Las tiendas ‘duty free’ de los aeropuertos al borde de la desaparición si los jueces no lo remedian
El grupo suizo que explota los locales admite en sus cuentas que peligra su supervivencia por la factura que le quiere cobrar Aena pese a la pandemia
World Duty Free, la empresa del grupo suizo de Dufry, que explota las antiguas tiendas libres de impuestos (conocidos como duty free) de la red de aeropuertos de Aena está en peligro de supervivencia por el elevado nivel de deuda que mantiene con el gestor aeroportuario debido a la pandemia del coronavirus, y que ha derivado en un conflicto entre ambas compañías que deberán sustanciar los tribunales.
Así lo admite tanto la empresa como el auditor EY en las últimas cuentas correspondientes al ejercicio de 2020 depositadas esta semana en el Registro Mercantil, y a las que ha tenido acceso EL PAÍS. En las mismas, se constata que World Duty Free registró unas pérdidas netas de 340,3 millones de euros en 2020 frente al beneficio de 74,3 millones obtenido un año antes. Pero lo más grave es que se advierte de que el fondo de maniobra -la capacidad de la empresa de atender sus obligaciones a menos de 12 meses, con aquellos activos a corto plazo- ha pasado a ser negativo “principalmente por la deuda a corto plazo mantenida con Aena”, según precisa el auditor.
“En las actuales circunstancias, la sociedad no puede predecir con seguridad cuanto tiempo se extenderán los efectos negativos de la pandemia, lo que implica que, a fecha de formulación de las cuentas anuales adjuntas, haya una incertidumbre significativa sobre la continuidad de la sociedad, derivada del impacto económico negativo de la pandemia y de la resolución final que se produzca en relación al pago de las deudas con Aena”, precisa el informe de gestión.
World Duty Free debía afrontar una factura en 2020 de 312,6 millones de euros por alquileres si hubiera abonado en su totalidad la Renta Mínima Anual Garantizada (RMGA) asociada a dichos contratos. No obstante, como el tráfico de pasajeros cayó un 73%, Aena le ofreció un pacto como al resto de sus arrendatarios consistente en una exención en el pago del alquiler para los tres meses del primer estado de alarma (del 15 de marzo al 20 de junio de 2020) y una rebaja del 50% de la renta mínima desde esa fecha hasta septiembre de 2021. A partir de este mes, se normalizaría ya el pago de la renta completo.
El acuerdo fue rechazado por el grupo suizo que lo consideró abusivo y consiguió que el juzgado número 39 de de Madrid suspendiera cautelarmente el cobro de las rentas correspondientes a 2020 y la ejecución de la fianza depositada de 25 millones en caso de impago. Ahora los tribunales deberán decidir sobre el fondo del asunto, aunque ya algunos juzgados de primera instancia han dado la razón a los inquilinos frente a Aena como el conseguido por el grupo familiar Zea Retail de un juzgado de Madrid que liga el pago del alquiler de sus tiendas de los aeropuertos al tráfico real.
Batalla en los tribunales
Sobre este particular, la empresa se muestra convencida de que ganará la batalla final a Aena en los tribunales. “Los administradores de la sociedad consideran que la resolución del procedimiento judicial con Aena culminará de forma satisfactoria y que, bajo este escenario, el grupo se compromete a otorgar el apoyo financiero necesario a la sociedad de forma que ésta pueda realizar sus activos y atender sus compromisos en el curso normal de sus operaciones, todo ello en el contexto de la crisis sanitaria”, indica el informe de cuentas.
No obstante, la empresa de las tiendas libre de impuestos advierte de que “en las actuales circunstancias no puede predecir con seguridad cuánto tiempo se extenderán los efectos negativos de la pandemia, ni cuándo se iniciará la recuperación del tráfico de pasajeros”.
World Duty Free registró unos ingresos de 202,1 millones de euros en 2020, un 73,6% menos que los 766,4 obtenidos en el ejercicio anterior. El resultado bruto de explotación fue negativo (-386,7 millones), frente a los 128,4 millones positivos del año anterior.
La empresa se ha acogido a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor debido a la covid-19 desde el 14 de marzo de 2020 para el 90% de sus trabajadores que se ha prorrogado varias veces, la última hasta el 10 de abril de 2022. Pese a ello, se produjo una disminución de plantilla de alrededor de 340 trabajadores en 2020 hasta los 3.309.
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