La ONU pide a los países ricos que reasignen a los más necesitados parte de la nueva liquidez del FMI

El Fondo Monetario Internacional se prepara para acometer una gigantesca ampliación de sus líneas de liquidez, un paso para apuntalar las reservas mundiales y contribuir a la recuperación en marcha. Los 650.000 millones de dólares en derechos de giro (un activo de reserva suplementario internacional creado por el FMI) que pondrá a disposición de sus miembros se convertirán en el primer incremento de la potencia de fuego del organismo desde 2009, cuando otra crisis, esta de origen financiero, asoló la economía global —entonces distribuyó 293.000 millones—. Pero también en un examen sobre la voluntad real de combatir la desigualdad. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reclama a los países ricos que trasvasen parte de esos recursos a los Estados más vulnerables para ayudarles a lidiar con la pandemia facilitando su acceso a la vacuna, aliviar sus enormes problemas de deuda, sacar a millones de personas de la pobreza y propiciar que se sumen a la transición ecológica en marcha, para la que carecen de medios.

El dinero no se distribuye según las necesidades económicas sean más o menos acuciantes, sino de acuerdo a las cuotas de los miembros del FMI. Ese sistema deja 283.000 millones de dólares en manos de los países del G7, y 438.000 millones en países considerados de altos ingresos. Las cantidades en juego oscilan entre los tres o cuatro millones de dólares de algunos pequeños estados isleños de Oceanía, a los 113.378 millones a los que tiene derecho Estados Unidos.

Los 82 países identificados como altamente vulnerables a la deuda tienen derecho a percibir 55.000 millones de dólares de la nueva liquidez del FMI, lo cual equivale a solo el 1,8% de su deuda pública bruta. “En otras palabras, la asignación no cubriría ni siquiera el valor de un año de pagos de intereses para la mayoría de los países”, advierte Naciones Unidas. Es por eso que han llamado a los países con exceso de reservas y economías más sólidas a aceptar una redistribución. Así lo expresa Achim Steiner, administrador del PNUD. “Es la mayor asignación del FMI desde 1945, más grande que el Plan Marshall convertido a dinero actual. La reorientación de las asignaciones de los derechos de giro y otros flujos financieros podría ser decisiva para ayudar a los países en desarrollo”. La agencia de calificación Fitch comparte ese diagnóstico: cree que los beneficios crediticios para los países de bajos ingresos “podrían amplificarse” si los países ricos les prestan parte de sus derechos de giro.

El informe elaborado por el PNUD insiste en que “la asignación general de derechos de giro propuesta proporcionará cierto alivio, pero está muy por debajo de la ambición que el mundo debería tener de garantizar una recuperación verde e inclusiva”, por lo que cree que la comunidad internacional se encuentra ante “una oportunidad única” para invertir en la respuesta a la crisis. Máxime cuando los países más vulnerables suman a sus problemas de deuda los sanitarios propios de su retraso en la campaña de vacunación respecto a las economías más avanzadas. “A medida que la pandemia avanza en los países en desarrollo, los recursos se agotan, las vulnerabilidades de la deuda se intensifican y los gobiernos necesitan urgentemente apoyo de liquidez para gestionar la crisis”, añade el comunicado publicado por la agencia de la ONU.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha dicho que espera que el directorio de gobernadores del FMI vote a mediados de agosto sobre la asignación propuesta de derechos de giro que el G-7 ya ha respaldado. Los líderes de ese grupo de países respaldaron la movilización de 100.000 millones procedentes del FMI para los páises más vulnerables. Y Georgieva se comprometió a desatascar las negociaciones para alcanzar esa cifra. “En los próximos meses analizaré con nuestros países miembros opciones que nos permitan lograr este objetivo juntos”, afirmó.

Esta medida se suma a la moratoria temporal de las obligaciones financieras asumidas por los países más pobres del mundo, acordada en junio del año pasado por el G20. El horizonte inicial de esta suspensión de los repagos era de seis meses, pero ante los confinamientos se volvió a ampliar otros seis más.

El escrito del PNUD vincula los problemas de deuda con los climáticos. Sostiene que nueve de los diez países más expuestos a la deuda son economías en desarrollo altamente vulnerables al cambio climático. Y ve inviable llevar a cabo la transición mundial a un sistema de bajas emisiones de carbono sin apoyar a las economías en desarrollo para que den ese paso, dado que el pago de la deuda y los intereses condicionan su capacidad de invertir para transformarse. “Los países en desarrollo son los que menos han contribuido a la crisis climática global, pero soportarán desproporcionadamente la costos asociados al cambio climático, y tienen menor cantidad de recursos financieros e institucionales para hacerles frente”, alerta la ONU.