Condenado a más de tres años de cárcel un empleado de Caja Rural Zamora que se adueñó de 207.000 euros

El director de unas sucursales de Caja Rural Zamora se aprovechaba de ser el director y único empleado para apropiarse del dinero de los clientes. La Audiencia Provincial ha condenado a R.F.V. a tres años y ocho meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y un delito de falsedad en documento mercantil por adueñarse de 207.646,42 euros ingresados por parte de los usuarios de Caja Rural Zamora en tres oficinas bancarias de la provincia. El banco supo de estos movimientos irregulares a través de una auditoría interna no programada que condujo al empleado zamorano, cuyos movimientos fueron efectuados según la sentencia “con el propósito de obtener un beneficio económico ilícito” mediante asientos contables ficticios. Este reconoció de inmediato los hechos y aún no ha devuelto la cantidad retirada. La resolución judicial ordena reintegrar a la Caja 204.646,42 euros más los intereses y las costas del caso.

Los hechos ocurrieron en “fecha no determinada”, pero ubicada entre febrero de 2016 y el 14 de febrero de 2019. El estudio realizado por la entidad reveló que del importe total el hombre había extraído 38.371,33 euros de la sucursal de Mahíde, otros 142.091,43 de Villadeciervos y 27.183,66 de Ferreras de Abajo. Zamora es una de las provincias con más tasa de despoblación de España y el 82% de los municipios tienen menos de 500 habitantes, de ahí que en muchos de ellos no haya locales bancarios y las cajas de una localidad más grande aglutinen a residentes de toda la comarca.

El investigado trabajó en Caja Rural Zamora desde enero de 2013 hasta que fue despedido por motivos disciplinarios en marzo de 2020. La Fiscalía solicitaba para el acusado cinco años de cárcel mientras que la defensa del trabajador, que reclamaba su absolución, intentó sin éxito que se tuviera en cuenta como atenuante de la pena la colaboración del hombre con las autoridades una vez fue sorprendido y una supuesta ludopatía que también quedó desestimada. El tribunal que lo ha sancionado ha admitido que reconoció los hechos, pero que esta actitud no partió de su propia voluntad sino que obró así cuando fue identificado por la auditoría no programada. Asimismo, el fallo destaca que el empleado de la banca presentó un escrito que negaba la veracidad de los actos que se le imputaban.

La defensa del detenido trató de plantear una posible adicción al juego por parte de R.F.V. La Sala ha precisado que no existe ningún informe pericial que así lo corrobore, al igual que tampoco hay acreditación por parte de forenses u otros especialistas. Los informes que se presentaron justo el día antes del juicio no tienen, para la Audiencia Provincial, fundamento en “documentación alguna sino en las propias manifestaciones del acusado”. A su vez, el informe del médico privado y especialista en derecho del trabajo “fue impugnado y no consta ratificado”, de modo que quedó anulado como efecto probatorio, especialmente cuando las “apreciaciones relativas a la ludopatía” provinieron solamente de comentarios del paciente investigado. La sentencia no es firme y el condenado tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.