La guerra de Palencia para fabricar más munición para Defensa

Una empresa de Noruega ubicada en Palencia le pide al ministerio de Defensa de España que no compre balas en Bulgaria, Brasil o Sudáfrica. La plantilla y la dirección de la entidad han reclamado apoyo al departamento que dirige Margarita Robles para incrementar su producción de cartuchería. Nammo ha recibido adjudicaciones por valor de 8,7 millones de euros de un total de 62 en liza, destinados a producir y adquirir balística. La mayor parte del monto ha recalado en el extranjero, por sus precios más competitivos, para malestar de la única fábrica de estas características en suelo español. Esta esgrime que el Tratado de la Unión Europea permite que en situaciones excepcionales, como una pandemia, los miembros asignen directamente la producción de la munición a compañías nacionales, sin el rigor económico que exigen los concursos públicos, y que España es el único país que no se ha acogido a ello.

El grupo escandinavo Nammo aterrizó en la ciudad en 2013, cuando compró la vieja Fábrica de Armas, creada en 1926 durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Ha pasado casi un siglo desde esos primeros trabajos en la factoría, que comenzó a generar armamento durante la Guerra Civil, y ahora el grupo reclama implicación. David Revilla, presidente del comité de empresa, precisa que Palencia podría producir los artículos marciales, de distintos calibres, pero la prioridad económica del ministerio impide que este trabajo se quede en casa. También critica este argumento puramente monetario tanto por las condiciones laborales de los lugares donde han recaído estos contratos, con un bajísimo precio de la mano de obra, como por el impacto indirecto que ocasionaría una firme apuesta por la fabricación española.

El debate radica sobre el estatuto comunitario. El artículo 346 establece que los estados pueden adoptar medidas necesarias para “la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material guerra”. La compañía noruega cree esta norma avala el respaldo ministerial, pero portavoces de Defensa insisten en que la aplicación del artículo solo puede hacerse “en los supuestos justificados que permiten su invocación”.

La empresa cuenta con unos 180 empleados fijos y 30 eventuales, pero si Defensa eligiera a Nammo, esta treintena de trabajadores se duplicaría durante “cuatro o seis años” para acometer el encargo. La provincia palentina, escasa de buenas noticias y de entidades potentes más allá del automovilístico Renault o las galletas de Siro, agradecería este empujón.

Según las cuentas de la empresa, decantarse por Brasil, Sudáfrica o Bulgaria conlleva un ahorro de 1,7 millones de euros, pero Revilla calcula que el impacto tributario de contratar a unas 30 personas asciende a 3,45 millones para las arcas públicas, además de la actividad que esta cuantía dejaría en la zona. Varias adjudicaciones previas finalizadas este año y recogidas en acuerdos marco fueron para Palencia, pero las nuevas atribuciones de febrero de 2021 han recaído en otros territorios pese a que, según Nammo, se cumplían los requisitos de los pliegos. “Ocho millones sobre 62 son una miseria”, añade el responsable del comité, que apunta a los acuerdos europeos. Los políticos y los encargados del ministerio con quienes han hablado, insiste, les dan la razón “y buenas palabras”, pero no actúan.

El secretario de Industria del sindicato Comisiones Obreras en Palencia, Óscar Antolín, lamenta que “solo se mire el céntimo” y se dé ese valioso trabajo a empresas extranjeras “con malas condiciones laborales”. Las nóminas que se quedan en España, recuerda, pagan impuestos y repercuten en el Estado. Además, técnicos de Defensa y de la Guardia Civil inspeccionan regularmente los cartuchos y se cercioran de su calidad, algo que Antolín sospecha más complicado a miles de kilómetros: “Detrás de esas armas hay un soldado nuestro, puede ser un peligro”.