Fedea critica que sean las comunidades las que repartan las ayudas directas para empresas y autónomos

La decisión del Gobierno de que sean las comunidades autónomas las que lleven a cabo el reparto de las ayudas para empresas y autónomos más castigados por la pandemia ―de 11.000 millones de euros, 7.000 de ellos para ayudas directas― no es adecuada, según Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). El think tank de las grandes empresas considera que estas no cuentan con una “ventaja comparativa” en la gestión frente a la administración central. Así lo recoge en su último boletín publicado este martes.

El documento publicado por Fedea también pone en tela de juicio el reparto por territorios del montante total de las ayudas, cuando “el texto ya establece criterios para fijar la cuantía de las ayudas que podrá recibir cada beneficiario”. Esto es, si ya se encuentra delimitado el perfil del beneficiario, los autores del estudio consideran que cada comunidad debería recibir la cantidad acorde a su número de empresas y autónomos demandantes.

En un informe de 72 páginas publicado este martes como parte del seguimiento de la crisis de la covid, Fedea considera que esta entrega de competencias a las comunidades retrasará “inevitablemente” la llegada de los recursos. “No parece que las autonomías cuenten con ventaja comparativa en la gestión del programa frente la administración central y, en particular, a la Agencia Tributaria, y su implicación retrasará inevitablemente la llegada de unas ayudas que ya se han hecho esperar más de lo razonable”, asegura.

En cuanto a las cantidades que manejará cada territorio, Fedea alerta de que esta entrega de fondos ex ante (previa, y no una vez constatado el volumen de demandantes) “podría no reflejar correctamente la distribución de los perjuicios causados por la pandemia”.

Otra de los apartados que hace fruncir el ceño al organismo es el carácter de rescate de las propias ayudas, que, a su juicio, las dota de algunas disfunciones: “Puesto que las ayudas no tienen carácter retornable y no hay un intento convincente de filtrar a los solicitantes por viabilidad, estaríamos más bien ante indemnizaciones de carácter compensatorio, que irían en parte a empresas inviables o que sobrevivirían sin ellas, elevando así el coste del programa”. Del mismo modo, también advierte de la vertiente discriminatoria de estas a la hora de su reparto, ya que “se excluye de forma arbitraria de las mismas a aquellos potenciales beneficiarios que ya han tenido que cerrar sus negocios, restringiéndose además las ayudas a un listado preciso de actividades CNAE y excluyendo también a sus proveedores de otros sectores aunque estos hayan sufrido descensos muy elevados de facturación”.

Para rematar este argumento el texto concluye que los efectos de los incentivos sobre las administraciones implicadas “serán escasos o nulos, puesto que las ayudas se conceden a posteriori y su coste correrá enteramente a cargo de la Administración Central pese a ser las comunidades autónomas las administraciones responsables de la gestión de la pandemia desde el pasado otoño”.

Requisitos imposibles

En un relato detallado de los pormenores del plan desarrollado por el Gobierno para desplegar un nuevo colchón financiero que ayude a mantenerse a flote a aquellas empresas y trabajadores dañados considerablemente por la pandemia, algunos de los requisitos establecidos en él también son cuestionados por Fedea. Entre todos ellos sobresale especialmente el que hace referencia a que las empresas que demanden la ayuda deberán estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social. “Puesto que estamos hablando de ayudas destinadas a empresas con problemas de solvencia, es muy probable que muchas de ellas sean incapaces de cumplir este requisito”, apunta el documento, elaborado por Florentino Felgueroso, Ángel de la Fuente y Mireia Jofre-Bonet, que advierten: “Para hacerlo podrían verse obligadas a concentrar sus incumplimientos en sus acreedores privados, reforzando así los posibles efectos de bola de nieve que el Gobierno presumiblemente busca evitar con las ayudas”.

Su última consideración acerca del espíritu de este plan es que se posee un marcado carácter “finalista”. Esta consideración la obtienen a partir de “una interpretación rígida del texto”, ya que, a su juicio, las empresas socorridas tendrían como primer objetivo una vez cubierto el pago de las deudas pendientes con los proveedores a reducir los préstamos solicitados, siendo los del ICO los primeros de la lista “aunque careciesen de liquidez para hacer frente a nuevos pagos a proveedores o cubrir sus costes fijos en los próximos meses”.