El plan de recuperación prevé invertir 20.000 millones en movilidad sostenible y rehabilitación de viviendas

El mayor despliegue de inversión pública de la historia reciente de España empieza a tener números. El presidente Pedro Sánchez presentó este martes las grandes líneas de los 140.000 millones de euros entre ayudas y créditos que le tocan a España del fondo de recuperación europeo. Y garantizó que con ese dinero se hará la mayor modernización de la economía española desde la entrada del país en la UE, en 1986, que supuso una radical transformación tras 40 años de dictadura y un histórico aislacionismo y retraso. El plan incluye un despliegue inversor de 69.528 millones entre 2021 y 2023, una lluvia de fondos que se dividirá en una veintena de grupos temáticos.

”Este plan es la mayor oportunidad para España desde la entrada en la UE. Ocasiones como esta se presentan un par de veces en un siglo, y no la vamos a dejar pasar”, dijo Sánchez, en una comparecencia en La Moncloa en tono grandilocuente para dar la importancia que cree que tiene al gran proyecto de la legislatura, el que marcará su acción política.

El Gobierno anunció las principales partidas de inversiones para fomentar una economía más verde e impulsar la digitalización de empresas y administraciones. Después de que la comisión interministerial creada para este plan ultimara los detalles este martes, un próximo Consejo de Ministros todavía deberá aprobar la versión definitiva del plan inversor. Este martes Sánchez desveló algunas de sus líneas y este miércoles irá al Congreso a defender el plan. En España, a diferencia de otros países, no se someterá a votación.

Sánchez detalló las inversiones más cuantiosas previstas en el trienio 2021-2023. En total, 20 capítulos que suman 69.528 millones. La parte más cuantiosa está en la llamada Estrategia de movilidad sostenible, que reúne la inversión para fomentar la fabricación y la obtención de vehículos verdes, incluyendo puntos de recarga. Esta parte recibirá 13.200 millones.

Ese dinero forma parte de los 140.000 millones de fondos europeos que están previstos que lleguen a España en los próximos años. De ellos, unos 72.000 millones son subvenciones a fondo perdido y el resto, préstamos. Todos estos recursos llegarán a los proyectos finales a través de inversión directa del Estado, convenios con comunidades o ayuntamientos, subvenciones al sector privado, consorcios público-privados o instrumentos financieros.

El plan presentado por Sánchez incluye 110 inversiones. Tienen el objetivo de “modernizar el tejido productivo, aumentar la productividad, impulsar la capacidad de crear empleo y en particular luchar para reducir las brechas de género e impulsar una economía verde”, según dijo el presidente.

El segundo mayor capítulo del plan está dedicado a la rehabilitación de vivienda (6.820 millones en total), que se concretará con la instalación de paneles solares y la reforma integral de viviendas para hacerlas más sostenibles energéticamente y accesibles. En este apartado se incluye el plan de rehabilitación que este martes adelantó EL PAÍS, con 5.800 millones. Los otros 1.000 se destinarán a vivienda social para alquiler. La rehabilitación y la movilidad sostenible suman 20.000 millones y están ligados a la transición ecológica.

Cambio climático

En su conjunto, la eficiencia energética y el cambio climático acaparan un 39% de los fondos. El despliegue de energías renovables supondrá 3.165 millones. La preservación del litoral y de recursos hídricos, 2.091 millones. La conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad, otros 1.642 millones. El fomento del hidrógeno producido con energías renovables, 1.555 millones. Y la inversión en infraestructuras eléctricas, redes inteligentes que calculan los picos de consumo y el almacenamiento de energía como las centrales de bombeo, 1.365 millones.

Además de la parte de inversión verde, hay otra pata en la digitalización, que acapara un 29% del total. Así, a la modernización de las administraciones se destinarán 4.315 millones, un aspecto en el que se incluye la informatización de la justicia. Se prevén 2.363 millones para políticas públicas que mejoren el mercado de trabajo incluyendo la digitalización del SEPE. Y la digitalización y modernización del sistema educativo recibirá 1.648 millones.

En el ámbito privado, el plan de digitalización de las pymes, que ascenderá a 4.064 millones, abarcará un itinerario con las aplicaciones y la formación necesaria para utilizarlas. El desarrollo del 5G contará con una partida de 3.999 millones. Y habrá un plan de capacitación digital para la población por 3.593 millones.

También se dedicarán fondos a aumentar las capacidades industriales y la gestión de residuos: 3.782 millones. El turismo obtendrá 3.400 millones para inversiones que creen plataformas digitales, reconstruyan patrimonio, pongan hoteles al día o fomenten visitas a zonas despobladas. La nueva economía de cuidados de dependientes se llevará 2.492 millones. El refuerzo del sistema sanitario, otros 1.069 millones. El plan para impulsar la formación profesional absorberá 2.076 millones. Y el desarrollo del sistema nacional de ciencia e innovación, 3.380 millones.

Un gran instrumento inversor serán los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), alianzas de administración y empresas. Se identifican seis proyectos preliminares en la industria de la automoción verde, el hidrógeno de renovables, la industria aeroespacial, la agricultura sostenible, el español en la inteligencia artificial y el sistema nacional de salud.