Viviendas de alquiler

Una carta firmada por 30 eurodiputados próximos a Podemos pide a Ábalos que ponga límites a los alquileres

Los apoyos a la iniciativa, que ha partido de los sindicatos de inquilinos y cuenta con siete firmantes españoles, provienen de los grupos de La Izquierda y Verdes-Alianza Libre Europea

La sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en una imagen del pasado febrero.
La sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en una imagen del pasado febrero.YVES HERMAN / Reuters

Hasta 30 eurodiputados piden que España ponga límites a los precios del alquiler en una carta dirigida al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha sido hecha pública este miércoles. La iniciativa ha sido promovida por los sindicatos de inquilinos y ha contado con el apoyo de miembros de los grupos de La Izquierda y Verdes-Alianza Libre Europea del Parlamento Europeo que dicen ver “con preocupación” cómo está evolucionando la negociación entre los dos socios de Gobierno. Mientras Unidas Podemos apuesta por limitar los arrendamientos, el PSOE ha indicado su preferencia por regular precios mediante incentivos fiscales. La carta habla de “novedades que podrían indicar que esta medida crucial (en referencia a los topes de renta) podría ser abandonada”.

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Entre los firmantes hay siete eurodiputados españoles, dos de ellos de Izquierda Unida (Manu Pineda y Sira Rego), dos de Podemos (María Eugenia Rodríguez Palop e Idoia Villanueva), dos de ERC (Diana Riba y Jordi Solé) y uno de Catalunya en Comú (Ernest Urtasun). Con todo, la nacionalidad más representada es la francesa (10 de sus eurodiputados suscriben la misiva), mientras que hay cinco representantes de Alemania, dos portugueses y uno de Grecia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Bélgica y Países Bajos. Todos ellos forman parte de partidos del espectro de la izquierda o ecologistas.

El texto recuerda al ministro español que el Parlamento Europeo hizo el pasado enero una resolución en la que “subrayaba que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental” y pedía medidas “incluyendo una regulación de rentas clara”. En realidad, dicha declaración, que como recuerda la misiva fue apoyada por una amplísima mayoría de los representantes europeos, no hablaba específicamente de limitación de precios sino del término más difuso “regulaciones”.

Los 30 eurodiputados piden que la futura ley “contribuya a acabar con las graves violaciones del derecho a la vivienda en España, y respete completamente el espíritu de la resolución del Parlamento Europeo”. Por eso, añaden, “es primordial que España implemente medidas de control de rentas tan pronto como sea posible”.

Otras medidas

La carta aprovecha para defender el paso que dio el Parlamento catalán el pasado septiembre, al poner en marcha un sistema de control de precios en esa comunidad que está pendiente de un recurso del PP ante el Tribunal Constitucional. Dicha medida fue también ampliamente promovida por los sindicatos de inquilinos y el texto de la misiva remitida a Ábalos asegura que ha tenido “un impacto positivo en la reducción de precios de alquiler”. Si bien es cierto que en Barcelona los precios se han reducido en el último año, resulta difícil cuantificar cuánto de esa bajada corresponde al control de precios, porque la crisis de coronavirus ha hecho descender también las rentas en muchas otras ciudades españolas.

Por último, la carta pide otras medidas, adicionales al control de rentas, para “expandir el sistema de vivienda social y asequible”. Recuerda al respecto el escaso parque público de vivienda español, por lo que señala que “tomará muchas décadas” llegar a un nivel equiparable a la media de Europa (estiman que España tiene menos del 2% y Europa promedia un 15% respecto del parque total de viviendas).

Por ello, los eurodiputados piden medidas adicionales sobre los alquileres mientras se soluciona ese problema. Estas incluyen hacer los contratos indefinidos o alargar su duración, el reconocimiento legal de los sindicatos de inquilinos (actualmente, pese a que se autodenominan “sindicatos”, su figura legal no está regulada), que sean los caseros los que paguen las tarifas de la inmobiliaria por mediar en un alquiler y la recuperación de apartamentos turísticos y viviendas vacías para el arrendamiento estable. “Nos gustaría que su Gobierno aprovechara esta oportunidad histórica para reducir la brecha con el resto de la UE, implementar medidas en línea con la resolución del Parlamento Europeo y asegurar el acceso a la vivienda como un derecho humano”, concluyen.

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