El cierre de oficinas bancarias coloca a 1,3 millones de personas en situación vulnerable en el acceso al efectivo

El uso de dinero en efectivo sigue siendo importante para muchos ciudadanos, en particular para aquellos que tienen dificultades en el acceso a determinados servicios financieros convencionales o escasos conocimientos digitales, afirma en un informe el Banco de España. “Es fundamental asegurar que los ciudadanos que deseen usar este medio de pago tengan acceso a él”, concluye el supervisor.

Sin embargo, el organismo alerta de que esta situación no está ocurriendo en la actualidad. En un informe hecho público este miércoles concluye que “la vulnerabilidad en el acceso tradicional al efectivo en España es relativamente baja en gran parte del territorio, pero hay que subrayar que aproximadamente 1,3 millones de personas se encuentran en una situación que puede considerarse vulnerable”. En cuanto al porcentaje de la población afectada, con problemas de grado medio o alto, el informe Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España la sitúa en “aproximadamente un 3% de los ciudadanos”.

El informe baja al detalle y dibuja las zonas donde no es fácil acceder al dinero en metálico, que están relacionadas con lo que se conoce como la España vacía. “Alrededor de 340.000 personas viven en municipios con una vulnerabilidad alta (un 0,7% de la población española), con acceso al efectivo a una distancia media de 9,4 kilómetros; son poblaciones en las que los mayores de 60 años superan el 40% del total y la renta disponible está por debajo de la media nacional”. Los que cumplen estas tres condiciones son municipios pequeños, con una población media de 400 habitantes, situados en las provincias de León, Salamanca y Zamora.

Castilla y León, la comunidad más castigada

El informe también analiza la cobertura que tienen los distintos territorios para acceder al efectivo. Por comunidades, Castilla y León es la que presenta una situación peor, con Zamora y Ávila como las provincias que presentan menores ratios de población con un punto de acceso al efectivo en un radio de cinco kilómetros (el 81% y el 85%, respectivamente). Esta situación se explica por su menor densidad de población, así como la orografía del territorio, que han hecho que históricamente la cobertura de la red de oficinas y de cajeros haya sido baja y “compensada, en parte, por soluciones alternativas, como agentes financieros u oficinas móviles”. En 2008, más del 70% de los municipios de Castilla y León no contaban con una oficina bancaria, lo que afectaba al 13% de la población de la región, indica el documento.

Cáceres y Soria son las provincias en las que la población depende más de una sola oficina o punto de acceso, por lo que su cierre sería más dramático: alejaría sensiblemente el acceso al efectivo hasta los 13,5 kilómetros.

Cerca de un millón de ciudadanos viven en municipios con una vulnerabilidad media en el acceso al efectivo. “Las provincias gallegas de Lugo, A Coruña y Ourense concentran cerca del 24% de la población de los municipios considerados de vulnerabilidad media”, dice el documento, que recuerda que este problema “determina, en parte, el nivel de inclusión financiera de la población”.

¿Cuáles son las causas de esta situación? Para el supervisor no hay duda. La reducción del número de puntos de acceso al metálico desde 2008 ha sido muy notable. El número de oficinas bancarias ha disminuido cerca del 50%, mientras que el total de cajeros automáticos se ha recortado un 20%. “La reducción de la capacidad instalada ha sido desigual entre provincias, con un efecto asimétrico sobre la cobertura de la infraestructura tradicional de efectivo y, por lo tanto, sobre el acceso a este medio de pago”, indica.

Las alternativas pueden no ser suficientes

La conclusión del estudio es que es previsible “que la reducción del número de oficinas y de cajeros automáticos continúe en los próximos años, ante el incremento de la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia por parte de las entidades de crédito”. En este sentido, el impulso de soluciones alternativas a los canales tradicionales “puede ser un importante complemento que permita garantizar el acceso al efectivo al conjunto de la población, aunque, por sus limitaciones actuales, no puedan sustituir completamente el abanico de servicios que prestan dichos canales” recuerda.

Sin embargo, los directivos de la banca añaden un argumento distinto para explicar esta situación. Recuerdan que es el propio supervisor el que pide que aceleren el recorte de gastos y les anima al cierre de sucursales para favorecer la rentabilidad de las entidades. “Nos piden que prescindamos de oficinas para ser más eficientes, pero, a la vez, parece que nos critican si lo hacemos con las que no son rentables que, muchas de ellas, están en los pueblos. Una curiosa doble actitud”, critica un ejecutivo del sector que pide el anonimato.

Descendiendo a los detalles, al final de 2020 el número de oficinas bancarias y de cajeros automáticos de todo tipo en España se situaba en 22.299 y en 49.481, respectivamente. Esto supone 1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes del territorio español. En España existen cerca de 6.000 cajeros de operadores independientes (el 12,1% del total), de los cuales el 1%, aproximadamente, está instalado en municipios de menos de 10.000 habitantes, sobre todo por las subvenciones que están recibiendo de los ayuntamientos, apunta el informe. Las empresas independientes con cajeros son Euronet, Euro Automatic Cash y Cardtronics.

Concentración de puntos de acceso

Se ha considerado como punto tradicional de acceso un cajero automático de cualquier tipo o una sucursal bancaria, aunque el propio informe reconoce que no todas las sucursales dispensan efectivo o lo limitan por horarios. Se incluyen los cajeros automáticos situados en las sucursales bancarias y los desplazados.

Un punto importante del documento es la dispersión o concentración de puntos de acceso. Así, Cuenca es la que dispone de un mayor número de lugares de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes (2,4), pero concentrados en un número bajo de municipios dentro de la provincia. Por el contario, Cádiz tiene solo 1,1 puntos de acceso, pero distribuidos geográficamente de forma homogénea.

Otro dato curioso es que los pueblos de entre 1.000 y 5.000 habitantes tienen un nivel de acceso al metálico por encima del promedio nacional, pero los municipios de más de 5.000 habitantes “tienen una capacidad instalada inferior al promedio nacional”.

Correos, una solución al problema

Si se tienen en cuenta los establecimientos de Correos, las oficinas bancarias y los cajeros automáticos, el 99% de los españoles tendrían un potencial punto de acceso al efectivo en un radio de cinco kilómetros. Esto ya ocurre en Irlanda, el Reino Unido y Australia, y ahora Correos está implantando esta posibilidad con una alianza con el Banco Santander.

Las conocidas como cashback y el cash-in-shop —retirada o depósito de efectivo en un establecimiento comercial— son otras fuentes alternativas de disponibilidad de efectivo para complementar parte de la cobertura que proporcionan los canales tradicionales, pero que no pueden considerarse sustitutivos próximos porque la disponibilidad de efectivo no está garantizada y porque la posibilidad de retirar o de ingresar efectivo depende, en algunos casos, de la voluntad del establecimiento.

Con el fin de valorar el grado de vulnerabilidad en el acceso al dinero en metálico, se ha construido un índice (IVAE) que tiene en cuenta indicadores tanto de oferta como de demanda de efectivo. El IVAE permite detectar aquellos municipios con un mayor riesgo de quedar excluidos de acceso al dinero físico. Los individuos de mayor edad, menor renta y menor nivel educativo usan el efectivo como medio de pago con mayor frecuencia que el resto de la población.