Opinión
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Deprisa, deprisa

Tras la decisión del Constitucional alemán de despejar el camino a las ayudas, la ratificación del fondo europeo contra el coronavirus es más urgente que nunca

El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, en el Bundestag este miércoles.
El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, en el Bundestag este miércoles.CLEMENS BILAN / EFE

La decisión del Tribunal Constitucional alemán de no suspender cautelarmente la ratificación del fondo europeo de recuperación despeja uno de los grandes obstáculos para la distribución de los 750.000 millones en ayudas comunitarias contra la pandemia. El recurso contra el fondo continuará su curso judicial, pero no impedirá el desembolso, esperado desde primeros de este año. El dinero, sin embargo, no llegará hasta que los 27 países de la Unión hayan dado la luz verde para que la Comisión Europea pueda emitir la deuda necesaria para financiar el fondo.

Con la firma de Alemania serán ya 18 países los que hayan completado la ratificación (con España entre ellos). De los nueve restantes, el más inquietante es Polonia, donde el Gobierno ni siquiera ha sido capaz todavía de aprobar el proyecto de ratificación. Las disputas entre los dos socios del Ejecutivo —el PiS de Kaczynski y el aún más ultraconservador Polonia Unida— mantienen bloqueado el proceso y no se descarta una ruptura de la coalición. La salida de Polonia Unida, contrarios al fondo de recuperación a pesar de las multimillonarias ayudas que deparará al país, podría facilitar la luz verde. Polonia Unida considera que la emisión conjunta de deuda que requiere el fondo es un gigantesco paso hacia una Europa federal.

El argumento de los ultraconservadores polacos es similar al caso que se dirime ante el Constitucional alemán. Los firmantes del recurso consideran que la llamada Decisión de recursos (base legal para el presupuesto comunitario y para la emisión de deuda) dará poderes a la Comisión no solo para financiar el fondo de 750.000 millones, sino incluso para ampliar esos programas de ayuda sin que el Parlamento alemán pueda impedirlo. Ese salto presupuestario viola, según los demandantes, tanto la Constitución alemana (que confiere al Bundestag la soberanía parlamentaria) como el Tratado de la UE (que impide los números rojos en el presupuesto comunitario y prohíbe el rescate de los países con fondos europeos).

Los jueces alemanes, tras una revisión preliminar del recurso, han concluido que tiene fundamento y que merece ser analizado en detalle, sobre todo en lo relativo a que el fondo se convierta en un instrumento financiero permanente. Pero por suerte para los países más necesitados de las ayudas, como España o Italia, los magistrados han rechazado la suspensión cautelar de la ratificación por considerar que causaría un daño económico desproporcionado.

Los jueces ponen así el dedo en la llaga por la que supura la economía europea desde hace meses. Casi un año después del acuerdo de la cumbre de julio de 2020 para crear el fondo de recuperación, las ayudas europeas siguen sin tener fecha concreta de llegada. El acuerdo definitivo sobre el fondo se retrasó primero por la disputa con Hungría y Polonia sobre un nuevo reglamento que permite la suspensión de los fondos europeos a países donde el deterioro del Estado de derecho no garantice su correcta supervisión. Después llegó el proceso de ratificación, inevitablemente lento porque implica a decenas de parlamentos, y el tropiezo, ahora superado, en el Constitucional alemán.

La UE no puede permitir muchas más demoras. El azote de la tercera y cuarta olas de la pandemia augura una debacle económica que podría materializarse, según fuentes comunitarias, a partir de otoño. Y no parece que las campañas de vacunación en marcha puedan llegar a tiempo para evitar ese desenlace. Europa debe evitar que la crisis arrase un tejido empresarial y laboral que antes de la pandemia prosperaba con viento en popa. El retraso frente a la recuperación de EE UU y China ya es evidente y una salida tardía de la crisis podría lastrar al Viejo Continente en una competencia mundial en la que ya perdió varios puestos como consecuencia de su penosa gestión de la crisis financiera de 2008-2012.

La ratificación y puesta en marcha del fondo es también más urgente que nunca por razones políticas. Las elecciones de septiembre en Alemania marcarán un punto y aparte en la era de Angela Merkel. La salida de la canciller marcará el inicio de una revisión profunda de la ambición del proyecto comunitario, tanto en política fiscal como social o medioambiental. Los colores del futuro Gobierno de coalición alemán (entre los que podría figurar el verde de los ecologistas) serán clave para unos debates en Bruselas que se anuncian muy caldeados y que, probablemente, no se zanjarán hasta después de las elecciones en Francia en mayo de 2022.

El funcionamiento del fondo de recuperación será una pieza esencial en esa batalla, dada la novedad de su endeudamiento compartido y la supeditación de los subsidios a programas nacionales de reformas verificados por Bruselas. Su gestión y resultados influirán en un regateo mucho más amplio que incluirá desde la revisión del Pacto de Estabilidad a la introducción de impuestos o tasas a nivel europeo y el posible establecimiento de un mecanismo permanente de trasvases presupuestarios entre los socios de la UE.

La cuenta atrás para ese salto ya ha comenzado, con la Francia de Emmanuel Macron abogando por la necesidad de ampliar el fondo de recuperación aun antes de que se ponga en marcha y la Italia de Mario Draghi dando por superado el viejo Pacto de Estabilidad de 1997. Incluso desde el Banco Central Europeo llegan voces a favor de revisar las normas sobre deuda introducidas en el pacto a raíz de la crisis del euro para no poner en peligro la recuperación después de la pandemia.

La futura sentencia del Constitucional alemán, con posible intervención del Tribunal de Justicia europeo, delimitará el margen de maniobra de Berlín en todos esos debates. Pero hasta entonces, lo más urgente para Europa es completar la ratificación del fondo, aprobar los programas de reformas e iniciar el desembolso de unas ayudas que garanticen que la futura transformación fiscal de la UE se puede llevar a cabo sin tener que pasar por un escenario económico apocalíptico.

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