Choque entre las plataformas de entrega a domicilio y la CEOE por el acuerdo para laboralizar a los repartidores

A la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda, que engloba a las principales plataformas de entregas a domicilio en España (Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats), no le ha gustado nada el acuerdo alcanzado el miércoles entre el Ministerio de Trabajo, CC OO, UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. Y este jueves a primera hora han criticado a la patronal por suscribirlo, acusándola de hacer “cesiones totales”. Fuentes de la organización que dirige Antonio Garamendi responden que lo pactado “es una cuestión de acatamiento de la justicia”, en referencia a una sentencia del Tribunal Supremo, y que también está relacionado con la “responsabilidad social”. “No es solo una cuestión de beneficios, sino también de cómo los obtienes”, apuntan desde la organización empresarial.

La posición de las empresas de reparto ha sido uno de los elementos que ha dilatado la llegada del acuerdo durante estos meses. Por un lado, están cuatro plataformas que defienden un modelo de trabajadores autónomos, pese a que la Inspección de Trabajo y el Tribunal Supremo ha dejado claro que los rider son asalariados. Por otro está Just Eat, partidaria de la contratación laboral de los repartidores y que hoy mismo ha reiterado su posición “celebrando el acuerdo” y añade que “cuenta con un amplio consenso entre agentes públicos y privados”.

En el otro lado está la asociación que engloba a Glovo, Deliveroo, Ubereats y Stuart: “Lamentamos profundamente la posición que la CEOE ha tenido en la mesa del diálogo social, en la que ninguna de las propuestas del sector del reparto de comida a domicilio ha sido tenido en cuenta. Las cesiones de la CEOE han sido totales”. A esta posición se ha sumado Adigital, una patronal de empresas del sector tecnológico, en la que también están estas cuatro empresas más Amazon, otra de las firmas a las que la Inspección le ha levantado actas por el uso de falsos autónomos, y Just Eat.

Desde la patronal se responde que las reuniones con ellos han sido “casi a diario”. También inciden en la organización patronal, donde se admite que el debate se prolongó hasta el comité ejecutivo de este miércoles, en que ha habido una “implicación para reglar los derechos laborales del sector” y que también para asegurar que la libertad de empresa no llega al punto de que la competencia no se dé en condiciones de igualdad, en referencia a que recurrir a trabajadores autónomos supone una rebaja de costes frente a las que no lo hacen.

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Además del choque por la laboralización de los repartidores, las plataformas también han cargado contra CEOE por aceptar la “obligación de revelar los algoritmos, una medida que sin duda afectaría muy negativamente al desarrollo de la economía digital en España, además de atentar contra los principios más básicos de la libertad de empresa y la propiedad industrial”. En este comunicado no se hace referencia a que lo acordado solo hace referencia al acceso de los comités a los aspectos laborales de los algoritmos y la inteligencia artificial no solo de las plataformas digitales, sino de todas las empresas.

Desde la CEOE se resta importancia a este punto porque señalan que, de forma indirecta, la regulación actual ya permite a los representantes de los trabajadores acceder a esta información. En su opinión, lo que se ha hecho es “hacer una actualización 4.0 del [artículo] 64 del Estatuto” y enfatizan que se trata solo de aquello que afecta a las “condiciones de trabajo”, expresión literal del texto acordado.

Las plataformas de reparto a domicilio consideran que el acuerdo puede dañar más a la hostelería y que se ponen en peligro a “un sector que aporta 700 millones al PIB”.

Según el último estudio de la consultora Afi, 30.000 repartidores y más de 64.000 restaurantes generaron en 2019 ingresos a través del canal de entregas y cinco millones de usuarios usaron las aplicaciones de comida a domicilio. Según el análisis de la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), de los 30.000 repartidores que actualmente operan a través de plataformas de entregas a domicilio en España, un 76% (23.000) perderían su fuente de ingresos a causa de la desaparición del servicio en ciudades de menos de 100.000 habitantes y la reducción de horarios en el resto de ciudades.