A Coruña se moviliza para frenar la privatización de su fachada marítima

A Coruña tiene pendiente desde hace casi 20 años una de las mayores transformaciones urbanísticas de España. Afecta a medio millón de metros cuadrados a pie de mar, a unos céntricos muelles que han pasado a la Historia por ser la última porción de Galicia que pisaban los emigrantes cuando partían a hacer las Américas. En 2004, en pleno éxtasis del ladrillo, las Administraciones públicas acordaron sustituir la actividad portuaria por centros comerciales, hoteles y pisos, subastando entre promotoras la inmensa mayoría del terreno, unos 400.000 metros cuadrados. Nadie defiende ya aquella privatización masiva de suelo público que se vio frustrada por el ocaso inmobiliario. “En este tiempo ha cambiado todo: la sensibilidad de la ciudadanía, las necesidades… No solo en A Coruña, en todo el mundo”, aduce Juan José Yáñez, gerente de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios.

El Ayuntamiento, la Xunta y el Gobierno central negocian actualmente un nuevo reparto de usos para esos terrenos. Una manifestación organizada por la plataforma cívica Defensa do Común y secundada por 70 entidades, entre asociaciones vecinales, colectivos culturales, cofradía de pescadores, sindicatos y partidos, recorrió este domingo A Coruña para reclamar que el suelo de la nueva fachada marítima conserve la titularidad pública y acoja equipamientos, zonas verdes y también actividades portuarias no contaminantes “vinculadas a la economía azul”. El manifiesto de la movilización, leído ante un millar de personas en la plaza de María Pita, rechaza la construcción de viviendas.

Si el suelo será o no privatizado y en qué magnitud depende de varios condicionantes, sobre todo de la gigantesca deuda que lastra desde hace años las cuentas de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Debe 300 millones de los dos préstamos que suscribió para financiar la construcción de un macropuerto exterior a 15 kilómetros de la ciudad, en punta Langosteira (Arteixo). Esa dársena, a la que se mudará la actividad portuaria desde el centro urbano coruñés, iba a ser pagada con el dinero recaudado por la venta de los muelles a promotoras inmobiliarias. Todo salió mal. Esa vía de financiación saltó por los aires con el estallido de la burbuja y, para colmo, la factura de la obra se ha disparado hasta los 1.000 millones de euros por sobrecostes y mala planificación.

De ese endeudamiento de la Autoridad Portuaria, 200 millones proceden de un crédito que le otorgó Puertos del Estado y que está ahora en el centro de la polémica. La Xunta del PP, el Ayuntamiento del PSOE y los convocantes de la manifestación de este domingo, apoyada por el Marea Atlántica y BNG, reclaman su condonación o una “ayuda equivalente”. Todos exigen para A Coruña el mismo trato que recibió Valencia, donde el Gobierno de Pedro Sánchez ha condonado una deuda de 350 millones al Consorcio que se creó para organizar la Copa América de Vela de 2007.

Puertos del Estado, que ha demorado recientemente el cobro de las cuotas de ese préstamo hasta 2035, responde a la petición coruñesa con un no rotundo. Fuentes de este organismo dependiente del Ministerio de Fomento alegan que en Valencia se perdonó el dinero a un ente integrado por varias Administraciones públicas, donde la participación de la Autoridad Portuaria de Valencia era “mínima”. En A Coruña la condonación es “imposible”, defienden esas mismas fuentes, porque se aplicaría directamente a la Autoridad Portuaria y está obligada por ley “a autofinanciarse”.

Viviendas sí o no

La manifestación de este domingo en A Coruña emuló a otra celebrada en 2017 y alentada por el gobierno local que, en manos de Marea Atlántica, abrió la lucha contra la privatización de los muelles. La protesta esta vez no ha contado con la asistencia de la actual alcaldesa, la socialista Inés Rey, pero fuentes de su equipo aseguran que comparte las reivindicaciones porque “el puerto no puede ser objeto de una operación de intereses privados”. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, uno de los promotores en 2004 de la privatización masiva cuando era vicepresidente de la Xunta, se ha ofrecido para comprar y urbanizar con 20 millones de fondos autonómicos la zona más céntrica, los muelles de Batería y Calvo Sotelo, pero el Ayuntamiento se opone.

Después de casi 20 años de sucesivos foros de debate y estudios, el gobierno local ha encargado a la Universidad de A Coruña un nuevo informe con propuestas para urbanizar los 500.000 metros cuadrados de borde litoral que transformarán esta urbe con forma de península. Las ideas planteadas prevén equipamientos deportivos, salas de conciertos y exposiciones, centros universitarios o un recinto ferial, además de aprovechar la remodelación para mejorar la movilidad en toda la ciudad. El Ayuntamiento no descarta levantar viviendas en el muelle de San Diego, el más alejado del corazón de la ciudad, porque sostiene que “no se pueden integrar estos espacios en la ciudad sin un desarrollo urbanístico”. Promete que la mayoría serán pisos protegidos y, “si las circunstancias lo permiten”, ninguno será de precio libre.

Los plazos dependen en buena parte del ritmo del traslado de la actividad portuaria a la dársena exterior y de la duración de las concesiones aún vigentes. Los promotores inmobiliarios de A Coruña auguran que la remodelación urbanística “va para muy largo”, pero ya piden que “no se tenga miedo” a construir viviendas y que “se enajene en lotes pequeños” para que “no venga un gran fondo de fuera y se apodere de todos los terrenos”. Su gerente, Juan José Yáñez, advierte de que el porcentaje de suelo que se privatice dependerá de si se resuelve la ruina del Puerto: “Si no hay condonación [de la deuda] ni fondos europeos, el dinero tendrá que salir de algún lado”.