La fiscalidad de Biden agita la UE

Las medidas adoptadas por los gobiernos, en situaciones límite, para remediar grandes crisis económicas y sociales han sido la palanca para construir los sistemas de protección social. Así ocurrió en el Reino Unido en 1909 con Lloyd George; en EE UU, en 1932 con Roosevelt y en varios países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. El instrumento ha sido establecer o subir impuestos para financiar los sistemas de salud, las pensiones y la protección al desempleo.

Pasado el susto de los peores momentos, el capitalismo ha logrado deshacer las regulaciones, que precisamente le habían salvado, para imponer políticas claramente insostenibles por los destrozos medioambientales y su extrema desigualdad.

La respuesta fiscal a la pandemia del presidente de EE UU, Joe Biden, es otro momento histórico que puede significar una importante corrección de los excesos del capitalismo. La petición de su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de elevar el tipo del impuesto de sociedades del 21% al 28%, con un mínimo del 21% para los beneficios obtenidos en el extranjero y, sobre todo, la propuesta de fijar un tipo mínimo global del 15% supone un cambio radical a la carrera hacia abajo del impuesto de sociedades, que ha pasado del 40% en 1990 al 25% en 2017. Una práctica que ha privado de importantes ingresos para el mantenimiento de servicios sociales esenciales.

En contra de lo que cabría esperar, la reducción del tipo de sociedades ha sido más drástica en Europa que en los países de la OCDE. Así, mientras en el 2000 el tipo promedio de este impuesto en la OCDE y el de la UE-22 (los países europeos que son miembros del club de países ricos) coincidía en el 32,2%, en 2020 el tipo fiscal promedio había descendido hasta el 23,3% en los países de la OCDE y al 22,2% en la UE-22.

Las medidas estadounidenses van directamente dirigidas contra los paraísos fiscales. Consideran inaceptable el montaje establecido entre Irlanda, Holanda y Luxemburgo (en combinación con Islas Caimán y otros territorios), que concentran la mayor parte de los beneficios de las multinacionales estadounidenses en Europa, con un tipo fiscal que oscila entre el 1% y el 3%.

La UE ha sido incapaz de impedir este mecanismo fraudulento de evasión fiscal a través de las inversiones extranjeras directas. Un trabajo de los investigadores Damgaard, Elkjaer y Johannsen para el FMI revela que en 2017, Luxemburgo, con 600.000 habitantes, recibió seis billones de dólares de inversiones extranjeras directas, las mismas que EE UU. La mayor parte es inversión fantasma que supera los 15 billones de dólares en el mundo.

La propuesta estadounidense podría acabar con un sistema fiscal europeo, tan irracional como pernicioso que, debido a la regla de la unanimidad, tiene paralizada a la UE. Deberíamos estar esperanzados y recordar que fue la ley FACTA de Obama la que puso fin al secreto bancario en Suiza.