como global. El incremento de la presión será proporcional a la negativa empresarial a adoptar una postura razonable. 2022 debe ser el año de los trabajadores y trabajadoras de este país y haremos todo lo posible para conseguirlo.
Pepe Álvarez es secretario General de UGT
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