La Reserva Federal prohíbe a sus altos funcionarios comprar acciones y bonos para evitar conflictos de intereses
La medida obedece a la revisión del código ético para zanjar el escándalo originado por las operaciones bursátiles de dos presidentes regionales en 2020
El conflicto de intereses que amenazaba con socavar la reputación de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) se ha resuelto en teoría este jueves con la prohibición a sus directivos de comprar acciones y bonos. El anuncio obedece a la revisión del código ético aplicable a los ejecutivos de entidad a raíz de recientes escándalos sobre operaciones bursátiles por parte de varios de ellos, que salpicaron a su máximo responsable, Jerome Powell.
En un comunicado publicado este jueves, el organismo detalla que sus altos funcionarios —incluidos los presidentes de los bancos regionales, los gobernadores de Washington y los responsables de formular políticas— no podrán comprar acciones u otros valores, y que solo podrán invertir en vehículos de inversión diversificados, como los fondos de inversión. Su actividad bursátil quedará limitada en general, y durante los periodos de mayor tensión en los mercados financieros la Fed podrá decretar apagones comerciales, “no permitiéndose compras ni ventas”, según el comunicado.
Otras pautas “para ayudar a evitar incluso la apariencia de cualquier conflicto de intereses en el momento de tomar decisiones de inversión” incluyen avisar con 45 días de antelación de la compra y venta de valores, contar con la aprobación previa de dichas transacciones y mantener las inversiones durante al menos un año, para impedir cualquier intento de especulación. Los 12 presidentes regionales de la Fed estarán obligados a revelar públicamente las transacciones financieras en un plazo de 30 días, una política que ya se aplica a los gobernadores y altos funcionarios con sede en Washington, según la Fed.
El anuncio, que únicamente establece las pautas generales, que deberán desarrollarse e incorporarse como reglas a la Fed en las próximas semanas y meses, se produce tras el escándalo generado por las transacciones efectuadas por dos altos funcionarios de sendos bancos regionales en 2020, lo que motivó la salida de ambos y minó la confianza en el banco central en un momento especialmente delicado, la profunda crisis originada por la pandemia. Robert S. Kaplan negoció millones de dólares en acciones de petróleo y gas el año pasado mientras dirigía el banco de la Reserva Federal de Dallas. Su colega Eric S. Rosengren compró y vendió valores vinculados a bienes raíces, que son sensibles a la política de la Fed, mientras dirigía el banco de la Reserva Federal de Boston. Ambos dimitieron en septiembre después de que se desatara la polémica.
Rosengren alegó motivos de salud para renunciar, mientras que Kaplan admitió que el escándalo podría detraer esfuerzos de la Fed en un momento crítico como el de la pandemia, y dijo no querer alimentar la controversia. El escándalo, no obstante, ha salpicado también al número dos de la Fed, Richard Clarida, y al propio Powell. En una operación bursátil que la Fed aseguró estaba prevista, Clarida, un profesor de Columbia, movió entre uno y cinco millones de dólares de un fondo de bonos a fondos de acciones en febrero de 2020, solo un día antes de que Powell anunciara que el banco central podría tomar medidas para amortiguar el impacto económico de la pandemia.
Powell, por su parte, vendió entre uno y cinco millones en fondos indexados en octubre de 2020, lo que generó dudas sobre la credibilidad del presidente de la Fed, recuerda el portal Politico. “Estas nuevas y estrictas normas ponen el listón muy alto para asegurar al público al que servimos que todos nuestros altos funcionarios mantienen un enfoque único en la misión pública de la Reserva Federal”, ha dicho Powell este jueves en el comunicado.
Con su involucramiento personal en el escándalo, el caso se había convertido en una patata demasiado caliente para Powell, a punto de finalizar su mandato y cuando aguarda la luz verde de la Casa Blanca para seguir al frente de la institución, algo a lo que el sector más progresista de los demócratas, con voces especialmente críticas como la de la senadora Elizabeth Warren, se niega.
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