El 10% más rico de España concentra casi el 60% de toda la riqueza

España no escapa a la deriva por la que el vértice superior de la pirámide de población mundial logra hacerse con la mayor parte de las rentas y patrimonio. El 10% más rico de la población copa el 34,5% de los ingresos por el trabajo y el capital, mientras que el 50% de los ciudadanos con menos recursos solo disponen del 21% de las rentas globales, según el último informe del World Inequality Lab, un centro de estudios francés pilotado por Thomas Piketty, Lucas Chancel, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman. Esa proporción está dentro de los parámetros en los que se mueven los países de Europa Occidental: la brecha es menor que en Alemania y Portugal pero mayor que Francia e Italia. Sin embargo, Clara Martínez Toledano, investigadora del World Inequality Lab, advierte de la “limitada capacidad redistributiva” que tiene el sector público español. La concentración de riqueza es mayor: ese 10% tiene en sus manos el 57,6% de todo el patrimonio. Y casi una cuarta parte está en manos de 1% de superricos.

El estudio investiga las desigualdades de rentas y de riqueza en el mundo. En general, las brechas más abruptas están en África, América Latina y Asia. La situación de España encaja dentro de lo que ocurre en el conjunto de Europa en cuanto a ingresos del trabajo y el capital. Aun así, el país no es ajeno a las tendencias globales: hay un incremento de la desigualdad. Y este, apunta Martínez Toledano, se debe en gran medida a las rentas del capital y a las carencias del sistema tributario español.

El caso de la riqueza sí es particular en España. El país llegó a ser, en cierto modo, el campeón mundial en la acumulación de patrimonio, aunque de forma ficticia, a causa de la burbuja inmobiliaria. Los precios hinchados de los pisos llevaron a que el nivel de riqueza privada alcanzara el 800% de la renta nacional en 2008. Eso significa que si España paraba de producir, podía tirar durante ocho años de la riqueza acumulada. “Se trata del mayor nivel agregado de riqueza jamás documentado”, apunta Luis Bauluz, también investigador del centro.

Ese mismo año, la riqueza privada en Francia o el Reino Unido equivalía a aproximadamente el 535% de la renta de esos países, mientras que en Estados Unidos era el 472%. Ese incremento desmesurado del patrimonio privado en España, no obstante, no supuso un aumento de la desigualdad. “El valor inmobiliario subió muchísimo, pero no se tradujo en una mayor desigualdad. Eso se debe a que la clase media española tiene vivienda y no activos de inversión financiera, de modo que el alza de precios tuvo un efecto moderador”, prosigue Bauluz.

El estallido de la burbuja desdibujó ese panorama. El nivel de riqueza fue reduciéndose hasta converger con Francia, Reino Unido o Japón. Y desde entonces, añaden los investigadores, ha ido concentrándose en manos de los más ricos. Estos tienen el 57,6% de todos esos bienes, lo cual es una proporción mayor que la que arrojaba el estudio que el World Inequality Lab elaboró en 2018, del 56,5%. Ese aumento se produjo a expensas del 50% más pobre, pero sobre todo de la clase media, cuya participación en el pastel ha pasado del 36,9% al 35,8%. Aun así, España todavía se sitúa en la franja media dentro de los países de la UE, tanto en rentas como en riqueza.

A la vez que eso sucedía, también el sector público se empobrecía. Si bien en 2008 su riqueza llegó a ser el equivalente al 88% de la renta nacional, en 2020 esta se situó en terreno negativo (-16%). Ello se debe sobre todo al aumento de las necesidades de deuda de los países, que se dispararon durante la pandemia.

Lo que ocurre en el patrimonio privado tiene repercusiones también en las rentas. Martínez Toledano explica, de hecho, que una parte del aumento de las desigualdades se explica por las rentas sobre el capital. Sin embargo, añade que también por los “agujeros impositivos” del sistema fiscal español, que acaba siendo “incapaz de redistribuir” de forma adecuada mediante los impuestos y transferencias. Por poner un ejemplo, las reformas del Impuesto de Patrimonio han hecho que menos del 1% de la población lo abone. Y algunas comunidades (como la de Madrid) incluso han dejado de cobrarlo.