El Supremo tumba el recurso de Vox contra el nombramiento de la presidenta de la CNMC
El partido de Abascal consideraba que Cani Fernández incurría en un conflicto de intereses al haber trabajado para Cuatrecasas
El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por Vox contra el nombramiento de Cani Fernández como presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de Carlos Aguilar como consejero del organismo a propuesta de Unidas Podemos, según dos fallos fechados el pasado 13 de mayo.
El grupo parlamentario que lidera Santiago Abascal impugnó el decreto de nombramiento aprobado por el Gobierno el 16 de junio al entender que Cani Fernández podía incurrir en un conflicto de intereses, ya que trabajó en el despacho de abogados Cuatrecasas entre 1997 y febrero de 2020, y litigó contra el Estado y la propia CNMC.
La sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha tumbado ambos recursos por falta de legitimación activa, siguiendo la anterior jurisprudencia de que los partidos políticos no tienen potestad para presentar recursos administrativos, puesto que participan previamente en el procedimiento de los nombramientos de este tipo de cargos.
En el caso de la presidenta de la CNMC, contó con los votos favorables en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y el PNV, mientras que votaron en contra PP, Ciudadanos y Vox.
El Supremo recuerda varias sentencias en las que ha mantenido esta doctrina. La más reciente el rechazo en septiembre de 2020 de los recursos de PP y Vox contra la inclusión de Pablo Iglesias en la comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También inadmitió en noviembre de 2019 al recurso del PP contra el nombramiento del presidente y tres consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear.
Fernández ha admitido que ha trabajado para varias grandes empresas en conflicto con la CNMC, por lo que se ha comprometido a inhibirse en todos los casos en que haya un posible conflicto de intereses. El caso más sonado de esa labor profesional es el asesoramiento a Mediaset, que ha sido multada junto a Atresmedia con 77 millones de euros por la CNMC por la situación de duopolio en el mercado publicitario de la televisión.
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