Pablo Hernández de Cos incorpora el cambio climático como riesgo financiero de la banca

Hace más o menos un mes, el 17 de marzo, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, disertó en el IESE sobre el papel de los bancos centrales y de los supervisores bancarios en la acción climática. Habló como gobernador, pero sobre todo como presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) y miembro del consejo del Banco Central Europeo (BCE), es decir, desde una perspectiva más europea e internacional que española. Su mensaje, en resumen, fue que “los bancos centrales, los reguladores financieros y los supervisores, en el marco de nuestros mandatos de garantizar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera, podemos —y debemos— contribuir activamente a las acciones internacionales para luchar contra el cambio climático”.

No era la primera vez que el activo gobernador sacaba a colación este tema, que para él supone una obsesión, además de estar en línea con los criterios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Y, de hecho, el viernes ya la vio cumplirse en el programa de estrategias y prioridades para 2021 y 2022 que difundió el BCBS. Entre ellas aparece “la valoración, la medición y mitigación de los riesgos financieros relacionados con el cambio climático” junto al impacto de la digitalización en el modelo de negocio y en las tasas de interés.

Ha sido difícil ligar a los bancos con esos riesgos porque estas entidades no producen emisiones de efecto invernadero ni sus actividades afectan al medio ambiente. Para frustración del gobernador, suele tener menos repercusión en los medios que cuando habla de otras cuestiones de actualidad financiera. Pero ahora este asunto ya forma parte de la actualidad financiera en cuanto que las entidades tienen que adaptarse y dar respuesta a los riesgos financieros asociados al cambio climático a los que sí están expuestas porque financian a otros sectores que sí producen emisiones o se ven afectados por la transición a una economía más sostenible.

En definitiva, es cada vez más apremiante llevar el discurso del terreno académico al práctico. Por ello, el programa de Basilea es un paso muy importante para buscar soluciones relacionadas con la regulación, la supervisión y la divulgación de información e identificar los riesgos climáticos y sus canales de transmisión.

No obstante, cuando se intentan medir estos riesgos, surgen dificultades. “No se cuenta con la profundidad histórica suficiente y no existe experiencia previa de cambios estructurales de esta magnitud que requieren una perspectiva a largo plazo, lo que condiciona las metodologías”, apunta Cos. Tampoco se tienen análisis, lo que lleva a que las autoridades hayan optado por incluir el componente de cambio climático en las pruebas de resistencia que se hagan a los bancos en 2022.

El gobernador introduce, en ese sentido, los riesgos físicos (catástrofes naturales) y de transición (transformación de las tecnologías y reasignación de actividades). En términos prácticos, el riesgo climático puede recogerse en las categorías tradicionales (riesgos de crédito, de mercado, de liquidez o reputacional). Y, aunque se han desarrollado mercados, el sector está expuesto porque afectan a los activos inmobiliarios (hipotecas) y a la solvencia de los deudores.

Para el gobernador es vital que los esfuerzos que han de hacerse para mitigar los riesgos estén coordinados a escala mundial, dada su dimensión global y los posibles efectos de desbordamiento (spillovers) que pueden derivarse de las interconexiones entre los sectores real y financiero.

Otro frente es el de la política monetaria. El BCE respalda las políticas económicas de la UE y, entre ellas, brilla ahora la lucha contra el cambio climático. Por eso no puede obviar los riesgos citados en la medida que afectan a la macroeconomía, la inflación o la política monetaria por la que vela. Una tarea inmediata debe ser la orientación a medio plazo del objetivo de estabilidad de precios por el efecto que puedan tener los aumentos transitorios de la inflación general por la energía. “Una presión al alza persistente sobre la inflación general, o una volatilidad sustancial de esta, como consecuencia de unas políticas climáticas sostenidas podría llevarnos a replantear la manera de formular nuestras políticas para alcanzar la estabilidad de precios a medio plazo”, sostiene.

La incertidumbre está en si el cambio climático afectará al tipo de interés natural y en qué sentido. “Por una parte, podría reducir (más) los tipos naturales a través de los efectos negativos sobre la productividad, como el impacto de unas temperaturas más elevadas sobre la oferta de trabajo y la destrucción de capital como consecuencia de catástrofes naturales. Sin embargo, la transición hacia una economía más sostenible exigirá una inversión sustancial en tecnologías verdes, que pueden impulsar los tipos reales al alza”.