Las negociaciones de la PAC afrontan la recta final

El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han iniciado este mes de septiembre un maratón de grupos de trabajo con el fin de llegar a acuerdos sobre la elaboración del plan estratégico en el que se fijará la distribución de los más de 47.000 millones de euros dispuestos para el periodo de 2023 a 2027 en la nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC).

Aunque algunas de las directrices más importantes ya se marcaron en la última conferencia sectorial del pasado mes de julio, como reducir de 50 a 20 el número de regiones o la eliminación de los pagos de los derechos individuales históricos en 2029, se mantienen diferencias entre el Gobierno y las comunidades autónomas en cuestiones como la propia definición de los destinatarios prioritarios de las ayudas. Hay que tener en cuenta que los agricultores a tiempo parcial tienen un carácter y un peso muy diferente en cada territorio.

Para el consejero de Agricultura de Aragón, Joaquín Olona, hay que apoyar a los profesionales y no se puede considerar como tales a quienes reciben unos pequeños fondos de la PAC sin que ello conlleve una actividad y un riesgo real. Actualmente, sobre más de 600.000 perceptores de ayudas de la PAC, un 41% perciben menos de 1.250 euros y un 70% menos de 5.000 euros. Olona va más allá en lo que se refiere a la elaboración de este plan y entiende que con estos grupos de trabajo no se puede hablar de negociaciones con Agricultura, sino simplemente de conversaciones e imposiciones desde la Administración central.

De cara a la celebración de la próxima conferencia sectorial, donde se pretende dar luz verde definitiva a los acuerdos para elaborar el plan estratégico, Agricultura y las comunidades autónomas abrieron la pasada semana con los ecoesquemas los debates sobre el contenido de ese plan. Los ecoesquemas son una de las novedades más importantes de la próxima reforma de la PAC y se concretan en la posibilidad que se ofrece a todos los agricultores y ganaderos de llevar a cabo en sus explotaciones prácticas beneficiosas para el clima, el territorio y el medio ambiente cumpliendo unas exigencias, más allá de las previstas en la normativa comunitaria y, con ello, acceder a una ayuda complementaria. En este tipo de prácticas, entre otras, se halla el pastoreo extensivo, la agricultura de conservación, agricultura de precisión, mantenimiento de cubiertas vegetales, setos, márgenes para frenar vertidos, siega sostenible de los prados, rotación de cultivos mejorantes, uso sostenible de insumos como fertilizantes o fitosanitarios…

A los debates sobre la aplicación de los ecoesquemas, en este mismo mes de septiembre se suman otros como los referidos al régimen de pago básico o los pagos acoplados, que se mantienen prácticamente sin cambios por un importe de unos 700 millones de euros y que afectan fundamentalmente al vacuno de leche, al vacuno de carne y al ovino y caprino.

El objetivo de Agricultura es que todos los grupos de trabajo terminen antes del 23 de septiembre y celebrar en esa fecha un balance global para su presentación y aprobación en la conferencia sectorial prevista para octubre. Atocha quiere tener listo el plan antes de fin de año para su envío a Bruselas. Su aprobación está prevista en 2022 y su aplicación en 2023.