Calviño asegura que las comunidades dedicarán 2.000 millones a ayudas directas para pymes y autónomos

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha señalado este jueves que las comunidades autónomas han comunicado al Ministerio de Hacienda que destinarán unos 2.000 millones de euros a ayudas directas para pymes y autónomos. La cantidad corresponde al 25% los 8.000 millones que el Ejecutivo ha acordado transferirles este año, procedentes de los fondos europeos del instrumento REACT-EU, destinado a fortalecer el estado de bienestar y a reactivar la economía tras el impacto de la pandemia. “Desde el Gobierno hemos venido asegurando que las comunidades autónomas cuentan con la financiación suficiente para hacer frente a sus necesidades sanitarias y sociales, pero también para dar ayudas directas a las empresas en sus territorios”, ha afirmado.

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Calviño sale así al paso del debate sobre la necesidad de que el Estado reparta ayudas directas para salvar empresas en sectores como el turismo, la hostelería y restauración, los más golpeados. En su comparecencia, a petición propia, en la comisión mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, la vicepresidenta tercera se refirió al plan de 11.000 millones para reforzar la solvencia de autónomos y pymes dedicados a la hostelería y el turismo, anunciado este miércoles por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que el Partido Popular replicó reclamando un despliegue mucho mayor, de 50.000 millones. Calviño remarcó que todavía están analizando las medidas que van a tomar, y dijo que espera poder presentar ese paquete en marzo. Mientras tanto, Economía trabaja junto al Banco de España y al sector financiero para identificar dónde están los problemas de sobreendeudamiento para reforzar a las compañías viables.

La vicepresidenta económica delega así, por ahora, en los Ejecutivos autonómicos la entrega de ayudas directas para evitar la quiebra de los pequeños negocios. Hacienda comunicó el pasado 28 de diciembre que las comunidades recibirían 10.000 millones del programa REACT-EU, 8.000 de ellos en 2021, y los otros 2.000 millones en 2022. Ese dinero estaba previsto para financiar, sobre todo, actuaciones en el ámbito educativo, sanitario y de los servicios sociales, pero el Gobierno se mostró flexible sobre su destino, y ya entonces abrió la puerta a que se empleara en otras cuestiones que las autonomías “consideren relevantes para la reactivación económica”, como pueden ser ahora las ayudas directas, muy reclamadas por el sector hostelero.

El reparto de dichos fondos entre las comunidades se efectuó siguiendo los mismos criterios que utilizó la Unión Europea para distribuirlos entre los Veintisiete: población, PIB y tasa media de paro. Al dejar al arbitrio de las autonomías la decisión de entregar ayudas directas, cabe la posibilidad de que los autónomos y pequeñas empresas de algunas comunidades se vean más beneficiados por los fondos que los de otras. Calviño destacó el diálogo social con empresarios y sindicatos sobre el uso de los fondos europeos, como también la masiva respuesta por parte de comunidades, ayuntamientos y sector privado a la convocatoria de manifestaciones de interés para identificar iniciativas.

Para la vicepresidenta, los 140.000 millones que está previsto que reciba España del endeudamiento común hasta 2026 supondrán “un salto cualitativo comparable a los fondos estructurales de los años ochenta y noventa″. Y cifró en 500.000 millones la inversión privada que pueden movilizar y en más de 2% del PIB el crecimiento adicional que puede lograr la economía española este mismo año si se despliegan las iniciativas previstas, centradas en la transición ecológica (37% del total), la digitalización (33%) la cohesión territorial y la igualdad de género.

A falta de que todos los Estados miembro ratifiquen el fondo europeo de recuperación en sus respectivos Parlamentos nacionales, la titular de Economía insistió en que desde el 1 de enero se han empezado a desplegar proyectos apoyándose en los Presupuestos Generales del Estado y el decreto ley que agiliza los procedimientos para hacerlo, una muestra de las urgencias por poner a trabajar cuanto antes los fondos.

Calviño defendió que el Gobierno ha movilizado ya el 20% del PIB para hacer frente a la pandemia, a través de avales, ERTE y prestaciones a autónomos entre otras medidas. Sin ellas, calcula que la economía española habría caído un 25% y se habrían destruido más de tres millones de empleos.