La izquierda quiere quitar el impuesto a los grandes caseros de viviendas sociales en Países Bajos

El problema de la vivienda ha figurado de forma prominente en los últimos días en el debate sobre los próximos presupuestos en Países Bajos. El Gabinete está en funciones desde enero y no tiene mucho margen de maniobra, pero la mayoría del Congreso coincide en abolir los impuestos que, desde 2013, pagan las asociaciones de propietarios de inmuebles con alquileres sociales —los que tienen una renta mensual máxima de 750 euros—, según la terminología oficial. Con ello se pretende asegurar la construcción de nuevas casas asequibles, evitando a su vez que los grupos con pocos ingresos sean marginados. Dicha tasa, sin embargo, rinde al Estado unos 1.800 millones de euros anuales y el partido liberal de derecha del primer ministro, Mark Rutte, ganador de las elecciones del pasado marzo, se resiste a perderlos.

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En junio de este año, Países Bajos sumaba 8 millones de viviendas —entre alquiler y propiedad— según la Oficina Central de Estadística. Sin embargo, para una población de 17 millones de habitantes, el mismo servicio indica que faltan cerca de 300.000 casas. La situación se estabilizará hacia 2030. Con la crisis económica apenas terminada, en 2013 se implantó un gravamen para los dueños de más de 10 —ahora son 50— alojamientos de renta no superior a 750 euros. El Ejecutivo pretendía con ello obtener ingresos e impulsar el sector de alquiler libre, que empieza a partir de esa cifra.

Pero el mercado se movió de forma distinta a lo esperado: las corporaciones de arrendamiento social construyeron menos casas y el sector libre creció, pero no lo suficiente. El resultado es que se formaron largas listas de espera para las viviendas baratas, mientras subían los precios de las otras. En 2016, un estudio de la Universidad de Groninga indicaba que el “impuesto al casero social” desincentiva la renovación de las casas ya existentes, así como la construcción de otras nuevas. “Se acaba por subir el alquiler al inquilino, y se vende o se edifica, pero en la franja sin esta carga”, añaden los expertos.

La consultora Companen calcula que, libre del tributo, el sector se habría ahorrado unos 16.000 millones de euros entre 2013 y 2023. Con dicha suma, “se podrían haber levantado 93.500 casas extra y los arrendatarios habrían pagado 70 euros menos al mes”. Socialdemócratas y ecologistas del partido GroenLinks (Izquierda Verde) sostienen que la abolición bajará los alquileres favoreciendo que haya nuevas edificaciones. Para financiar la suma millonaria que se perderá, ambos partidos proponen aumentar el impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas. El Gobierno invertirá asimismo 100 millones anuales de euros durante la próxima década para construir 900.000 viviendas.

Mercados desequilibrados

Este no es solo un problema holandés. En enero de este año, el Parlamento Europeo adoptó una resolución pidiendo a los países de la UE que reconocieran el acceso a un alojamiento adecuado como un derecho humano fundamental en sus respectivas legislaciones. “Entre 2010 y 2018, cerca de un 10% de la población de la Europa comunitaria empleaba más de un 40% de sus ingresos en pagar la casa; el desembolso en vivienda social de los distintos Gobiernos representa el 0,66% del PIB europeo; en los últimos tres años, los precios de las casas han subido un promedio del 5% en la UE”, señaló entonces la Eurocámara. Las manifestaciones exigiendo un hogar digno —y el control de la especulación, que enfrenta a jóvenes y familias recién formadas a alquileres por encima de 1.000 euros— se han sucedido en las grandes ciudades holandesas. Lo mismo ha ocurrido en Alemania, donde el desequilibrio de los precios a escala nacional ha llegado a la campaña de las elecciones generales celebradas este domingo.

Según la oficina de estadística del país, tampoco el mercado holandés de compraventa de casas está equilibrado: son un 78% más caras que en 2013, cuando valían un promedio de 373.000 euros. En estos momentos, en Ámsterdam el precio medio de venta es de 545.000 euros. Además, en agosto los precios subieron un 17,8% con respecto a 2020. El aumento es el mayor desde septiembre del año 2000.