Crisis del coronavirus
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La desigualdad de la covid y la que vendrá

Hay que crear herramientas para medir el bienestar de las personas más allá de las basadas puramente en la renta

Tomás Ondarra

¿Cuánto aumentó la desigualdad de la renta de los hogares españoles durante la pandemia? Aunque parezca sorprendente, todavía no tenemos datos oficiales para responder a esta pregunta. La principal medida de desigualdad, el índice de Gini, se calcula utilizando los datos de la encuesta de condiciones de vida que realiza el INE anualmente. El pasado mes de julio se publicó la última oleada de esta encuesta, realizada durante el año 2020. Sin embargo, esta encuesta sólo recoge medidas de ingreso referente al año anterior, es decir, a 2019, por lo que no nos permite estudiar el periodo de la pandemia. Aunque existen evidencias de que la pobreza y la desigualdad aumentaron de manera notable durante la pandemia, tendremos que esperar un año para tener una cuantificación oficial al respecto.

Con el objetivo de suplir la falta de datos oficiales, en un reciente estudio que he desarrollado junto con Carlos Sanz (Banco de España), recogemos datos de una muestra representativa de la población española mediante encuestas online. En estas encuestas, realizadas a 2.700 personas entre mayo y noviembre de 2020, preguntamos a los encuestados por sus ingresos mensuales, tanto personales como familiares, en el momento de la encuesta, así como por sus ingresos anteriores a la pandemia. Los resultados indican que los hogares españoles sufrieron importantes pérdidas de poder adquisitivo y que estas pérdidas fueron repartidas de manera muy desigual. Mientras que, en mayo de 2020, el 20% de los hogares más ricos había experimentado una caída en sus ingresos del 6,5% con respecto al inicio de la pandemia, el 20% más pobre había perdido el 27% de sus ingresos. Aunque en noviembre de 2020 todos los grupos habían recuperado ligeramente parte de los ingresos perdidos, el carácter desigual del impacto económico persistió. Utilizando los datos de renta familiar podemos calcular la evolución del índice de Gini durante la pandemia. Los resultados indican que en mayo de 2020 este índice de desigualdad había aumentado tres puntos con respecto del valor anterior a la pandemia. Para poner este incremento en perspectiva, conviene saber que es similar al experimentado por la economía estadounidense en las últimas tres décadas, que es un conocido caso de considerable incremento de la desigualdad.

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Nuestro estudio también aporta resultados adicionales: los autónomos sufrieron las mayores pérdidas, seguidos por los asalariados. Las mujeres sufrieron mayores pérdidas económicas que los hombres, y los trabajadores temporales, mayores pérdidas que los permanentes. Dentro de todos estos grupos poblacionales, los individuos más pobres perdieron un mayor porcentaje de sus ingresos que los más acomodados. También encontramos que un 44% de los encuestados indica haber perdido bienestar emocional y psicológico durante la pandemia. Aunque esta pérdida es parecida entre individuos de diferente nivel de renta, los motivos de pérdida de bienestar son diferentes: las personas en hogares de mayor poder adquisitivo señalan la pérdida de contacto con seres queridos como factor de preocupación más frecuentemente que aquellas en hogares más pobres, mientras que estas últimas son más proclives a señalar la pérdida de empleo e ingresos.

Aunque habrá que esperar a tener estadísticas oficiales para evaluar el impacto global en la desigualdad de la renta, estos datos sugieren que la desigualdad aumentó de manera muy sustancial en nuestro país.

Una pregunta importante es cómo evolucionará la desigualdad económica en los próximos años. Es probable que, a corto plazo, la reactivación económica y los fondos de recuperación de la Unión Europea, canalizados mediante políticas públicas, consigan mitigar parte del efecto desigual de la pandemia en la renta de los hogares españoles.

Sin embargo, un mayor reto esté quizás por venir. Recientes cambios tecnológicos y de estructura empresarial apuntan a que, en los próximos años, las sociedades avanzadas se enfrentarán a una creciente desigualdad económica. La automatización de la producción económica y la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial podrían reducir de manera sustancial el número de puestos de trabajo en la economía. Por otro lado, la concentración empresarial en ciertos sectores puede contribuir a que los aumentos de productividad se traduzcan en mayores beneficios empresariales pero no se trasladen a mayores salarios para los trabajadores.

¿Están nuestras instituciones preparadas para afrontar los retos de una creciente desigualdad económica? Desde mi punto de vista, enfrentarnos a estos retos requerirá un cambio de paradigma desde diferentes ámbitos. Los mecanismos habituales de redistribución de la renta mediante impuestos, transferencias y gasto público pueden resultar insuficientes para hacer frente a la nueva realidad económica. Gobiernos como el estado­unidense o el japonés están iniciando una senda de creciente intervención en la economía mediante el apoyo al desarrollo a ciertos sectores y ocupaciones. Sectores económicos relacionados con la transición energética, la educación o el cuidado de niños y ancianos pueden ser candidatos a absorber parte del excedente de trabajo que las nuevas tecnologías puedan generar. Sin embargo, en una economía muy desigual y sin una decidida intervención pública, es posible que la demanda de estos servicios esté sólo al alcance de unos pocos.

Por un lado, una mayor intervención en la economía hará cada vez más necesaria tanto la evaluación rigurosa de las políticas públicas como el acceso a los datos administrativos que permitan obtener mediciones relevantes a la acción política. Las economías más exitosas serán aquellas que tengan mayor acierto en las decisiones de intervención. Nuestro país debería fortalecer los organismos de evaluación independiente que aseguren que futuras políticas e intervenciones sean diseñadas teniendo en cuenta la evidencia científica.

Por otro lado, los economistas y otros científicos sociales deberíamos desarrollar herramientas para medir el bienestar de los ciudadanos, más allá de las medidas puramente relativas a la renta. Diseñar políticas que fomenten el bienestar emocional de los ciudadanos y que tengan los mayores multiplicadores sociales será cada vez más necesario.

Por último, es primordial que los organismos de evaluación independiente de las políticas públicas se ganen la confianza de los ciudadanos y que los ciudadanos sean los primeros en demandar que las decisiones de intervención en la economía se tomen de acuerdo con la evidencia científica.

Mónica Martínez Bravo es profesora de Economía en Cemfi y reciente ganadora del premio del Banco Sabadell a la mejor economista menor de 40 años en España. En Twitter: @Mmbravo_es

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